Cómo financiará y gastará el Gobierno la ampliación presupuestaria que pidió y se debate en el Congreso

El gobierno este martes explicó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado el proyecto de ampliación del Presupuesto para este año, norma que prevé un aumento del 2020 en casi 1,9 billones de pesos y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Dipuitados.

El encargado de explicar por parte del Gobierno fue nuevamente el Secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, quien mostró a la Comisión, que preside el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos), un conjunto de filiminas en donde se explica el estado de situación de las cuentas locales y el proyecto que estipula un crecimiento de las partidas por 1.859.583 millones de pesos, un 33,6 por ciento por encima del gasto original, y la forma en la que se va a financiar buena parte de ese incremento.

Luego de la queja del senador Esteban Bullrich respecto de la ausencia del ministro Martín Guzmán, Rigo hizo referencia a la necesidad del Gobierno de contar con la aprobación de esta ampliación para “poder seguir desarrollando políticas públicas de contención económica, social y de salud en un proceso de pandemia”.

A diferencia de lo que se presentó en Diputados, el funcionario mostró un poco más de detalle de la norma que ya cuenta con media sanción y realizó un recorrido respecto de cómo se va a financiar y en qué sectores se van a gastar los recursos extras.

“De obtener la ampliación dejaría al Gobierno con un financiamiento razonable para lo que resta del año”, les dijo Rigo a los senadores luego de asegurar que el próximo 15 de septiembre el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2021 para que comience a ser estudiado por los legisladores.

Asi fue que el funcionario explicó que la Administración Gubernamental pasaría de tener el 57,7% del crédito ejecutado al 43,7%, los Servicios de Defensa y Seguridad de 55,8% a 42,2%, los Servicios Sociales de 61,6% a 44,8% y los Servicios Económicos del 60,6% al 38,8 por ciento.

El ítems servicios de la Deuda no tiene un alto nivel de ejecución porque, básicamente, la Argentina estaba renegociando durante el primer semestre con los acreedores internacionales.

A la hora de hablar de la financiación, Rigo explicó que parte será a través de los adelantes transitorios del Tesoro y de las utilidades del Banco Central de la República Argentina y que esos montos no constituyen una violación a la norma establecida respecto de los préstamos.

“El déficit a financiar es de 1.2 billones de pesos más $ 91.948 millones que son fondos destinados a créditos para las provincias. De ese número, 1.017.783 pesos provienen del Banco Central y 290.948 millones como financiamiento a través del endeudamiento del mercado local”, explicó Rigo.

El funcionario señaló en una filmina que, de aprobarse el proyecto, los recursos tributarios se incrementarían en un 16,4%. En donde los que más crece es Bienes Personales (105,6%), Tasa de Estadísticas (69,5%) y Monotributo Impositivo (32,3%).

Asimismo, el Impuesto País -tributo que se cobra por la adquisición de moneda extranjera- que en el Presupuesto inicial del 2020 estaba proyectado $ 59.220 millones la estimación de la ampliación presupuestaria lo lleva a 79.604 millones de pesos.

En su exposición el funcionario del Palacio de Haciendo también señaló cómo se gastará el 80% de la ampliación presupuestaria donde 592.256 millones de pesos serán para prestaciones de la Seguridad Social, $ 250.677 millones para subsidios económicos (energía 82% y Transporte 18%), $ 170.000 millones para IFE y ATP (53% y 47% respectivamente), $ 150.000 millones para asignaciones (familiares 59% y AUH 41%), otros 125.000 millones de pesos para gastos de capital.

En el caso de Desarrollo Social se destinarán 78.000 millones de pesos, otros $ 63.000 millones para Educación y 51710 millones de pesos para Salud.

Nuevamente la discusión por los fondos de las Universidades fue una de las preguntas de la oposición ya que el monto que se está discutiendo no contempló un ajuste por inflación de los gastos de funcionamiento de las Universidades Públicas, lo que implica un ajuste de entre el 70 y el 80 por ciento en los gastos de funcionamiento. Estos gastos llevan una inflación acumulada sin actualización desde enero de 2019.

Lo mismo sucedió con los artículos 7 y 8 que establecen una emisión de deuda en dólares que puede ser canjeable por títulos en pesos. El gobierno busca con esta medida que, emitiendo en tres tramos 1500 millones de dólares, tentar a los fondos como Pimco y Templeton a los que señala como “pocos colaborativos” y de esa manera correr los vencimientos de esos bonos para más adelante. En la oposición reclaman que la medida “tiene que tener un límite”.

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