“No soy un loco suelto y no ando con una chequera de expropiaciones”, dijo en las últimas horas el presidente Alberto Fernández, en tono de autocrítica por el fallido intento de intervenir y expropiar la empresa Vicentin, que se declaró en convocatoria de acreedores por una deuda que supera los 1.300 millones de dólares.
Uno de los motivos que habrá provocado el cambio de estrategia de Alberto Fernández, fue el amplio rechazo que tuvo la expropiación de Vicentin en gran parte de la cadena agroindustrial y la sociedad, que se movilizaron en diferentes puntos del país con el fin de expresar el malestar y la férrea defensa de la propiedad privada.
Sin embargo, la Senadora nacional por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, dijo en declaraciones radiales que el presidente “mantiene la idea de expropiar Vicentin si hace falta. El objetivo es que la empresa no colapse”. La legisladora por la provincia de Mendoza, es una de las que impulsa el avance la idea de que el gobierno avance sobre la empresa agroexportadora del norte de Santa Fe.
En todo este contexto y tras la decisión de restituir el manejo de la compañía al directorio de Vicentin, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, convocó para hoy a los directivos de la empresa y a funcionarios de la Inspección General de Personería Jurídica de la provincia de Santa Fe, para iniciar un proceso conciliatorio con el objetivo de buscar un acuerdo entre las partes. También participarán los representantes de la sindicatura, que por el momento tienen a su cargo la administración de Vicentin.
En su resolución, el juez llamó a las partes a “un proceso conciliatorio entre las partes interesadas” con la finalidad de “convocar a los principales protagonistas de la búsqueda conjunta de una solución restaurativa de la presente litis”.
Desde Vicentin, fuentes cercanas al directorio consideraron la convocatoria como una instancia procesal en el marco de la convocatoria de acreedores. Además, reiteraron que en el marco del proceso se deberá encontrar una solución para la cancelación de la deuda, una vez que se determine el pasivo de la compañía, y luego del pago de las obligaciones ante los acreedores, la idea es avanzar en un plan de negocio como se trató de diseñar desde un primer momento hasta que surgió el gobierno con sus anuncios de intervención y expropiación.
Si bien en Vicentin sostienen que la familia quiere conservar la empresa o una parte de la misma, proyectan que con un país normalizado y competitivo se podría definir una estructura con acreedores que pueden salir con flujo comercial, capitalizar la demanda e ingresar en la compañía. Los activos de Vicentin cotizan alto, a través de la planta de molienda de soja, la planta de Renova, y el puerto de Ricardone, donde está concentrado el negocio de girasol.
Santa Fe
Por su parte en el gobierno de Santa Fe, y en permanente diálogo con la administración nacional, según lo que pudo saber este medio, trabaja en varias alternativas que formen parte de una propuesta comercial con el propósito de lograr un acuerdo con todas las partes, con el foco de encontrar la forma en que se recupere la confianza en Vicentin y de qué manera se puede capitalizar la compañía para realizar la molienda de materia prima en todo su potencial.
Muy cerca de Alberto Fernández sigue trabajando Gabriel Delgado, que fue designado por el gobierno como interventor de Vicentin, pero que nunca pudo asumir el cargo por la decisión de Lorenzini de restituir en sus funciones al directorio de la compañía. Delgado monitorea la negociación en Reconquista, con el convencimiento de que si no existe una originación de la confianza, se convertirá en algo imposible la reactivación de la agroexportadora.
Una nota publicada por este medio en junio de este año planteaba esa cuestión como uno de los principales ejes que debería tener la negociación, con el siguiente interrogante: ¿Podrá la nueva Vicentin convencer a los productores de que será una empresa confiable? La respuesta al mismo debería ser determinante en la construcción de todo el andamiaje para rescatar a la agroexportadora, que sin soja suficiente podría quedar reducida a un conjunto de silos y fierros improductivos.
Uno de los planes que se analiza en los escritorios oficiales, es la capitalización de deuda a todos los acreedores, donde se transformaría parte de la misma en acciones de la empresa. En ese esquema habría una importante participación de los bancos del exterior, corredores de granos, y las cooperativas, entre otros actores comerciales.
Pero además todo ese proceso deberá ser acompañado por nuevas inversiones, para que especialmente, aporten fondos para la cancelación de la deuda con los productores que están necesitando que eso suceda para continuar en la actividad. Infobae al consultar a fuentes cercanas a la negociación sobre los detalles del Plan, las mismas aseguraron que todavía no hay precisiones al respecto.
En relación al movimiento cooperativo, uno de los principales actores es la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), el principal acreedor comercial de Vicentin, y que podría ser uno de los eslabones a tener en cuenta en la futura estructura de la empresa. Hay que recordar que la semana pasada, el presidente de la Nación participó de una videoconferencia con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y las autoridades ACA, que están construyendo un nuevo puerto en la ciudad santafesina de Timbúes.
El nuevo puerto de ACA consiste en una inversión de 140 millones de dólares, y contará con depósitos de almacenaje por 200 mil toneladas de soja, maíz, trigo y sorgo en 31 silos verticales de hormigón con fondo cónico pero que se encuentran elevados.
El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, opinó sobre el rol que ha tenido la Asociación en los últimos tiempos: “ACA ha dado sustento a casi 1.900 productores cooperativos que estaban dentro del concurso, y ha podido y ha querido sostener a esos productores y a esas cooperativas a pesar de que Vicentin no honró sus deudas hasta ahora. Esto muestra dos cosas: el ámbito virtuoso que es el cooperativismo y por otro lado que tenemos en el cooperativismo una gran empresa que, creemos, que junto a otros acreedores o sectores que puedan invertir, con los trabajadores y quizás con el mismo Estado, en la proporción que se decida, dentro del proceso judicial se puede buscar una solución y que haya una empresa nacional fuerte que siga respetando a los productores, que ayude a formar mejores precios y para que no haya tanta concentración dentro de las empresas que están dentro del circuito exportador argentino”.
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