Los bonos argentinos operan este lunes con leves oscilaciones, mientras que los inversores aguardan con cierto optimismo novedades sobre la reestructuración de deuda soberana por unos USD 65.000 millones que impulsa la administración de Alberto Fernández.
El Gobierno, que extendió hasta el 4 de agosto el plazo para llegar a un acuerdo, podría ceder terreno a los acreedores en cuanto a aspectos legales claves para llegar a un acuerdo, dijeron esta semana dos fuentes a Reuters.
“Las partes debaten los cambios en las cláusulas antibuitre y las de reasignación. Esta ‘batalla’ es tan relevante como la financiera, ya que implica viejas rencillas entre Wall Street y la academia”, refirió la consultora Delphos Investment.
Acotó que "en este punto no se discute la posición argentina sino que constituye un debate intelectual y legal de esfera global. Los cambios que se hagan en el caso argentino serían de aplicación universal, lo que podría demorar y profundizar el debate".
En este marco, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP Morgan, llegó a operar este lunes debajo de los 2.200 puntos básicos por primera vez desde el pasado 4 de marzo.
Vale recordar que el indicador de JP Morgan había llegado a romper el techo de los 4.000 puntos a fines de marzo y también a fines de abril, cuando los agentes bursátiles interpretaron que la se complicaba la posibilidad de una reestructuración consensuada.
“A juzgar por los movimientos del mercado de la última semana, el escenario del deal ganó terreno y adeptos. Los ADRs treparon hasta 15%, mientras que los bonos gozaron de mejoras que promediaron 5%”, puntualizaron los analistas de GMA Capital en un reciente informe.
En cuanto a las acciones argentinas, “el potencial de suba del Merval considerando el target de cada compañía para fin de año es de 40% en pesos o 33% en dólares, si bien hay sectores en donde estimamos un potencial mayor al 80%”, subrayó la correduría Allaria Ledesma y Compañía.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía expresó que “Argentina tiene la plena intención de llegar a un acuerdo sostenible que no someta a su pueblo a más sufrimientos y angustias. Sobre la base de esas premisas, el gobierno argentino manifestó que la propuesta del 6 de julio es la oferta definitiva de la República a sus acreedores y representa el máximo y último esfuerzo que el país puede sostener. Con esa convicción, nuestro país alienta a la comunidad de acreedores a aceptarla, sabiendo que de no ser así toda negociación futura será más compleja porque más difícil será la situación que enfrente Argentina.
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