Bono Anses: El gobierno estudia transformar el “Ingreso Familiar de Emergencia” en un nuevo “Programa de Empleo”

Mientras transfiere los aproximadamente $ 80.000 millones al sistema bancario que demandará el pago de la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el principal programa del gobierno para atenuar los efectos de la crisis económica a raíz del coronavirus en los segmentos más pobres de la Argentina, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) encabeza, dentro del Gabinete socio-económico, un grupo de Trabajo para transformar el subsidio, que alcanza a poco menos de 9 millones de familias argentinas, en un nuevo “Programa de Empleo”.

Presentado en marzo por los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y dirigido a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas de las categorías A y B y monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, desempleadas y empleados informales de entre 18 y 65 años, el cálculo inicial fue que el IFE alcanzaría a unas 3 millones de personas-familias, pero finalmente la cifra de beneficiarios se triplicó.

Recientemente, la Anses publicó en su página en Internet un perfil de ese universo, precisando que 5,6 millones (61,7% del total) “son trabajadoras/es informales o están desocupadas/os”, 2,4 millones perciben la AUH o la AUE, unos 700.000 (7,8%) son monotributistas de las categorías A, B o del monotributo social, cerca de 180.000 (2,1%) son trabajadoras/es de casas particulares y por último 120.000 son titulares del programa Progresar, un subsidio escolar para “garantizar el derecho a la educación” de “grupos vulnerables” (hogares monoparentales, comunidades indígenas, personas con discapacidad, transexuales, entre otros).

Ese estudio sería la base para pasar de “subsidio” a “plan”, entre otras cosas porque también incluye precisiones sobre la distribución geográfica de los beneficiarios y su incidencia social. “Si bien el IFE llega, en promedio, a un 19,5% de la población total del país, al analizar su alcance en las distintas provincias se observa una marcada focalización en aquellas que presentan los indicadores sociales con mayor situación de vulnerabilidad”, dice un pasaje.

El texto también desagrega la cantidad de beneficios pagados en relación a la población de cada provincia: las del Noreste (23,1 a 28,9%) y Noroeste (22,1 a 28,6%) son las que proporcionalmente más beneficios recibieron, lo que –dice- “refleja la desigualdad regional al interior del país”. Los lugares de menor incidencia son la Patagonia (12,5 a 16,8%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11,9%)

El trabajo también destaca la relación de los IFE pagados con la Población Económicamente Activa (PEA) de cada provincia: en las del Noreste es de 55,3 a 80,1%, en el Noroeste 52,9 a 71% y, de vuelta, por debajo están las provincias patagónicas (29,6 a 42,2% y CABA (23,2%)

Sobre la inserción laboral “en relación de dependencia” de perceptoras y perceptores del bono mensual, la Anses precisa que entre febrero de 2019 y enero de 2020 “solo 826.195 personas (9,3%) tuvieron trabajo registrado al menos un mes y percibieron, en promedio, una remuneración de 13.046 pesos durante cuatro meses”.

Ensayo postergado en Salta

Un atisbo de lo que podría ser este programa se vio cuando en Salta, antes de que se confirmara que el tercer del IFE abarcaría a los beneficiarios de la primera y segunda cuotas, se barajaba la posibilidad de limitar el beneficio a los distritos aún en “fase crítica”, esto es con mayor circulación viral y donde la cuarentena y las dificultades para trabajar fueran más severas. Entonces se anunció que en esa provincia, donde se habían pagado 344.000 IFEs, el beneficio llegaría a través del programa “Potenciar Trabajo”, del Ministerio de Desarrollo Social e incluiría contraprestaciones laborales.

Finalmente, dada la profundidad de la crisis y la demanda de los gobernadores, preocupados porque el retiro de esa masa de fondos hundiera las economías locales, el gobierno decidió que el IFE 3 seguiría abarcando toda la geografía del país.

¿Desarrollo Social o Sistema Previsional?

Que la Anses encabece el grupo de trabajo para transformar el subsidio en un nuevo Programa es, en algún modo, un nuevo avance sobre el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, y un cuestionamiento a su eficacia en el diseño e instrumentación de los programas de su área. El “Potenciar Trabajo” se había lanzado en marzo, pero quedó suspendido por la pandemia y fue relanzado en junio.

A fines de julio, Arroyo señaló que con plan se aspiraba a crear “unos 500.000 puestos de trabajo” a partir de la distribución, por parte del gobierno nacional, de $ 20.000 millones entre provincias y municipios, que serían quienes asignen los fondos, a destinar la compra de herramientas y maquinaria para trabajadores informales. La cartera de Arroyo ya había creado el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular” (Renatep), de modo que los inscriptos puedan facturar la venta de los bienes que producen o los servicios que prestan, estando exentos de impuestos durante los primeros dos años. Además, Arroyo precisó que ya se habían inscripto 100.000 “trabajadores sociales”.

Arroyo dijo también entonces que la salida de la crisis para los sectores más pobres de la sociedad se basaría en “Potenciar Trabajo”, la instrumentación de un “ingreso de base” (que por cuestiones fiscales parece ser un proyecto que el gobierno decidió postergar para más adelante) y la urbanización de unos 4.000 “barrios populares” donde habitan “unas 4 millones de personas hacinadas”.

La transformación del IFE en un “Programa de Empleo” podría terminar haciéndose cargo de esos objetivos y supondría la consolidación -gracias a su capilaridad, sus centenares Unidades de Atención Integral (UDAIs), sus más de 60 Unidades Locales de Atención Transitoria (ULATs) en organismos públicos y sindicatos y sus Móviles de atención en barrios- de la Anses, a cargo de Fernanda Raverta, como principal ariete de la política social del gobierno.

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