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La programación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para salir gradualmente de la cuarentena dejó de lado a los Contadores Públicos, que en la noche del viernes enviaron una nota al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quejándose por la omisión, que dejó fuera de juego a unos 80.000 profesionales matriculados en al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
“Hemos recibido en el día de la fecha a través de los medios y la página Web del Gobierno de la Ciudad la noticia de que se producirá una liberación secuencial de los permisos para realizar actividades hasta ahora suspendidas. Entre ellas, el próximo lunes 20 podrán realizar sus actividades los escribanos, y el lunes 27 comenzarían a poder atender sus estudios profesionales los abogados”, dice un pasaje de la nota, firmada por la presidente del Consejo, Gabriela Russo, y el secretario, Julio Rotman.
“Entendemos que se trata de una clara discriminación. En el caso de los abogados, la justificación para su apertura está vinculada a su actuación en el ámbito de la Justicia. La participación de los profesionales en Ciencias Económicas es en ese campo relevante. En gran parte de los procesos judiciales, además de abogados se requieren de peritos, la mayoría de los cuales son profesionales de nuestra matrícula. Los informes periciales constituyen una prueba fundamental, cuya imposibilidad de realización impide la conclusión de las causas, en la misma medida que la incapacidad de los abogados para participar”, sigue la nota, que delata indignación.
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Alberto también lo hizo
Los Contadores ya venían molestos con el presidente Alberto Fernández, que en mayo al hablar de reforma impositiva había dicho: “hay muchos impuestos en la Argentina, pero en cinco impuestos se concentra el 80% de los ingresos del Estado, y esa simplificación a las empresas les haría muy bien: les evitaría mucho trámite, mucho gasto administrativo, mucho gasto en contadores”. Esa vez, los contadores respondieron a través de los 24 Consejos y de la Federación Argentina de Consejos Profesionales (Facpce).: “Coincidimos en que el sistema tributario tiene que cambiar y ordenarse, porque no somos nosotros los que escribimos las normas que, muchas veces, se contradicen entre sí, sino los que las padecemos”, señalaron.
Ahora, sin embargo, fueron ninguneados por el gobierno porteño, que ni les señaló una fecha para empezar a normalizar sus actividades (hasta ahora limitada a formas no presenciales) y disponer al menos de un día de la semana (como los abogados) para concurrir a sus oficinas, hacer trámites o visitar clientes. “No encontramos razones para diferir la apertura de las actividades de los profesionales en Ciencias Económicas más allá de las de los abogados”, dice otro pasaje de la nota.
![La titular del Consejo Profesional](https://www.infobae.com/resizer/v2/TW257QSY25GYHHF6B6Z52IGUCY.jpg?auth=9bbc84692a43b7b03ed7a834f34d842f28edd2d746f251fdeeed0d3e6bdca964&smart=true&width=350&height=156&quality=85)
El texto remarca además la conveniencia para el fisco de contadores activos, de modo de acelerar trámites impositivos y judiciales como peritajes, concursos y quiebras, además de las más pedestres liquidaciones impositivas.
“Durante los 119 días de cuarentena, los profesionales en Ciencias Económicas han continuado trabajando en forma permanente, y haciendo uso de cuanto recurso tecnológico tuvieron disponible, para seguir asesorando a sus clientes y llevando a cabo las tareas profesionales que les permitieran a éstos últimos cumplir con sus obligaciones fiscales”, dice otro pasaje de la misiva, y remata “los profesionales matriculados en este Consejo Profesional han realizado una significativa contribución al mantenimiento de la recaudación tributaria”.
Teorías conspirativas
La actual titular del Consejo porteño, Gabriela Russo, fue elegida en las elecciones de junio del año pasado. Era la vice del candidato a presidente, el ex titular del BCRA, Aldo Pignanelli, que murió días antes de la elección.
En el Consejo no entienden que uno de los suyos, José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Económico del gobierno porteño, no haya impedido que los discriminen respecto de abogados y escribanos. Hasta elucubran internas que hayan influido en el desaire: Giusti es del sector de la UCRA porteñá alineado con el diputado Emiliano Yacobitti y el senador Martín Lousteau, competidor político de Rodríguez Larreta. Parece exagerado.
De todos modos, intentarán convencer al gobierno porteño de retocar las medidas e incluirlos en la salida gradual. Cuentan los días.
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