Un juego sutil de consejos diplomáticos y ejercicio del poder global estudia protagonizar la Casa Blanca para lograr que el Gobierno y los acreedores privados cierren un acuerdo de reestructuración de la deuda externa que evite un juicio multimillonario por default en los tribunales de Nueva York.
Donald Trump tiene profundas diferencias ideológicas con Alberto Fernández -y viceversa-, pero su administración republicana apuesta a un deal exitoso con los fondos de inversión para esquivar también la posibilidad de una crisis financiera, económica y política que conmueva al gobierno peronista.
El Presidente de los Estados Unidos considera a su colega argentino una vía de comunicación oficial y extraoficial con Nicolás Maduro, y asume que China multiplicará su influencia regional si como consecuencia de un eventual default, la Casa Rosada solicita un rescate financiero a Xi Jinping a través de una nueva ampliación del swap chino que ya está en una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares.
Alberto Fernández ya probó su llegada al régimen populista de Venezuela cuando logró “blanquear” la detención ilegal de seis empresarios norteamericanos a pedido de Trump, y además demostró su relación con Xi cuando se mostró proclive a permitir la tecnología de 5 Generación de la empresa Huawei en la Argentina, y a autorizar volúmenes de intercambio comercial que sorprenden a nivel regional.
En la Casa Blanca, el cálculo geopolítico es simple de formular: si Alberto Fernández logra cierta estabilidad económica, el auxilio chino pierde eficacia. Y si ello ocurre, instalado en el centro y equidistante de Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente argentino puede jugar un papel de liderazgo en la posible transición democrática de Venezuela.
No hay una pizca de afinidad ideológica, ni empatía personal entre Trump y Alberto Fernández. Pero cada uno en su andarivel geopolítico, se necesitan para navegar una coyuntura global que está condicionada por los efectos económicos y sociales del COVID-19.
Desde esta perspectiva, no se descarta en Washington que Steven Mnuchin -secretario del Tesoro-, Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- y Mauricio Claver -asesor de la Casa Blanca y probable titular del BID- funcionen como un equipo de fixer para acercar posiciones entre Olivos y los tres grupos de acreedores privados que ayer presentaron una nueva contra oferta para reestructurar una deuda cercana a los 66.000 millones de dólares.
Mnuchin es amigo personal de Larry Fink, CEO de BlackRock, el fondo de inversión más poderoso de Wall Street. Fink logró bloquear la estrategia negociadora de Alberto Fernández y Guzmán -que consistía en romper a los grupos de acreedores para lograr un deal exitoso- y ahora multiplicó su cuota de poder en la mesa de negociaciones.
Fink tiene acuerdos comerciales con el Departamento del Tesoro, ingresa sin obstáculos al Salón Oval, y se cansó de pedir un mano a mano con Alberto Fernández. El Presidente hasta ahora no tuvo un call de esas características con el CEO de BlackRock, pero aprovechó su amistad con Andrés Manuel López Obrador y los contactos de Miguel Galuccio para transmitir sin obstáculos la posición del Gobierno.
Sirvió de poco. Alberto Fernández considera que Fink no cumplió las reglas de juego y que no respetó las promesas que hizo al presidente de México. “Dijo una cosa, y después hizo otra”, se queja el jefe de Estado cuando le recuerdan a Fink y su método de negociación de la deuda externa.
En Washington consideran que Mnuchin puede “ordenar” a Fink. Y a su vez, el secretario del Tesoro detenta suficiente poder institucional para solicitar a Georgieva que transmita a Olivos las ideas que compartirá con el CEO de BlackRock.
Alberto Fernández y Guzmán respetan a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y si llega la sugerencia de conciliar posiciones con los bonistas, escucharán con muchísima atención el mensaje que Georgieva trasmitirá en nombre de Trump, Mnuchin y la Casa Blanca.
Georgieva demostró una sutil capacidad para ayudar a Olivos en DC. La directora gerente estableció ciertos límites para la oferta que debía presentar la Argentina ante los bonistas, y luego los amplió cuando comprendió que ese nivel de endeudamiento no alcanzaba para acercar posiciones entre ambas partes.
Al principio, Georgieva recomendó que el Valor Presente Neto (VPN) del bono a canjear no podía pasar los 49.90 dólares por cada lámina de 100 dólares. Y semanas más tarde, después de una conversación telefónica con Alberto Fernández y Guzmán, incrementó la recomendación a 53.4 dólares de Valor Presente Neto.
Esta ductilidad de la directora ejecutiva puede ser clave para lograr un acuerdo entre la Argentina y los bonistas. Sí avaló que se pasará de 49.90 a 53.4 dólares de Valor Presente Neto, porqué no autorizaría un punto de contacto entre lo que ofrece el Gobierno y lo que propusieron ayer los acreedores con su ultima contraoferta.
La distancia hoy es de tres dólares. Inició con una diferencia de 30 dólares, y en seis meses de negociación las puntas se acercaron. Mucho para caer en un nuevo juicio por default: el noveno en la historia de la Argentina.
Además de la línea de relaciones de poder que une a Mnuchin, Fink, Georgieva, Alberto Fernández y Guzmán, la Casa Blanca y la quinta de Olivos puede aprovechar el backchannel que comunica a Claver -asistente de Trump- con Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos.
Beliz tiene trato directo con Claver, que también habla con el Presidente, y ambos pueden contribuir en acercar distintas variables que encarrilen la última milla de una compleja negociación. Washington no quiere el default, y Alberto Fernández tampoco. La diferencia es de 7.000 millones de dólares, en un monto total de 66.000 millones de dólares. Menos del 10 por ciento.
Desde Washington, cerca de la medianoche, explicaron a Infobae: “Se trata de una decisión política. Ya no es financiera. Si el Presidente argentino lo entiende, y los fondos también, en agosto se podría anunciar un acuerdo que hoy lo vemos difícil y muy lejano”.
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