El gabinete económico que coordina el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, se reunió este lunes a la mañana en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada para trabajar sobre los instrumentos de apoyo a la producción y el empleo que se implementarán en esta nueva etapa de recuperación de la crisis que agudizó la pandemia de coronavirus.
En ese marco, se definió la continuidad del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que cubre el salario complementario de trabajadores del sector privado para los haberes correspondientes a julio, que incluirá a los sectores productivos afectados por la pandemia en todo el país, tomando en cuenta su localización geográfica (zonas ASPO y DISPO).
Del encuentro participaron los ministros de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, Martín Guzmán, Matías Kulfas, y Claudio Moroni, respectivamente; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
Según indicaron fuentes oficiales, durante la reunión de gabinete económico se discutieron opciones vinculadas al crédito blando para aquellas empresas que pudieron reiniciar su actividad pero que aún no lograron recuperar sus niveles reales de facturación.
En tanto, los datos recabados del Programa ATP indican que el 93,4% de las empresas que forman parte del mismo, tienen hasta 25 empleados, y generan el 39,6% del total de empleo registrado. Solo un mínimo porcentaje de las firmas, 0,1%, poseen más de 800 trabajadores en su plantilla, lo que implica el 12,7% del total de los trabajos registrados.
Durante la reunión de gabinete económico se discutieron opciones vinculadas al crédito blando para aquellas empresas que pudieron reiniciar su actividad pero que aún no lograron recuperar sus niveles reales de facturación
Durante la reunión se remarcó la importancia del tratamiento de la ley de ampliación de la moratoria, entendiendo que se trata de una herramienta fundamental para que las empresas y los comerciantes puedan continuar su producción. Asimismo, el proyecto de ley extiende a todos los contribuyentes la posibilidad de regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio.
En este sentido, se destacó el rumbo de los créditos productivos a las pymes que cuentan con garantía estatal como la brindada a través del FoGar, que ya acumulan un desembolso superior a los $220 mil millones y que permiten proteger el tejido productivo, según indicaron fuentes oficiales.
Destacaron la vigencia del crédito a tasa cero (que sumó 270.000 nuevos beneficiarios pre aprobados), la línea de crédito para el sector productivo (al 24%) y para cooperativas (al 18%), y la “Línea Pyme Plus”. Y subrayaron como un aspecto clave para la reactivación económica la obra pública que se desarrolla en el territorio nacional.
Cabe recordar que durante julio, el ministerio de Obras Públicas dispuso la reactivación de las obras en 150 rutas de todo el país. Además, ya hay 2.300 municipios que están participando del Plan Federal Argentina Hace. Se trata de proyectos que contienen obras de infraestructura que permiten dinamizar la producción.
Según indicaron fuentes oficiales, durante la reunión de gabinete económico se discutieron opciones vinculadas al crédito blando para aquellas empresas que pudieron reiniciar su actividad pero que aún no lograron recuperar sus niveles reales de facturación.
Durante la reunión también analizaron los planes de obra pública del Ministerio de Turismo y Deportes con una inversión total de $2.550 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura de clubes y centros turísticos de las provincias argentinas.
A lo que se suma el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur) que duplicó su cantidad de beneficiarios y que otorga un aporte no reembolsable de $50.000 pesos que cobrarán más de 2 mil beneficiarios durante esta semana.
No hay que perder de vista que en la tercera etapa, el ATP fue modificado para las zonas donde rige el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), ya que en esos casos, la ayuda se redujo a un máximo de un salario mínimo vital y móvil ($16.875). Sólo se mantuvo en hasta dos salarios mínimos ($33.750) para las zonas donde aún rige el aislamiento (ASPO), como son AMBA y Resistencia, y para los sectores críticos en cualquier lugar del país.
Además, se redujo el salario máximo para poder pedir la ayuda, de $250.000 a $120.000 brutos. Y se incluyó una nueva condición para acceder al programa: las empresas no podrán aumentar los honorarios de sus directores por 12 meses.
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