Jubilaciones en crisis: los 5 factores que explican los perjuicios para quienes aportaron más de 30 años

En momentos en que la Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a debatir la ampliación del Presupuesto 2020, y dio lugar a la preocupación de muchos legisladores sobre la discusión pendiente sobre el sistema previsional, tanto en lo que respecta al sistema de movilidad y ajuste trimestral o semestral de los haberes de los jubilados y pensionados, como la relación entre la Nación y las 10 provincias que no han transferido sus cajas, pero requiere de la asistencia de la Administración Central, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó en profundidad el Sistema Previsional Argentino.

En un minucioso trabajo, los economistas y analistas del organismo que dirige Marcos Makón detectó: “Existe una gran cantidad de regímenes previsionales que se derivan de la actividad laboral y el ámbito de desarrollo de ésta, los cuales pueden ser agrupados según aspectos comunes, como la modalidad de financiación (contributivo o no contributivo), su carácter institucional de administración (Anses, cajas específicas nacionales, cajas complementarios) o su regulación específica (leyes, decretos o resoluciones)”. Suman en total 6,6 millones de personas beneficiarias, y 9,8 millones de aportantes.

De ahí surge el primer factor de crisis recurrente del sistema, porque la relación de apenas 1,5 aportantes por beneficiario, con un ingreso medio de la población trabajadora registrada inferior a $50.000 al cierre del primer trimestre, pre cuarentena, un poco más alta para los asalariados y menor para el conjunto de los monotributistas, autónomos y empleados en casas particulares, que ingresan al sistema un 27% de su ingreso, determina un haber medio posible de unos $20.000, equivalente a 40% de la remuneración promedio.

Ese valor no sólo está lejos de la ambición política de garantizar el 82% promedio móvil, como incluso está regulado en diversos regímenes previsionales, que es la proporción del ingreso de bolsillo de los trabajadores que no tributan Ganancias, sino que además se ubica muy cerca del valor de la canasta básica de pobreza, que el Indec estimó para el adulto a esa fecha en $13.590, y por tanto sólo permite acceder al gasto de alimentos y servicios esenciales, pero no cubrir otros gastos que se han tornado esenciales, como el mantenimiento del hogar; compra de ropa, medicamentos, esparcimiento y comunicaciones, entre muchos otros.

El universo poblacional dentro de cada régimen se divide en activos (aportantes) y pasivos (beneficiarios).

Entre los primeros la OPC enumera los diferentes regímenes de previsión social vigentes en el país, diferenciando aquellos de carácter contributivo administrados por Anses, objeto del estudio, de otros regímenes existentes que completan la cobertura jubilatoria o de retiro para el total de la población, los cuales en conjunto suman los citados 9,8 millones de aportantes.

Destaca el trabajo de marras: “En la Argentina, la población mayor de 18 años a marzo de 2020 se estima en 32.125.150 personas, por lo que los aportantes a los regímenes administrados por Anses representaron 30,5% de ese universo. Por otra parte, el total de trabajadores registrados fue de 12.089.4246, siendo los aportantes 81% de esa cantidad”.

Esta última brecha se explica porque casi 1 de cada 5 trabajadores tiene pluriempleo y el sistema lo individualiza por número de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL), o Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT); y además porque, destaca la OPC: “Si bien la edad mínima legal para la celebración de contratos de trabajo es de 16 años (Ley 26.390), es a partir de los 18 años que se comienzan a realizar aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

El segundo factor de desequilibrio lo constituye que el total de aportantes representa menos de la mitad del total de la oferta nacional de trabajadores estimada en 21,3 millones, porque 7,3 millones se desempeñan en la informalidad y otros 2 millones forman parte de la legión de desocupados, los cuales, al final de la vida activa reclaman una jubilación o pensión, y dan lugar a repetidas moratorias que aplanan la pirámide de ingreso promedio; y dan lugar al tercer factor de fragilidad del sistema, porque esa característica, se ha tornado estructural, deriva en un persistente deterioro de las finanzas públicas, para sostener a cada vez más jubilados y pensionados.

A nivel global, la relación aportantes por beneficiarios es de 1,43, el cual se reduce a 1,38 en la franja de los asalariados en sus tres desagregados: ordinario, diferenciales por sistemas específicos y ocupados en casas particulares; y llega a un mínimo de 1,01 en el caso de los afiliados a régimen de Luz y Fuerza que con un ingreso promedio de los mayores de 50 años en marzo último de $142.763 brutos 39.110 asalariados sostienen a 38.542 jubilados y pensionados del gremio.

En el caso extremo se ubican los 110.786 afiliados al régimen de Docentes Universitarios Nacionales, con una remuneración promedio de $58.170 en el caso de la franja con 50 años de edad, que superan en más de 15 veces a los 7.246 perceptores de ingresos de esa caja; seguidos por los 33.136 investigadores científicos y tecnológicos que en el segmento de 50 años percibe un promedio de $124.620, con una relación de 4,01; y los 2.291 trabajadores en el Yacimiento Carboníferos Río Turbio con una percepción de $103.636 en el rango etáreo considerado, que registran una proporción de 3,5 veces por beneficiario del régimen de jubilación de esa fuente.

Se observa en el informe de la OPC que en el Poder Judicial, donde el salario medio de los trabajadores con 50 años era de $336.690, los 17.555 aportantes tienen a su cargo a 7.122 retirados de la vida activa; y en el de los 1.062 del Servicio Exterior de la Nación, con una remuneración media en el segmento de 50 años de $512.345, solventan a 704 jubilados y pensionados de esa procedencia.

Y como, paralelamente, la Argentina no ha logrado romper con ese núcleo duro de informalidad laboral, que se ubica entre el 35% y 40% del mercado de trabajo, y por extensión de la economía en su conjunto, una de las consecuencias es la convivencia con el cuarto factor que contribuye al desequilibrio del sistema que es el impuesto inflacionario, el cual se caracteriza por su regresividad al afectar primero y más rápido a los sectores que dependen de un ingreso fijo, como es el salario, base de los aportes, y los haberes de jubilados y pensionados; en particular en períodos de aceleración, como ocurrió en el último año, ha sido la creciente incorporación al sistema previsional de millones de personas que nunca aportaron, o lo hicieron muy pocos años, a través de moratorias, cuando hubiese sido más sustentable proveerle un ingreso a través del régimen de rentas generales de la Tesorería de la Nación.

Se trata de un universo que con la Ley 24.241 de 1993 y posteriores, comprende a 3,62 millones de beneficiarios, 1,2 millones más que los que ingresaron al sistema por el cumplimiento de la doble exigencia, primera la edad, actualmente de 60 años para las mujeres y 65% para los varones, y además 30 años de aportes, como mínimo; y que explica parte del desmedido crecimiento del Estado en la economía.

El quinto factor que impide tornar sustentable el sistema previsional es el recurrente desaliento a la inversión, principal, por no decir el único, componente de la demanda agregada capaz de generar empleos genuinos, aumentar la base de aportantes y contribuir a la reducción del empleo en negro, que provoca tanto la creciente presión tributaria e incumplimiento de los servicios de la deuda pública que ha llevado a un nuevo escenario de default, y por tanto encarecimiento del crédito.

Indicadores de eficiencia de los sistemas previsionales

Luego del análisis desagregado de los diversos sistemas y subsistemas previsionales administrados por Anses la Oficina de Presupuesto del Congreso sostiene:

* Un sistema previsional es eficiente si se observa un alto grado de cumplimiento de la principal premisa, que es garantizar una redistribución intergeneracional del ingreso tal que permita que los pasivos puedan mantener similares niveles de vida a los que tenían en su etapa activa;

* En los sistemas contributivos, se espera que esa premisa se complemente con una alta capacidad de autofinanciamiento del sistema y, de ser posible, que no requiera financiamiento externo;

* Si el sistema previsional es de reparto, se espera que la proporción de activos respecto a pasivos sea lo suficientemente alta como para no requerir de cuantiosas detracciones adicionales de la remuneración de los trabajadores;

* Actualmente, más del 50% los activos del régimen general perciben remuneraciones por debajo de 2,5 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y 15,4% de los varones y 19,7% de las mujeres perciben salarios iguales o inferiores al salario mínimo;

* Una jubilación equivale al 38,1% del ingreso de un activo;

* El 54,9% de los beneficios del régimen general requirió de una moratoria.

* Excluyendo los regímenes especiales, el 86,1% de los beneficios son iguales o menores a dos jubilaciones mínimas.

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