El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se sentará estar tarde frente a su computadora para una reunión virtual con las principales empresas de extracción de gas del país. En ese encuentro explicará cómo será el Plan Gas en su cuarta versión que deberá a empezar a aplicarse prontamente si el Gobierno no quiere sufrir desabastecimiento el invierno que viene.
Alrededor de 50 ejecutivos, entre los que se encuentran las empresas productoras más importantes como PAE, YPF, Tecpetrol, Wintershal, Total Austral y Vista Oil and Gas, escucharán la propuesta de la Casa Rosada para incentivar la vuelta a la extracción del fluído.
El Plan Gas que está delineando la Secretaría de Energía generaría, al igual que lo hizo para la producción de petróleo, un valor sostén para la generación de gas que serviría para que buena parte de los equipos que hoy se encuentran a la espera de la reanudación.
Tanto las provincias productoras como las empresas esperan un formato en donde haya un precio estímulo -el Gobierno se encarga de pagar el millón de BTU a ese valor mientras no autorice aumentos de tarifas- que les permita producir, planificar y exportar. El precio que estaría en el decreto es el mismo que se está convalidando en las licitaciones de compra de gas a cuatro años que es de USD 3,50 por millón de BTU.
Fuentes de una de las empresas que participará del encuentro explicaron a Infobae que la decisión del Gobierno tiene que ver con un estímulo a la producción pero que también está atado a la decisión de tener un precio diferencial es un subsidio al usuario porque esto se hace para que la incidencia del precio del gas en la tarifa no suba.
En la tarifa domiciliaria del gas el 40% del valor total corresponde al precio del fluido, con este acuerdo este valor en la boleta queda congelado y el diferencial entre costo real de lo que se pasa a tarifa lo paga el Estado.
Aunque ya esta acordado buena parte del Plan, en las empresas aún persiste el malestar por la decisión de desconocer el pago de una deuda de más de USD 400 millones que el Estado había reconocido como parte de una medida de la administración de Mauricio Macri de compensar a las distribuidoras por las pérdidas ocasionadas por la fuerte devaluación de dólar de 2016 y que se había empezado a pagar con esta administración.
El decreto por el cual se desconoce el pago fue aprobado en el Senado y aún no fue discutido en las comisiones de Diputados.
A pesar que son dos temas diferentes, ya que uno es hacia adelante y otro es una deuda, en las empresas persiste el malestar ya que para las empresas que discuten el precio estímulo, la decisión de los senadores generó un problema ya que entienden que eso estaría atado a un plan del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, que consistiría –según publicó el sitio especializado Econojournal– en bajar las tarifas residenciales durante julio, agosto y septiembre e incrementar los subsidios hasta $10.000 millones. Para los privados, esa propuesta se financiaría con lo que el Gobierno dejará de pagarles si logra derogar el DNU.
“Cuando nosotros adherimos a este decreto renunciamos a los derechos a los reclamos judiciales sobre una deuda de poco más de 25.000 millones de pesos que el Estado reconoció y empezó a pagar, por lo que ahora las compañías recuperarán el derecho de litigar contra el Estado. Además, si no me pagan la deuda anterior, ¿cuál es el incentivo de participar de un plan de estímulo como el Plan Gas? Es un condicionante muy grande”, explicó a Infobae una fuente del sector privado.
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