Los bonistas más importantes afirmaron que el Gobierno debe formular una oferta mejor para que entren al canje de la deuda

El mercado cree que el Gobierno podría sumar al segundo canje de la deuda a los bonistas minoristas, pero no a los fondos de inversión más grandes liderados por BlackRock y sus aliados, por lo que seguirá en default si no mejora la última oferta que presentó ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC).

Fuentes ligadas a los bonistas afirmaron a Infobae que esta mejora debe venir o a través de un aumento del valor presente neto de 53 a 60 dólares por cada 100 (que puede ser a través de un cupón contingente, atado al PBI) o a través de una mayor protección legal, restringiendo la cláusula de reasignación diseñada por el Gobierno.

Al respecto, aclararon que puede ser una u otra opción, la que le resulte menos costosa en términos políticos al Gobierno, como condición para que se sumen al canje los grupos Ad Hoc, liderado por BlackRock y Ashmore, y los Exchange Bondholders, liderados por Monach, que trabajan en forma coordinada y que ya rechazaron la última oferta oficial.

Ante este estancamiento, algunos fondos preparan una contraoferta que acerque a las partes.

La fuente también aclaró que, si la estrategia del Gobierno se basa en partir a estos comités, logrará sumar un porcentaje adicional, pero “no llegará a las mayorías que necesita para salir del default” que empezó el 22 de mayo.

“El Gobierno les hizo entender que juntos negocian mejor”, expresó la fuente desde Wall Street.

En este sentido, relativizó la posibilidad de que Pimco se pueda sumar, más allá de que no participe de ninguno de los tres comités y de que el Gobierno le haya generado un “salvoconducto” para dolarizar sus bonos cuando el fondo advirtió que vendería sus posiciones bajo ley local.

“Les prometieron un valor que todavía no está cerrado y, además, ¿por qué habrían de confiar en un gobierno que ya entró en default y que no parece apurado por resolverlo?”, explicó el ejecutivo.

Luego de la primera oferta, que tenía un valor cercano a los 38 dólares a una tasa de descuento del 10%, los acreedores “entendieron que el equipo económico perdió toda credibilidad y que quería llegar a las mayorías a través del abuso de las cláusulas legales, con la denominada estrategia de Pac Man”, acotó.

“La conclusión general es que el Gobierno negocia poco y de mala fe y que, si se aceptara el uso de estas cláusulas, se estaría sentando un mal precedente para futuras reestructuraciones soberanas”, explicó.

Por ahora, mientras el Gobierno ratifica que no habrá una nueva oferta por encima de los 53 dólares, los acreedores conversan con los bancos asesores contratados por el Gobierno (HSBC y Bank of America) y con los abogados que representan al estado argentino, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, según fuentes oficiales. “La idea es tratar de mejorar la oferta para generar una mayor aceptación”, indicó la fuente ligada a los principales bonistas.

Otra fuente destacó que las conversaciones son “constructivas” y descartó que haya un ánimo beligerante entre los acreedores que lleve a pensar en una presentación judicial o en la aceleración de la deuda a raíz de los bonos que ya cayeron en default en los últimos dos meses.

Esta situación de calma se mantendrá, aclararon las fuentes, mientras el país siga mostrando, en forma directa o indirecta, voluntad de negociar.

En cuanto los acreedores sientan que se cerraron las puertas, podrían optar por alguna de las medidas mencionadas, o por vender sus bonos y generar una baja masiva en los precios, que los dejaría servidos para que los compraran fondos buitre como el de Paul Singer y otros que litigaron contra el gobierno hasta 2015.

A la vez, el ejecutivo dijo que, si la oferta se acercara a lo que pretende el grupo Ad Hoc, “la Argentina debería pagar solo unos USD 2000 millones más de lo que está ofreciendo ahora, frente a unos USD 25 mil millones que se está ahorrando con esta renegociación”.

“El equipo económico empezó ofreciendo un pago de 200 millones en intereses y ahora pasó a 2000 millones; si duplicara esa suma, a lo largo de los años, cerraría un acuerdo con un costo financiero ínfimo”, detalló.

A la vez, descartó la relevancia de cualquier intervención política del gobierno norteamericano para torcer su estrategia. “Quienes manejan un fondo de inversión en carácter de agentes fiduciarios no van a aceptar un canje que no sea conveniente para sus clientes porque los llame el presidente o el secretario del Tesoro, porque podría tener reclamos posteriores ante los cuales solo responderá ellos y no esos funcionarios”, aclaró la fuente en Nueva York.

Mientras tanto, el Gobierno se apura para sumar, al menos, a los acreedores minoristas que no entraron hasta el 8 de mayo, cuando el canje cerró con una aceptación menor al 15 por ciento.

En este sentido, otra fuente del sistema explicó que la banca privada en el exterior le está pidiendo a sus clientes minoristas que presten o no su conformidad al canje antes del martes próximo, pese a que faltan varios días para el cierre formal de la operación, el 4 del mes próximo.

“Los ejecutivos de banca privada están pidiendo una respuesta de los inversores minoristas para el lunes. Y varios se van a sumar porque muchos tienen miedo de quedarse afuera de la elección de los bonos más líquidos”, explicó.

En el país, La Caja de Valores informó que los tenedores de bonos tienen tiempo hasta el 30 de este mes para informar si entran al nuevo canje; los que ingresaron al primero no necesitan hacer ningún trámite, ya que recibirán en forma automática las mejoras de la última oferta.

Así y todo “los fondos institucionales no van a participar, salvo los del comité de Fintech y Gramercy, que tiene unos USD 4000 millones, o sea, menor al 10%, frente al 32% que tienen los comités Ad Hoc y los Exchange BondHolders”, detalló.

Dado que “la condición de participación mínima es del 66,6%, según el prospecto de invitación al canje, es posible que no se llegue a esos números”, concluyó.

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