Tras la marcha atrás del Gobierno con Vicentin, el futuro de la empresa se definirá en la convocatoria de acreedores

El 8 de junio, en horas de la tarde, el presidente Alberto Fernández encabezó una conferencia de prensa en Casa Rosada donde anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual intervenía la empresa Vicentin por 60 días. Y por otro lado, comunicó el envío al Congreso de un proyecto para expropiar la agroexportadora, que se presentó en febrero pasado en convocatoria de acreedores, por una deuda con bancos, productores y otros actores del comercio de granos, que supera los 1.000 millones de dólares.

Ayer, luego de idas y venidas y, sobre todo de un amplio rechazo a la idea de intromisión en la propiedad privada, el propio Fernández dio marcha atrás y con otro DNU puso fin a la idea de la intervención y expropiación de la empresa. “He instruido a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, dijo el mandatario en Twitter.

“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, detallo Fernández.

La causa por la Convocatoria de Acreedores de la empresa se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini. En ese ámbito se deberá determinar cómo llegó a esta situación financiera tan complicada y cuál será el plan para cancelar la deuda con los acreedores, muchos de ellos que son pequeños y medianos productores que necesitan que Vicentin cancele la misma para poder continuar en la actividad.

Mientras, desde la compañía aseguraron que la intervención y expropiación por parte del gobierno era “injusta, arbitraria e ilegal”, productores agropecuarios de diferentes puntos del país repudiaron enérgicamente “el avasallamiento sobre la propiedad privada, la división de poderes y las libertades individuales”, y llevaron adelante una multitudinaria movilización nacional, el 20 de junio pasado, con epicentro en la localidad santafesina de Avellaneda, donde está instalada Vicentin desde hace 90 años.

Desde que se conoció la decisión presidencial fue amplio el rechazo a las medidas anunciadas. La mayoría de los productores agropecuarios de la Argentina expresaron su malestar. Así lo reflejó una encuesta realizada por la consultora Synopsis para Infobae, entre más de 600 productores agropecuarios de todo el país. A la hora de evaluar la decisión del Gobierno de intervenir y expropiar una de las principales empresas exportadoras de granos del país, el 84,2% la consideró como negativa: un 75,2% de los consultados consideró la decisión como “muy mala” y un 9,0% adicional la consideró como mala. Solo el 9,2% de los consultados evaluó la decisión como positiva.

Las críticas a Alberto Fernández también llegaron desde amplios sectores de la sociedad y la oposición, como fue el caso del ex candidato a presidente de la Nación, Roberto Lavagna, y una denuncia penal por parte de Juntos por el Cambio por abuso de poder. Y sin hacer declaraciones públicas, hasta en la misma coalición de gobierno había integrantes de la misma que no estaban de acuerdo con el proceder del titular del Ejecutivo Nacional.

A partir de todo esto, el presidente Alberto Fernández realizó una suerte de autocrítica por la decisión. En declaraciones radiales, dijo: “No soy un loco suelto que anda con una chequera de expropiaciones. Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”. La expropiación pasaba a ser parte de la historia.

La estrategia a seguir por parte del Gobierno, a partir de ese momento, fue avanzar sobre la empresa a través de la investigación que lleva adelante la Justicia, con la causa que investiga el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación Argentina durante la gestión de Mauricio Macri, y el pedido que presentó el gobierno de Santa Fe ante los tribunales de Reconquista de una intervención judicial de Vicentin.

Antes de emitir un fallo sobre el reclamo de la administración de Omar Perotti, el juez Lorenzini decidió abrir una instancia de conciliación con los directivos de Vicentin. En ese ámbito se realizaron dos reuniones. En una de ellas, se avanzó con la idea de armar un fideicomiso de la empresa, que podría estar integrado por los actuales accionistas, acreedores e inversores que podrían aportar capital inmediato. Además, los acreedores podrían convertir sus deudas en una participación en la nueva empresa.

Ya en el segundo encuentro, que se realizó el pasado jueves, surgieron las diferencias. Frente al pedido que realizó la provincia de que el directorio de la empresa –los herederos de los fundadores, básicamente– debía renunciar y ante la negativa de los integrantes del mismo de acceder al mismo y negarse a traspasar las acciones para que sean administradas por el fideicomiso, el Secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, anunció que la provincia se retira del ámbito de diálogo y aguardarán la resolución de la justicia sobre el reclamo de la intervención judicial de la agroexportadora.

El futuro

Tras los mensajes del Presidente publicados en su cuenta de Twitter, señalaron a Infobae desde la compañía: “Celebramos que se cierre este capítulo que no iniciamos nosotros, que nunca debería haber comenzado y que sólo trajo incertidumbre y confusión. Queremos encontrar una solución dentro del concurso, como corresponde. Todo lo demás fue innecesario”.

Los directivos de Vicentin mostraron una vez más la voluntad de trabajar en el marco del concurso de acreedores que se tramita en los Tribunales de Reconquista, para encontrar una salida a la crisis y hacer frente a la deuda.

Fuentes cercanas a funcionarios provinciales aseguraron que ahora aguardan que Lorenzini dictamine sobre el pedido que realizó la administración de Omar Perotti sobre una intervención judicial a la empresa.

Ayer al mediodía y mediante un comunicado, la empresa advirtió que la idea de que los accionistas se desprendan de las acciones para la constitución del fideicomiso “equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales sean fructíferas”.

Y volverán a insistir con el armado del fideicomiso. “En las conversaciones mantenidas con representantes oficiales de la Provincia de Santa Fe, hay muchas más coincidencias que discrepancias. Sí debe hablarse de criterios contrapuestos a propósito de cómo implementar los instrumentos jurídicos enderezados a materializar esas coincidencias”, dijeron desde el directorio de Vicentin.

Además, y teniendo en cuenta el anuncio de ayer de Fernández, la empresa instalada en Avellaneda, refuerza la estrategia de la conformación del fideicomiso como una salida consensuada a la crisis, ya que consideran que el mismo brinda “certeza y garantía del compromiso de los accionistas para cualquier propuesta concursal que, en primer lugar, contemplase la capitalización de créditos y consecuente licuación de la participación de los actuales dueños. Es la manifestación inequívoca de que los accionistas de Vicentin negociarán de buena fe y constructivamente una solución integral que lleve a la recuperación industrial y comercial de la empresa”, enfatizó el Directorio de la empresa.

Un aspecto fundamental a resolver en la instancia concursan en los tribunales de Reconquista es que los productores vuelva a confiar en la empresa, ya que el negocio de Vicentin funciona porque hay más de un centenar de productores que entregan su materia prima para que sea procesada y luego exportada.

La desconfianza de esos productores sobre el funcionamiento del futuro Vicentin es muy grande. Muchos esperan que se presente un plan sobre cómo se mejorarán las condiciones para que la empresa se reactive. Sin un real andamiaje para rescatar la compañía y, por lo tanto, sin soja, Vicentin podría quedar reducida a un conjunto de silos y “fierros” improductivos.

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