Deuda: mientras el Gobierno decide su estrategia, la provincia de Buenos Aires extendió el canje con los bonistas hasta el 14 de agosto

El gobernador Axel Kicillof asegura que continuará manteniendo conversaciones con los acreedores en búsqueda de una solución

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El gobernador bonaerense extendió las negociaciones con los bonistas
El gobernador bonaerense extendió las negociaciones con los bonistas

La Provincia de Buenos Aires decidió extender el plazo de vencimiento de la oferta de bonos emitidos bajo legislación extranjera hasta el 14 de agosto. El objetivo es continuar el diálogo con los acreedores para lograr un acuerdo para reestructurar USD 7.148 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera.

Fuentes oficiales indicaron que “en este periodo continuaremos manteniendo conversaciones con los acreedores, a quienes les reiteramos el compromiso con las deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resulten sostenibles en el tiempo”.

La decisión bonaerense se produce en momentos en que la Nación debe decidir hoy si extiende o no el plazo de su oferta, que vence este martes 4 de agosto. En las últimas horas hubo versiones encontradas, ya que mientras en el Ministerio de Economía tenían definido hasta el viernes de la semana pasada prorrogar el canje hasta el 28, durante el fin de semana también trascendió que el Gobierno lo daría por cerrado y avanzaría las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se trata de la quinta prórroga que realiza el gobierno provincial del canje ofertado el 23 de abril, en el marco de un proceso acordado con el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán. Es por eso que esta decisión podría leerse como un anticipo de lo que hará la Nación en las próximas horas.

Desde el gobierno provincial aseguraron que seguirán en conversaciones con los acreedores, a quienes les reiteraron “el compromiso con las deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resulten sostenibles en el tiempo”. “Extendimos el plazo porque la Provincia necesita más tiempo para seguir conversando con los acreedores y lograr un acuerdo que nos permita tener una deuda sostenible en un contexto de emergencia social, económica y sanitaria”, aclararon a Infobae fuentes bonaerenses.

Desde el entorno de Kicillof aseguraron que necesitan más tiempo para reestructurar la deuda de forma sostenible
Desde el entorno de Kicillof aseguraron que necesitan más tiempo para reestructurar la deuda de forma sostenible

La propuesta original presentada por el gobierno bonaerense incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos. Kicillof busca reestructurar 10 bonos y entregar a cambios otros 6 con vencimientos hasta 2040. El objetivo es lograr un ahorro de USD 5.000 millones en los próximos cuatro años.

A diferencia de la propuesta nacional, que tuvo varias mejoras desde la primera lanzada en abril, la estrategia bonaerense se mantuvo bajo estricta confidencialidad y oficialmente sólo se conoció la que lanzaron el 23 de abril. De todos modos, a comienzos de junio había trascendido desde La Plata la posibilidad de mejorar la oferta, aunque sin afectar la sostenibilidad buscada.

En el caso de Nación, la decisión será tomada esta tarde por el presidente Alberto Fernández, que manifestó en reiteradas oportunidades que la oferta vigente era la última y que no daría ni una concesión más. Los tres grupos de acreedores -Ad Hoc, Exchange Bondholders y Comité de Acreedores- exigen cambios legales y algunos puntos más de valor económico de la oferta para aceptar la operación y desde el Gobierno se vienen resistiendo.

Respecto de las modificaciones legales, Guzmán remarcó que si la comunidad internacional hace cambios al lenguaje consensuado en 2014, la Argentina los adoptará, pero dijo claramente que no depende ni de la Argentina ni de los acreedores. La decisión es política, a pesar de los costos que implicaría en términos económicos que la Argentina permanezca en default y postergue el arreglo de su deuda con los privados.

Aunque desde un principio el Gobierno priorizó la solución de esta deuda con los privados, que asciende a USD 64.800 millones, hoy podría decidir avanzar por el camino inverso: recurrir al FMI. Según fuentes oficiales, ello implicará a futuro una oferta mucho menos onerosa para los acreedores.

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