La megaemisión de pesos es la gran amenaza para el plan de reactivación del Gobierno

Los interminables meses de estricta cuarentena dejarán un panorama verdaderamente dantesco. La desocupación treparía del 10% a cerca del 15%, la pobreza superaría el 45% y el cierre de comercios se cuenta de a miles. Pero las matemáticas empezarán a jugar a favor: de una economía completamente inactiva sólo se puede salir para arriba. Eso significa que desde el mes próximo, cuando ya se alivien las principales medidas de aislamiento forzoso, los números de actividad van a empezar a jugar a favor.

Allí reside la gran esperanza que alberga Alberto Fernández y la confianza sobre la recuperación. Pero el partido hay que jugarlo con varios goles en contra de arranque. Según un estudio realizado por el Grupo SBS, la economía argentina será la cuarta del mundo que más caerá este año (más de 12% luego de la última extensión de la cuarentena) y en 2021 sería la segunda de peor recuperación (menos de 4%), basado en los números distribuídos por el FMI.

Martín Guzmán realizó durante la semana una lectura particular sobre el derrumbe: “En realidad no nos fue peor que otros países por haber extendido la cuarentena. La economía ya iba a caer antes de la pandemia por arrastre del año anterior, así que el punto de arranque nuestro ya era muy negativo. No nos fue peor que al resto del mundo”.

Asumiendo como válido que la economía cayó más o menos igual que en todos lados, la verdadera prueba entonces es lo que está por venir. ¿Cómo será la reactivación? ¿Qué sectores impulsarán el crecimiento después de semejante debacle? Ninguna de las preguntas que se formulen tendrán una respuesta adecuada si antes no se aborda el principal problema que presenta la economía argentina: la total ausencia de confianza, tanto de los consumidores como de los inversores.

El objetivo en el corto plazo será revivir el consumo, que es de donde puede venir el único impulso para sacar a la economía de la fuerte recesión que atraviesa. Pero la tarea no es sencilla: millones de argentinos que trabajan en la informalidad o por cuenta propia vieron sus ingresos menguados por la cuarentena. Algunos directamente dejaron de percibirlos y los reemplazaron lastimosamente con los $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencias (IFE). Y millones de asalariados que consiguieron mantener sus salarios lo lograron por el aporte del Estado, que pagó hasta 50% de los mismos a través del programa ATP.

“Tenemos que lograr que la gente pierda el miedo a consumir, que es algo que se está notando en todos los países que están saliendo de la cuarentena”, explica Guzmán. Se juntan por lo tanto dos efectos desfavorables para la etapa de “normalización” de la economía que se avecina: hay menos plata en los bolsillos y los que conservaron sus ingresos tienen temor sobre el futuro. Además, la mayoría de los sectores no tendrá paritarias, con lo cual los salarios perderán contra la inflación.

Agosto es el mes indicado para poner en marcha las medidas de reactivación. El “trampolín” será la recuperación desde el quinto subsuelo. Se mezclan dos factores: estadísticamente la actividad comenzará a mostrar un repunte importante contra meses anteriores por la apertura más rápida de distintos sectores. Y además se cerraría el acuerdo de deuda lo que también debería mejorar el clima entre los inversores. El grado de adhesión, no obstante, será una cuestión relevante. El propio Alberto Fernández les manifestó a los empresarios del G-6 en el desayuno del 9 de julio su optimismo por salir del default e incluyó a BlackRock entre los que terminarán acordando.

Éstas las cuatro patas del “plan” que prepara el Gobierno para alejarse lo más rápido posible de la crisis:

Moratoria impositiva: con fuertes quitas de intereses, punitorios y amplísimas cuotas para pagar, el alivio fiscal que recibirán miles de empresas e individuos es muy relevante, considerando además que se extiende hasta las deudas del 30 de junio. Es decir que el Estado pone su parte para intentar que menos empresas se fundan luego de varios meses con escasa o nula actividad. No se perdonan impuestos, pero se da amplio margen para que el sector privado se ponga al día.

Más cuotas para consumir: el sitio “eldestape” reveló que se está estudiando ampliar el actual Ahora 18 a más sectores de la economía pero además brindar 90 días de gracia para el pago de la primera cuota. En una economía inflacionaria es una gran invitación para consumir y, como decía Guzmán, tratar de dejar atrás el miedo a gastar que tienen muchos ante la caída de la actividad y la falta de un horizonte económico claro.

Vuelven los Cedines: el plan que discutió la Cámara Argentina de la Construcción con el Gobierno es ir a un nuevo blanqueo pero que el dinero se pueda utilizar para financiar obras desde el pozo o incluso compra de unidades nuevas. Es una reedición de los Cedines, aquellos certificados que se lanzaron durante el segundo gobierno de Cristina para minimizar la economía. Guillermo Moreno fue uno de sus impulsores. El impacto fue mediocre. Hubo poco blanqueo, aunque ayudó al menos para mover un sector que ya en 2012-2013 venía muy golpeado. La idea es canalizar estos recursos a través de fondos inmobiliarios que tendrán cotización bursátil.

Nueva obra pública: es el típico recurso para mover rápidamente la actividad y sobre todo generar empleo, teniendo en cuenta que la construcción es mano de obra intensiva. Claro que los recursos no abundan y cualquier aumento adicional en partidas para financiar este tipo de iniciativas generaría un golpe adicional a las ya maltrechas cuentas públicas.

Estas medidas están en el típico manual de decisiones reactivantes que el kirchnerismo ha puesto en marcha desde el 2003, desde ese punto de vista no hay nada demasiado nuevo bajo el sol. Por otra parte no hay mucho para inventar. Con escasos niveles de inversión privada y sin apertura comercial, la única posibilidad de rebote en el corto plazo es tratando de inflar como sea el consumo interno. El plan que se presentó para incentivar el turismo, en el cual el Gobierno acreditaría en una tarjeta para los que compren paquetes locales, parece una idea muy razonable para incentivar la demanda.

Sin embargo, hay un problema anterior y mucho más acuciante a la hora de poner en marcha estas medidas reactivantes. Se trata de la “bomba monetaria” que se viene gestando desde el arranque del Gobierno pero claramente la mecha se encendió a partir de la cuarentena.

Los números son alarmantes. La emisión monetaria supera los 1,5 billones de pesos y la emisión de Leliq por parte del Banco Central para absorber esos pesos excedentes ya se aproxima al billón de pesos. Aunque todos los países del mundo sin excepción tuvieron que recurrir a la expansión monetaria para salir a socorrer a las empresas y a la gente que se quedó sin trabajar por la cuarentena, en un país como la Argentina el riesgo es enorme.

Por ahora la inflación sigue adormecida, por la recesión y el congelamiento de precios en buena parte de la economía. Pero esto recién empieza. Roberto Cachanosky ayer en redes sociales fue lapidario: “Estamos ante una masacre monetaria que termina en un plan Bonex o en una hiper”.

La teoría indica que el “rezago” desde que se toma una decisión monetaria hasta que sus efectos impactan en la economía demora entre nueve meses y hasta un año y medio. Pero en la Argentina estos tiempos se acortaron porque ya existe una “gimnasia” inflacionaria. Si esto es cierto, la gran prueba de fuego para saber si el Gobierno es capaz de manejar este desborde monetario será –cuándo no- a fin de año. Recién a fin de 2020 será posible tener una idea más clara sobre el futuro rumbo económico: si habrá una recuperación acotada, más vigorosa o se va hacia un nuevo descontrol cambiario con un fortísimo impacto inflacionario que incluso podría hacer añorar el 53,8% que dejó Mauricio Macri en 2019.

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