El Gobierno obtuvo media sanción de Diputados a la ampliación presupuestaria por la pandemia

La Cámara de Diputados de la Nación realizó una sesión especial mixta en la que el oficialismo obtuvo media sanción para el proyecto de ampliación del Presupuesto vigente y logró la aprobación de la iniciativa para renegociar títulos de deuda emitidos bajo legislación local que ya tenía media sanción del Senado.

Con 186 diputados presentes en la modalidad remota y presencial, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, declaró abierta la sesión y, luego de la exposición del diputado Carlos Heller en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que explicó el proyecto de ampliación del Presupuesto 2020 por 1.8 billones de pesos.

La sorpresa vino de la mano del bloque de Juntos por el Cambio, que anoche resolvió acompañar en general la ampliación y no hacerlo en algunos artículos en particular. Hasta ayer en el oficialismo entendían que el interbloque que conforma el Pro, la UCR y la Coalición Cívica se iba a abstener y que iba a contar con el apoyo de los bloques provinciales y del Peronismo Federal para poder aprobar la ampliación presupuestaria.

El Gobierno fue cediendo en algunos puntos para lograr el apoyo, en especial, de los diputados provinciales de las diferentes fuerzas del peronismo. Así fue que primero creó un fondo de compensación para el transporte de pasajeros por $9.500 millones que en las últimas 24 horas pasó a ser de $10.500 millones. Y, además, eliminó el artículo que modificaba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la leche.

Donde no hubo acuerdo y el oficialismo no modificó su postura fue en dos artículos en particular, el 7 y el 8, por el cual se permite al Ejecutivo emitir deuda en dólares bajo ley local por $1.500 millones para ser subastada y que sea canjeable por títulos en pesos.

Desde la oposición, y así lo hicieron saber el diputado Luciano Laspina del interbloque de Juntos por el Cambio, como Jorge Sarghini del Peronismo Federal, quienes cada uno en su momento señalaron que iban a apoya en general pero no esos dos artículos por considerar que se les están dando privilegios a un sectores del grupo de acreedores.

“Vamos a acompañar la ampliación en general y queremos reconocer que no se hizo por decreto sino que se envió el proyecto al Congreso”, reconoció Laspina. “Pero no podemos acompañar los artículos 7 y 8 porque tenemos que ser responsable porque propone la abolición del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones”.

Luego de asegurar que esta norma “generará un beneficio para que los fondos Pimpco y Templeton que quedaron atrapados en el carry trade se puedan ir”, Laspina recordó que cuando eran Gobierno quisieron hacer algo similar y “nos encontramos con la oposición de Marco Lavagna y Diego Bossio, y recuerdo que el principal asesor de Bossio era el ahora ministro Martin Guzmán quien le recomendaba bajo ningún concepto ceder”.

Por su parte, Jorge Sarghini de Consenso Federal, quien ya había adelantado en Comisión que no apoyaba estos artículos, señaló que no podían acompañar los artículos de emisión de deuda porque “dolariza a los que están en pesos, los que ya están en pesos están en pesos. no pongamos adentro los que están afuera. Y no sólo que permite dolarizar sino que también genera privilegios para unos tenedores en pesos sobre otros”.

Según el cronograma que había presentado el Ministerio, la semana que viene, 8 de agosto se realizará la primera licitación por USD 500 millones, la segunda también por USD 500 millones el 25 de septiembre y la tercera por la misma cantidad el 27 de noviembre. Cuando se lanzó este esquema, el pasado 16 de junio, el Ministerio de Economía señaló que se llevaba adelante estas tres subastas porque “es necesario recuperar la soberanía monetaria, construir una curva de rendimientos en pesos que brinde opciones de ahorro y permita el financiamiento para el sector público y privado, asegurando de este modo la estabilidad de mediano y largo plazo”.

Un trabajo de la Oficina de Presupuestos del Congreso de la Nación señala que el Proyecto de Ley de Modificación Presupuestaria de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020 prevé una ampliación de gastos de $1.859.583 millones y una suba de recursos de $642.845 millones, fundamentalmente por la prórroga del presupuesto 2019 y por las mayores erogaciones generadas por la crisis sanitaria y el deterioro de la situación macroeconómica.

Esa dinámica profundiza el déficit financiero en $1.216.738 millones, que será financiado básicamente con remisiones de utilidades del Banco Central y deuda interna y de organismos multilaterales.

Para todo el año la iniciativa implica un resultado financiero negativo de $3.020.338 millones y un déficit primario de $2.233.077 millones.

Deuda local

El segundo tema que se trató fue el del proyecto de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación argentina. Con media sanción de la Cámara de Senadores el proyecto buscaba darle un trato de igualdad a los tenedores de bonos locales en relación a los acreedores externos.

Según el proyecto que llegó del Senado el proyecto que se aprobó establece que los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.

El jueves 16 de julio el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para la reestructuración de los títulos denominados en dólares emitidos bajo legislación argentina. Según un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la oferta de canje alcanza a un conjunto de títulos cuyo monto en circulación totaliza USD 41.717 millones (de los cuales 35% está en manos de tenedores privados). Los bonos elegibles representan 12,9% de la deuda total y a 12,5% del PBI.

Bajo el supuesto de que se canjean todos los títulos elegibles, los nuevos bonos generarían pagos de amortizaciones e intereses acumulados por aproximadamente USD2.200 millones en el período 2020-2024 y USD32.500 millones en 2020-2030. Comparando con el perfil de vencimientos actual, implica una reducción de los servicios de deuda cercana a USD30.400 millones y USD19.600 millones, respectivamente.

La moratoria

Mientras en Diputados se discutía deuda y presupuesto, la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont participó de la Comisión Presupuesto y Hacienda del Senado que discutió la moratoria.

“La ampliación de la moratoria es una herramienta fundamental para iniciar el proceso de recuperación en la post pandemia”, afirmó Marcó del Pont al exponer ante los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. “Esta es una de las medidas que le va a permitir a todo el entramado productivo volver a crecer . Proponemos una herramienta de carácter federal que ofrece oxígeno y universaliza beneficios para iniciar el proceso de recuperación post pandemia”, indicó la funcionaria al abordar el proyecto de ampliación de la moratoria que ya recibió la media sanción de la Cámara de Diputados.

“Hoy es un día muy importante. Argentina dio un paso significativo en el proceso de renegociación de la deuda en el marco de una de las crisis internacionales más profundas de la historia”, destacó Marcó del Pont al remarcar que “el Estado argentino asume con los contribuyentes una posición similar a la que le solicita a sus acreedores externos: tiempo para ordenarse y volver a crecer. Todos los esfuerzos están puestos en garantizar el empleo y sostener los ingresos”.

El proyecto de ley habilita la adhesión a la moratoria a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados y permite aliviar la carga de las deudas acumuladas durante la pandemia del Covid-19 por las familias, comercios, pymes y grandes empresas. “Las deuda exigible de todos los contribuyentes a fines de julio alcanzó los $540 mil millones”, indicó Marcó del Pont.

“La mejor garantía para que el fisco recupere parte de las deudas acumuladas es que los contribuyentes puedan continuar con su actividad económica y generar capacidad de repago”, indicó la titular de la AFIP al destacar la importancia de la preservación de los puestos de trabajo. “La experiencia indica que la tasa de recupero de las acreencias del Estado con empresas liquidadas es del 3%. En cambio, cuando existen facilidades el recupero asciende al 63% del total de la deuda”, sostuvo la funcionaria al destacar la relevancia de habilitar la posibilidad de que más de 4600 empresas quebradas accedan a la moratoria.

La administradora federal destacó las modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo consensuadas en la discusión parlamentaria. Entre los principales cambios introducidos en la media sanción se destaca la extensión hasta el 31 de julio de 2020 en las deudas vencidas que pueden incluirse. Marcó del Pont también remarcó la inclusión de un beneficio para los contribuyentes cumplidores y el establecimiento de condiciones de acceso para las grandes empresas.

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