Tanto el Presidente como el ministro de Economía se mostraron ayer intransigentes, pese a la decisión de los tres grupos de acreedores de presentar una nueva oferta menos exigente. “Es el último esfuerzo que podemos hacer”, aseguraron casi al mismo tiempo Alberto Fernández y Martín Guzmán. Pero si bien las diferencias económicas son cada vez menores, desde el punto de vista legal también hay reclamos de los bonistas que por ahora no fueron zanjados.
La propuesta de los tres grupos de acreedores implica sobre todo un fuerte alivio en el pago de intereses de los próximos años. Y el valor estaría en alrededor de USD 56,50 por cada 100 dólares nominales que entran al canje.
El Gobierno, en cambio, ofreció alrededor de USD 53 en la oferta que envió a las autoridades regulatorias de Estados Unidos. Implicó un esfuerzo cercano a USD 15.000 millones adicionales en concepto de pago de intereses en los próximos 25 años. Nunca como ahora las partes que negocian estuvieron tan cerca de llegar a un acuerdo, aunque por ahora sigue habiendo diferencias.
Guzmán aseguró que el gobierno quiere resolver el problema de la deuda y que, con esa vocación, hizo una oferta definitiva que incluyó el máximo esfuerzo posible.
En lo que respecta a las cláusulas legales, puntualmente el tema más urticante se refiere a la capacidad del Gobierno de “rediseño” del resultado de la oferta, que en la práctica implica “redesignar” la adhesión de la misma. Esta facultad podría utilizarse para aceptar la participación en algunas series de bonos y directamente rechazar en otras. El objetivo sería elegir para el canje exclusivamente aquellas series de títulos que recibieron una adhesión mayor.
La intención sería “forzar” al máximo las denominadas Cláusulas de Acción Colectiva, que permiten meter a todos los bonistas dentro del canje aun cuando solo una parte lo haya aceptado.
En el caso de los bonos emitidos durante la gestión de Mauricio Macri, a partir de 2016, con el 66% de adhesión es posible meter a todo el resto de los acreedores en la propuesta. Así se eliminaría la posibilidad de “holdouts” o bonistas que quedan fuera de la transacción con posibilidad de litigar ante tribunales neoyorquinos.
En el caso de los bonos del canje 2005 los requisitos son mucho más duros. Los Par y Discount requieren de una aceptación total del 85% para poder ser reestructurados en su totalidad, un porcentaje muy difícil de conseguir.
La facultad de “rediseñar” el canje una vez concluida la operación le da facultades al Gobierno de forzar las adhesiones que precisa para que la operación sea más exitosa de lo que en realidad resulte. Los acreedores vienen pidiendo que se elimine esta opción desde el primer día
Guzmán aseguró que esa posibilidad de “redesignar” la adhesión al canje según la conveniencia del deudor es algo previsto en las cláusulas de los títulos. “Si no les gusta tienen que plantear un cambio de esas condiciones en los futuros bonos que se emitan”, explicó. Sin embargo, no se descarta que el Gobierno acepte hacer algunas concesiones legales, que implicaría una mejora para los bonistas sin necesidad de efectuar un mayor esfuerzo económico.
Durante la convulsionada jornada de ayer, Guzmán señaló que en los acreedores que siguen exigiendo mejoras a la propuesta argentina hay una “falta de entendimiento” sobre las restricciones que enfrenta la Argentina. “No vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie, sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo”, enfatizó el ministro.
“Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia; implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones. Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores”, agregó. Guzmán confió además en que “la mayoría de los acreedores” va a aceptar la oferta.
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