Una vez más, como lo viene haciendo insistentemente desde que los acreedores presentaron la última contrapropuesta, el Gobierno ratificó hoy que la oferta presentada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) es la última y que no habrá ni un centavo más para pagarle a los inversores. Lo hizo primero el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones a Bloomberg TV, y luego el presidente Alberto Fernández, en el acto de apertura del Hospital General de Agudos Doctor René Favaloro, en La Matanza.
La carta que los tres grupos de bonistas -Ad Hoc, Exchange Bondholders y Comité de Acreedores- le enviaron ayer a Guzmán renovó el malestar que hay en el Gobierno con los fondos, especialmente con Blackrock, que, según ellos, están queriéndoles marcar la cancha desde el primer día de la negociación. “Ese grupo duro está abroquelado. Vamos a ver cómo sigue”, dijo hoy un alto funcionario al ser consultado por Infobae sobre la última jugada de los bonistas.
La carta que los tres grupos de bonistas -Ad Hoc, Exchange Bondholders y Comité de Acreedores- le enviaron ayer a Guzmán renovó el malestar que hay en el Gobierno con los fondos, especialmente con Blackrock
La carta fue una demostración de fuerza por parte de los acreedores, y el Gobierno respondió con el mismo ímpetu de los días previos: no habrá cambios.
Concretamente, en la misiva, los tres grupos le comunicaron al ministro que lograron el respaldo de otros fondos a su propuesta, por lo que ahora tienen el aval de acreedores que, en su conjunto, poseen el 51% de los bonos globales -emitidos durante el macrismo- y el 60% de los títulos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. En otras palabras, le dijeron que tienen los números como para lograr bloquear la reestructuración. Vale recordar que para que el proceso resulte válido, el Gobierno debe lograr el 66,6% de todos los bonos elegibles o el 50% de los títulos M y de los K.
Así como la carta generó un nuevo repudio por parte de las autoridades argentinas, la respuesta oficial también provocó un fuerte malestar entre los acreedores, quienes acusan al ministro Guzmán de no querer “negociar y de negar la realidad”. “Un ministro que niega la realidad y hunde al país, es difícil. Tiene la solución al alcance de la mano, pero es tan obstinado que elige condenar al país nuevamente al fracaso, creando una falsa antinomia entre el bienestar y cumplir los compromisos”, dijeron en uno de los comités.
En otro de los grupos remarcaron que “nunca hubo negociación”, sino que el Gobierno planteaba su propuesta y como no podía discutirse porque la hacía pública, luego los acreedores hacían su contraoferta. Pero no se negoció, dicen los inversores, como se suele hacer en una reestructuración de deuda soberana. Se fueron acercando las posiciones, pero de esa manera. Incluso, fuentes de este comité recordaron un encuentro pactado con Guzmán por Zoom en el que el ministro habló durante unos minutos sobre la propuesta que habían preparado y luego se retiró de la reunión para que continúe la discusión con parte de su equipo.
En uno de los grupos remarcaron que ‘nunca hubo negociación', sino que el Gobierno planteaba su propuesta y como no podía discutirse porque la hacía pública, luego los acreedores hacían su contraoferta
La gran pregunta es qué sucederá al final del camino, cuando realmente venza el plazo para aceptar la oferta. Lo más probable es que esa fecha no sea el 4 de agosto, sino que se extienda entre 15 y 20 días más. ¿Aceptarán los acreedores la propuesta actual? ¿Cederá el Gobierno finalmente, aún después de haber reafirmado varias veces que no lo haría? Mientras tanto, en Economía siguen considerando la opción de modificar los términos contractuales de la oferta para autolimitarse en la cláusula de reasignación y la estrategia Pac-Man –agrupar series de bonos para alcanzar las mayorías y arrastrar a los holdouts con el apoyo conseguido en el primer canje en futuras ofertas superadoras, respectivamente–, pero aún no ha habido señales claras en ese sentido. “Sin cambios, la oferta será rechazada”, aseguran los bonistas.
El Gobierno quiere evitar que la Argentina siga en cesación de pagos, pero asegura que no está dispuesto a hacerlo, si ello implica un mayor ajuste para la sociedad. Reconoce también que tampoco les sirve a los acreedores quedarse con un título a precios de default y con una posibilidad de acuerdo futuro a un valor mucho más bajo que los USD 53,5 por cada USD 100 ofrecidos hoy. Los analistas expertos en la materia afirman que las partes están jugando al poker y que al final del día habrá acuerdo. El dilema ahora, habiendo sostenido un discurso tan firme de ambos lados, es cómo harán para modificarlo sobre el final.
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