El Gobierno rechazó la nueva oferta presentada por los tres grupos de acreedores e insiste en que la propuesta oficializada ante la Securities & Exchange Commission (SEC) es la última, aunque podrían incluirle alguna modificación en el plano legal, reconoció una fuente oficial.
“La propuesta oficial es la que está en la SEC. Nosotros tenemos tiempo para ver si cambiamos algo legal. Pero estos términos económicos presentados por los acreedores en su nueva oferta es un intento de desautorización al Gobierno, mala fe y violenta cartelización, además de desconocimiento de la realidad”, enfatizó una fuente cercana a la negociación.
En declaraciones a la televisión pública, el presidente Alberto Fernández volvió a remarcar que la Argentina no se moverá de la oferta vigente: “Es imposible que nos podamos mover de esta oferta que hicimos porque es un esfuerzo muy grande; eso también lo tienen que saber todos, es un esfuerzo que nos pone al limite”.
El jefe de Estado sostuvo que no quiere realizar una propuesta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables, ya que “la Argentina necesita sacar de la pobreza a un número muy importante de argentinos y no les puede seguir exigiendo a esos argentinos más esfuerzos. La deuda debe ser sostenible, la podemos pagar en el tiempo y no a costa de sectores vulnerables”, añadió.
También se refirió al tema el ministro Martín Guzmán, quien acusó a esos grupos de acreedores de una “falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta la Argentina”. “No vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie, sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo”, remarcó el titular de la cartera económica.
Agregó que “aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia; implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones” y el Gobierno no lo va a hacer. “Seguimos esperando que prime la buena fe por parte de los acreedores”, dijo, y consideró que “la mayoría de los acreedores va a aceptar la oferta”.
Pese a este mensaje, que reiteró en varias oportunidades el ministro, el equipo económico analizó la propuesta de los acreedores, pero confirmó que está lejos de lo que el país puede pagar. Fuentes de la cartera que dirige Martín Guzmán aseguraron que el valor presente neto de la nueva contrapropuesta tiene una diferencia de entre 3 y 3,5 puntos con la oficial, además de que los vencimientos se concentran en 2022 y 2023, años en los que la Argentina ya adelantó que tendrá mayores dificultades para pagar.
En cuanto a los aspectos legales, en Economía admiten que podrían avanzar con algunos cambios respecto de la estrategia de reasignación (Pac Man), si consideran que puede haber un problema con las reglas de juego internacionales.
La pregunta que surge ahora es qué sucederá con los fondos de inversión que consensuaron esta nueva oferta, frente a la resistencia del Gobierno a seguir negociando. ¿Aceptarán la propuesta vigente? Por lo pronto, el fondo Greylock, que lidera Hans Humes, anunció que hoy aceptó la oferta de la Argentina y que se fue del Comité de Acreedores (ACC), afirmó el propio Humes en diálogo con Infobae.
“Si no conseguimos el 50% de adhesión, la oferta se cae. Seguirá el canje local, que esperamos sea un éxito, y el Gobierno asistirá al FMI a negociar un programa, que planteará restricciones mucho mayores para una nueva oferta a los privados”, dijo la fuente cercana a la negociación.
En el Gobierno reconocen que no sería positivo para el país, y mucho menos si se está pensando en cómo reactivar la economía luego de la pandemia, pero asumen que mucho peor sería proponer una propuesta que sea impagable para la Argentina.
En el mercado leyeron esta ofensiva de los acreedores como una jugada obvia, tendiente a intentar sacar una última tajada de la reestructuración, pero consideraron que es positivo el hecho de que se hayan reunido los tres grupos y que el Gobierno debería analizarlo para que el canje sea exitoso.
Según Javier Timerman, del banco de inversión AdCap, los grupos decidieron consensuar una propuesta en la que el grupo de Blackrock bajó sus pretensiones económicas en pos de llegar a un acuerdo con todos los comités, y de esta manera, si bien es una propuesta más alta que la oficial, el Gobierno tiene la certeza de que los tres grupos van a aceptar y podrá asegurarse así el cumplimiento de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).
Para Miguel Kiguel, de Econviews, el hecho de que los tres grupos se juntaran le da más fuerza a la contraoferta de los bonistas. “Las partes están tan cerca, tanto en lo financiero como en lo legal, que uno debería esperar un último esfuerzo de ambos para lograr una reestructuración exitosa. Ambos se sacarían un peso de encima”, dijo el economista.
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