¿Se cierra una grieta? Pese a las dudas de los productores, avanza el diseño del Plan Agroindustrial que busca dejar atrás la confrontación del campo con el gobierno

¿Acercamiento para diseñar una política agropecuaria o una puesta en escena para la foto? Dos interrogantes que surgieron a partir de la actual relación entre el gobierno y los integrantes del mundo agroindustrial, tras un arranque muy conflictivo por el aumento de las retenciones y el intento oficial de intervenir y expropiar Vicentin, que fue definido por los productores como un claro avance sobre la propiedad privada y la división de poderes, al tratarse de una empresa en convocatoria de acreedores.

En tiempos de pandemia y con la producción que no detuvo su motor, al ser declarada como esencial por la importancia que tiene en el abastecimiento de alimentos al mercado interno y externo, integrantes del gobierno, desde el presidente y ministros, han manifestado en varias oportunidades que el sector agroindustrial será vital una vez más para aportar a una economía que no encuentra rumbo, con un aumento de la inflación, la pobreza y el déficit fiscal, y una abrupta caída del PBI.

Con la firme intención de realizar un aporte para revertir la actual crisis económica, una importante cantidad de sectores de la agroindustria presentaron un Plan que pretende transformarse en un proyecto de ley a ser analizado y eventualmente aprobado este año por el Congreso de la Nación.

La idea surgió desde el flamante Consejo Agroindustrial Argentino, con la presencia de más de 40 entidades, mediante la cual se proyecta un incremento de las exportaciones por unos USD 16.000 millones hacia 2025, y generar cerca de 700 mil nuevos puestos de trabajo de manera directa e indirecta en 10 años. Para cumplir dicho objetivo, se reclama, entre otras cosas, “estabilidad fiscal” en los tres niveles del Estado (Nación, Provincias y Municipios) por un plazo de diez años , a la vez que se debe avanzar con el fomento de la inversión agroindustrial, un régimen especial de amortización acelerada, prefinanciación de exportaciones a tasas internacionales, y una “agresiva” agenda para posibilitar el acceso a mercados a través de negociaciones internacionales.

Una iniciativa que ya cuenta con un amplio apoyo, entre ellos del presidente Alberto Fernández, la Vicepresidenta Cristina Fernández, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Pero además, hay gobernadores que ya manifestaron su adhesión, como así también los integrantes del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

Tras haber recibido el martes pasado a los representantes del Consejo en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció que designará un equipo inter ministerial, desde donde se redactará el proyecto de Ley que contemplará la propuesta privada. “Estamos frente a una gran oportunidad. En toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”, dijo varias veces durante la reunión el presidente de la Nación.

“Estoy gratamente sorprendido por el apoyo que está recibiendo nuestra propuesta. Ahora deberemos trabajar en la redacción del proyecto de Ley. Considero que vamos por el buen camino, pero todavía hay mucho por hacer. Hay voluntad de todas las partes de avanzar, y en el marco de un diálogo respetuoso y en la búsqueda de los consensos”, señaló José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en diálogo con Infobae.

Por su parte, el Canciller Felipe Solá, aseguró en las últimas horas en declaraciones radiales: “El plan es consistente. Hicimos una mesa que en pocos días alumbrará una síntesis del tema y sabremos si se puede hacer un proyecto de ley de estabilidad fiscal, como piden. Este es un armado en la búsqueda de dos cosas que necesitamos: fuentes de trabajo rápidas, sobre todo en el Interior; y aumentar nuestras exportaciones”.

Dudas en la producción

Pero en los sectores de la producción hay dudas, por las medidas que se implementarán a través del Plan, y por las reuniones de los últimos días con Alberto Fernández y Cristina kirchner. El recuerdo del daño que provocó la política agropecuaria del kirchnerismo sigue estando muy latente en el interior productivo. La desconfianza es muy grande.

La confrontación entre el campo y el kirchnerismo ya lleva más de 10 años. Todo comenzó en 2006 cuando el ex presidente Néstor Kirchner decidió cerrar las exportaciones de carne vacuna, afectando a toda la cadena de ganados y carnes. Y luego fue el conflicto por la Resolución 125.

Los dirigentes que conforman el Consejo Agroindustrial Argentino tienen la intención de dar una vuelta de página. Por su parte, el Gobierno habilitó una instancia de diálogo. “Ojalá que todo contribuya para dejar atrás el desencuentro permanente y se pueda diseñar una verdadera política agroindustrial”, agregó el presidente de la Bolsa de Cereales porteña.

“Hay que dejar trabajar al productor agropecuario. El gobierno debería bajar las retenciones y carga tributaria, recortar el gasto público, y generar empleo. Estamos cansados de ser los que ponemos el lomo para el bienestar de otros. Los productores tenemos que unirnos y ponernos de pie, para exigir que nos respeten como tiene que ser”, sostuvo Román Gutiérrez, productor autoconvocado de la provincia de Buenos Aires.

El propio presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, quien estuvo el pasado 9 de julio en la quinta de Olivos con Alberto Fernández participando del acto por el Día de la Independencia, planteó sus dudas sobre el nuevo Consejo: “Hemos tenido muchos de estos intentos, esperemos no sea más de lo mismo. El Gobierno tiene que entender que el campo es el motor posible de la recuperación de un momento muy crítico en que está la economía y en el que va a estar, especialmente a la salida de la pandemia. Será una nueva oportunidad de que se apliquen políticas correctas”.

La SRA que decidió no participar del Consejo Agroindustrial explicó sus motivos días atrás mediante una carta interna que llegó a los socios de la entidad: “No integramos el mismo, porque no hemos participado en la elaboración del plan que se promueve. Tenemos dudas de que, bajo el genérico ‘agregado de valor’, se escondan propuestas de medidas que puedan resultar perjudiciales para la producción primaria, y tengan el efecto contrario al de promover las exportaciones, que es materia fundamental de nuestra propuesta”.

Uno de los integrantes del Consejo que despejó las dudas sobre los efectos que tendrá en la producción primaria el alcance del Plan que se está debatiendo con todos los sectores, fue Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera: “Lo que buscamos es que el productor gane mucha más plata. Si a ese productor no le podemos generar una mayor previsibilidad para que pueda aumentar sus niveles de producción, nosotros no tenemos razón de ser. Además, si ese productor no entiende que tener más industria es mejorar las condiciones de rentabilidad a su producción, tampoco somos una cadena de valor, y tampoco tenemos futuro”, aseguró en diálogo con el portal Bichos de Campo.

La desconfianza es muy grande entre los productores, porque aseguran que en el Consejo Agroindustrial hay sectores que mostraron cercanía con el kirchnerismo, en los años que gobernó el país. Al respecto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló: “Para poder confiar necesitamos hechos. Obviamente que las palabras son muy lindas, las promesas y las expectativas son maravillosas. Lamentablemente, y tampoco quiero que nadie se ofenda, la historia siempre ha marcado que el sector agropecuario terminó subsidiando a otros sectores de la cadena. Lo que no queremos es que la historia se vuelva a repetir. Ojalá todo esto sea un cambio, donde todo el mundo pueda gozar de los beneficios”.

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