En medio de la negociación con acreedores internacional para restructurar la deuda bajo legislación extranjera, Argentina recibió un duro revés judicial en los tribunales de Londres luego de que la jueza Sara Cockerill emitiera este martes un fallo en el Tribunal Superior de esa ciudad, rechazando un pedido del Gobierno de Alberto Fernández para detener la demanda de cuatro grupos de bonistas que denunciaron que el país manipuló datos económicos para evitar pagos relacionados con instrumentos de deuda soberana vinculados al crecimiento.
Tiene que ver puntualmente con los cupones PBI. Cabe recordar que en 2014, cuando el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se desempeñaba como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se informó un crecimiento anual del Producto Bruto Interno de 2013 apenas menor al 3,25 por ciento, un valor que habilitaba el pago anual a los tenedores de dichos instrumentos de deuda. El pago por el crecimiento de 2013 debía hacerse efectivo a fines de 2014.
Según los demandantes, el 21 de febrero de 2014, el entonces Ministro de Economía Axel Kicillof, anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI.
De esta manera, la justicia de Londres abrió la posibilidad de que se ejecute un juicio completo contra el Estado argentino, según indicó Reuters.
En tanto, los gestores de activos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited señalaron que el país les adeuda alrededor de 525 millones de euros en pagos relacionados a los cupones PBI, creadas para abonar a los acreedores en caso de que una serie de evaluaciones de crecimiento se cumpliesen o superasen.
Los inversores argumentaron que hubo una modificación de las estadísticas publicadas por el Indec que hicieron que los instrumentos emitidos en 2005 y 2010 como parte de una reestructuración de la deuda, no cumplan las condiciones para el pago.
Los fondos de cobertura dicen que la Nación manipuló sus cifras del producto interno bruto en 2013 para evitar pagos y presentó a fines de 2019 una demanda ante el Tribunal Supremo de Londres para recuperarlos.
Según informó la agencia Bloomberg, los fondos poseen USD 6.100 millones en valores denominados en euros vinculados al PBI. Según sus documentos, el crecimiento anualizado del PBI durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6 por ciento y, sin una contracción económica importante en el último trimestre, los valores debieron recibir un reembolso significativo.
Luego, Argentina reformuló la manera en que calculaba el crecimiento del PBI, al publicar cifras que fueron mucho más bajas de las esperadas y demasiado bajas para estimular un pago.
Ante la escasez de divisas, el Gobierno tuvo como único objetivo publicar las nuevas series del PBI para reflejar una baja del crecimiento económico del año 2013 con el fin de evitar el pago del cupón PBI por unos USD 3.000 millones.
Los fondos de cobertura dicen que el país intentó engañar a los inversores, ya sea voluntaria o accidentalmente, al publicar estadísticas inexactas del PBI. En sus presentaciones judiciales, los fondos señalan que el gobierno manipuló las estadísticas económicas en el pasado, señalando los cambios realizados en los datos oficiales de inflación en 2007 que redujeron los pagos a los tenedores de bonos.
Cabe recordar que en enero, la justicia de Estados Unidos desestimó una demanda presentada en 2019 por el fondo Aurelius contra el país.
La jueza Loretta Preska a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan –que atiende cuestiones vinculadas con Wall Street y también lleva el juicio por la expropiación de YPF–, rechazó la demanda que realizó en enero de 2019 el fondo Aurelius Capital Investment contra Argentina por modificar en 2014 el cálculo con el que se midió el producto un año antes y para, según el holdout, evitar el pago del cupón PBI.
En su fallo la jueza desestima la demanda de los fondos que firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri en 2016, el que permitió la salida del default, pero dio luz verde para realizar una demanda ampliada que de lugar a una investigación más amplia.
Entre los argumentos, Preska señala que la modificación del cálculo que llevó a cabo Argentina para estimar el crecimiento de su PBI en 2013 es lícito: es decir, Argentina tenía la potestad de modificar la manera de dar cuenta del crecimiento de su PBI como lo pueden hacer el resto de los países. No obstante, duda sobre el momento en el que el Gobierno de Cristina Kirchner (en 2014) decide cambiar la fórmula.
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