El norteamericano Kevin Gallagher, profesor de Relaciones y Desarrollo Internacional de la Universidad de Boston, llamó la atención ayer cuando en un tuit criticó abiertamente la decisión de los comités de acreedores de la Argentina de unirse (en un acto que el presidente Alberto Fernández llamó “cartelización”) para forzar una nueva mejora de la oferta argentina para reestructurar USD 66.000 millones de deuda externa.
El académico norteamericano, que ya en abril, en un artículo publicado por Financial Times, había apoyado la primera oferta realizada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que consideró “pragmática y de buena fe”, tuiteó un artículo del diario británico sobre la decisión de los acreedores, y calificó de “rogue” (término del inglés que puede traducirse como “deshonesto” hasta “villano”, “matón” o “forajido”) de los fondos coligados en principio tras el liderazgo de BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo y pidió que el Fondo Monetario Internacional le ponga coto a este tipo de conductas.
Gallagher respondió consultas de Infobae por correo electrónico.
- ¿Cuál cree que es actualmente el principal obstáculo para que los acreedores acepten la oferta argentina; la pretensión de una mejor oferta en términos de “Valor Presente”, o cuestiones legales como el método de “reasignación” que propuso el gobierno para evaluar el grado de aceptación de la oferta?
-El principal obstáculo a la restructuración argentina es la estructura de incentivos de las negociaciones. Dados algunos fallos recientes de la Corte de Nueva York, los bonistas tienen más incentivos para no negociar y recuperar el 100% del valor de los bonos a través de litigios.
- ¿Pero cree que el FMI y el Tesoro de los EEUU estarían dispuestos a acotar acreedores “deshonestos”, como los calificó en su reciente tweet?
- El FMI y el Tesoro tienen que hacer de la restructuración una precondición de los programas con el Fondo. Eso cambiaría los incentivos. El análisis que el FMI hizo en marzo es claro en el sentido de que la Argentina tiene que hacer algunas reformas domésticas reales y que tendría que restructurar la deuda. Tradicionalmente, los programas del Fondo sólo impusieron condiciones de reformas a los deudores, pero faltan incentivos para que el sector privado, los acreedores, negocien de buena fe.
- Además de la importancia para la Argentina, ¿cree que el resultado de esta negociación tendrá algún impacto en futuras restructuraciones, y en qué aspectos?
-El mundo entero está mirando a la Argentina. Es un microcosmos de la crisis global de deuda que se avecina. Mientras la Argentina negocia, muchos países del mundo enfrentan crecientes problemas de deuda. La iniciativa del G20 (de alivio de deuda) ha sido sólo para los países más pequeños, que incluso son reacios a participar porque eso puede significarles rebajas en su calificación crediticia. El sector privado no ha ofrecido ninguna reforma significativa. Así, muchos países van a defaultear y están mirando horrorizados a la Argentina y Ecuador.
El tironeo de la Argentina con los acreedores, ahora cartelizados, pivotea sobre dos cuestiones: el “Valor Presente” de la oferta, actualmente de entre 53 y 54 centavos de dólar por cada dólar de deuda sujeta a restructuración y el tipo y forma de aplicación de las “Cláusulas de Acción Colectiva” con que se evaluará el grado de aceptación de la oferta y que serán las que regirán la nueva deuda que emita el gobierno en reemplazo de la anterior.
Al respecto, el gobierno argentino ha señalado que está dispuesto a retocar aspectos legales de la oferta, pero no a aumentar su valor financiero, es decir cuántos centavos de “Valor Presente Neto” de nueva deuda ofrece por cada dólar de valor nominal de los 66.000 millones de deuda a restructurar. Entre la primera oferta del gobierno (aquella considerada “pragmática y de buena fe” por Gallagher) y la actual, el gobierno está ofreciendo USD 15.000 millones más de flujo de pagos en concepto de capital e intereses durante las próximas décadas.
Sin embargo, expertos en finanzas como Anna Gelpern, de la Universidad de Georgetown, y Mark Sobel, ex representante de EEUU en el Fondo y funcionario del Tesoro durante la administración de Barack Obama, cuestionaron algunos aspectos legales de la oferta argentina, que socavarían las “Cláusulas de Acción Colectiva” acordadas en 2014 por el G20, el FMI y la “International Capital Markets Association”, las llamadas “CAC-ICMA” bajo las cuales fueron emitidos los títulos de deuda argentinos a partir de 2016.
Guzmán sigue sumando apoyos académicos a su oferta para restructurar la deuda, pero aún no logró convencer a los bonistas. Queda por verse si el FMI y el Tesoro de los EEUU intervienen para convencerlos, como pidió Gallagher
Gallagher arrobó en su tuit de crítica a los acreedores y apoyo al gobierno argentino a Matías Vernengo, un economista argentino y ex funcionario del BCRA, actualmente profesor de la Universidad de Bucknell, en EEUU, que en agosto del año pasado, en una entrevista con Página/12, afirmó que el gobierno de Macri había aplicado “una suerte de terrorismo económico” y que en la negociación que ya avizoraba entre el futuro gobierno de Alberto Fernández y el FMI, el organismo tendría “interés en negociar y dar un poco de espacio para que el país crezca”.
Guzmán sigue así recogiendo apoyos académicos a su oferta para restructurar la deuda, pero todavía no ha logrado convencer a los comités de bonistas. Queda por verse si el FMI y EEUU intervienen para convencerlos, como pidió Gallagher.
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