El Presupuesto 2020 prevé un déficit fiscal superior al 10% del PBI, el más alto en 45 años

Con más de 7 meses de retraso en el tratamiento de la denominada ley de leyes, como se bautizó en la Argentina al Presupuesto Nacional, el Gobierno presentó en Mesa de entradas del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2020, que había sido enviado por el gobierno de Cambiemos el sábado 14 de septiembre y explicado por el ex ministro Hernán Lacunza dos días después, como establece la Ley de Administración Financiera, antes del 15 de ese mes, para ser tratada y votada en el recinto antes del inicio del nuevo año.

Los grandes números de la iniciativa dan cuenta de la expectativa de ingresos total por $4,39 billones, $1,07 billones menos que el original que nunca llegó a ser debatido por los legisladores por mandato del presidente Alberto Fernández; y gastos totales por $7,39 billones, $1,14 billones de incremento, de los cuales sólo poco más de la mitad se explican por los programas de asistencia derivados de la irrupción del COVID-19.

Está previsto que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá por teleconferencia este martes a las 11:00 y pondrá en agenda en primer lugar el proyecto que contempla los ingresos y erogaciones del sector público nacional, para luego abocarse al debate sobre la moratoria impositiva y previsional.

De ahí surge un déficit total proyectado de $3 billones, equivalente a poco más de 10% de un PBI que consultoras privadas estiman para el corriente año por debajo de $28 billones. Significaría el desequilibrio más profundo en 45 años; mientras que antes del pago del pago de intereses el rojo fiscal previsto es de $2,2 billones, unos 8 puntos del producto bruto interno. La versión original, con otro escenario registraba un déficit total de $0,78 billones, y un superávit primario de $0,42 billones.

La iniciativa prevé que el Banco Central será la principal fuente de financiamiento del incremento del déficit fiscal, a través del giro de utilidades contables por $1,02 billones en el segundo semestre; y en menor medida contribuirán el aumento de la deuda pública en $274.000 millones, e incremento de la inversión financiera neta en poco más de $75.000 millones,

Se trata de una revisión del plan de gastos y recursos sintetizados en una presentación con 128 folios, con los datos de ejecución al 30 de junio último, y la incorporación de las 15 modificaciones presupuestarias aprobadas en el curso del primer semestre a través de decretos de necesidad y urgencia y Decisiones Administrativas firmadas por el Jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre las que se destacan las vinculados con los gastos y asistencias especiales derivadas de la irrupción del COVID-19 y la cuarentena vigente desde el 20 de marzo que paralizó diversas actividades y provocó cierre de empresas y caída de miles de puestos de trabajo.

Destaca la presentación de la norma: “las primeras dos asignaciones de ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), correspondientes a los salarios devengados en los meses de abril y mayo, erogados en mayo y junio, respectivamente, alcanzaron a 310.000 empresas y a un universo de trabajadoras y trabajadores de 2,8 millones”.

Mientras que del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) resalta: “evitó que entre 2,2 y 2,8 millones de personas cayeran en la pobreza y entre 1,8 y 3,1 millones de personas cayeran en la indigencia. El impacto conjunto del IFE con la implementación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo en la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo suponen una morigeración del impacto aún mayor: entre 2,7 y 3,4 millones de personas no perforarán el ingreso familiar que delimita el ingreso a la situación de pobreza y entre 2,9 y 4,5 millones evitarán estar en condiciones de indigencia”.

Según el proyecto de ampliación del Presupuesto 2020, sobre la base de las partidas autorizadas para el año anterior, “el monto total de las partidas de refuerzo presupuestario para atender los efectos del COVID-19 sumaban al 30 de junio $687.751 millones”, representa el 26% del singular incremento del déficit fiscal primario, respecto de cálculo original.

La caída de los recursos totales, tributarios y de capital, que provocó la inesperada depresión económica, explicó un 41% del crecimiento del desequilibrio fiscal; y el tercio restante obedecería, principalmente al aumento de los subsidios económicos, en particular a la generación de energía eléctrica, por el congelamiento de las tarifas a todos los consumidores, y el aumento de las transferencias a provincias.

Excluidas las partidas para el pago de intereses de la deuda pública, que por efecto del default y de la renegociación de plazos y quitas de intereses con los bonistas se redujo ahora en $421.522 millones, el gasto primario se elevó de $5,04 billones del Presupuesto heredado a poco más de $6 billones, un 31,1 por ciento.

La prolongación de la cuarentena, en particular en lo que respecta al uso del transporte público masivo de pasajeros, determinará seguramente nuevos aumentos de las partidas presupuestarias, como la dispuesta el sábado 17 de julio a través de la Decisión Administrativa 1.284 publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Santiago Cafiero y Martín Guzmán, por $18.883 millones, de los cuales $13.397 millones fueron destinados a garantizar el sostenimiento de la tarifa eléctrica; $4.586 millones para reforzar el Sistema de Salud Público y, en menor medida para financiar gastos corrientes del Correo Argentino y del Ministerio de Turismo y Deportes.

Otras modificaciones en el proyecto de ley

Artículo 4: Establece para el Ejercicio 2020 una asignación total de $7.100 millones a favor de la Provincia de La Rioja y de $340 millones a favor de los municipios de la mencionada provincia sin precisar los motivos;

Artículo 6: Amplía la partida para la cancelación de deudas de origen previsional en $6.000 millones el monto previsto por a Ley de Presupuesto 27.467 para 2019 en $49.413,3 millones, implica una suba de $1.628 millones respecto de la que el gobierno de Cambiemos había propuesto para el corriente año;

Artículo 9: Dispone una transferencia a favor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados $11.088 millones, la que se instrumentará mediante la entrega de Bonos de Consolidación Octava Serie a su valor técnico de la fecha de colocación, a los fines de que proceda a abonar los saldos deudores correspondientes a la provisión de medicamentos del segmento Oncológicos y Tratamientos Especiales (OYTE), Hemofilias y Suplementos Nutricionales a las personas afiliadas al Instituto durante los meses del período que va desde noviembre de 2018 a diciembre de 2019.

Artículo 11: Da continuidad al Programa para la Emergencia Financiera Provincial creado por el Decreto 352 del 8 de abril de 2020 para atender el normal funcionamiento de las finanzas provinciales, cubriendo los requerimientos de sectores sensibles como salud, educación y transporte, entre otros, afectados especialmente por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19 asignando hasta la suma adicional de $50.000 millones.

Artículo 18: Elimina en el inciso f) del artículo 7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la expresión “la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos”, con lo que ratifica la eliminación de la exención del gravamen que rige desde comienzos del corriente año.

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