Deuda: cuando termine la restructuración con los bonistas, el FMI buscará cerrar un programa largo y con reformas estructurales con Argentina

Mientras se define el resultado del canje de deuda con los acreedores privados en que se embarcó el gobierno de Alberto Fernández con la propuesta que presentó ante la SEC (el regulador del mercado de valores de EEUU), el Fondo Monetario Internacional espera al final del camino.

Más allá del rol de aliada política que jugó en los últimos meses su directora, Kristalina Georgieva, el Fondo sigue siendo el principal acreedor de la Argentina, con los poco más de USD 44.000 millones que desembolsó de los USD 57.000 millones de crédito que entre junio y septiembre de 2018 había concedido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Tres fuentes que conocen profundamente el organismo y el mundillo de Washington coincidieron en dos cuestiones. Una, que la restructuración de la deuda con los bonistas privados no puede darse por sentada. Y dos, que aun si el Gobierno logra restructurar la deuda con el acuerdo de una mayoría robusta y que no deje dudas sobre el éxito de la operación, necesitará un acuerdo “largo” con el FMI, concretamente un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” (Extended Fund Facility) que le permita cancelar la deuda en hasta diez años.

La lectura de los expertos

Claudio Loser, ex director del Departamento “Hemisferio Occidental” del Fondo comentó a Infobae: “los aspectos técnico-legales de la oferta argentina son vistos como una ´avivada’, no sólo por los bonistas sino también por algunos gobiernos y organismos multilaterales. El mensaje que están dando es que en el próximo default quieren que la restructuración sea más fácil; si no se mueven de esa posición habrá problemas”.

En el mismo sentido, otro ex-funcionario del Fondo, que participó de varias misiones en América Latina y trajinó reuniones de directorio, recordó que un miembro de uno de los comités que ya anticiparon su rechazo al convite oficial le dijo que buscarán cobrarle caro a la Argentina (en “Valor Presente Neto” o de cambios a la estructura legal) el tener un ministro de Economía que quiere pasarse de astuto.

“Este va a ser el primer canje, porque va a haber varios”, dijo Héctor Torres, representante por la Argentina en el directorio del Fondo durante las gestiones ministeriales de Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay. Más allá del tironeo por el valor de la oferta, señaló Torres, el diseño irritó no solo a los bonistas sino también a funcionarios internacionales en la medida que socavarían las Cláusulas de Acción Colectiva ICMA (por International Capital Markets Association) apoyadas expresamente en 2014 por el G20 y el FMI, justamente para superar problemas como la “Cláusula Pari Passu” con la que holdouts y fondos buitre habían acorralado a la Argentina en los tribunales neoyorquinos.

El acuerdo por las CAC-ICMA se logró al cabo de un largo camino en el que no fue posible crear un “Tribunal Internacional de Quiebras Soberanas”, como había propuesto en 2002 la entonces subdirectora del Fondo, Anne Krueger. Ahora justo la Argentina quiere hacerle evitar esas cláusulas mediante dos artilugios: la “redesignación” y el “método Pac-Man”.

Anna Gelpern, una experta en finanzas internacionales y profesora de la Universidad de Georgetown, comparó la redesignación (que permite al gobierno excluir votos desfavorables del cálculo de mayorías) con “un presidente que cambia el modo de contar los votos después de perder una elección” o, peor aún, con “una Constitución que permite al Estado manipular a piacere el proceso electoral”.

El Método Pac-Man, a su vez, consiste en repetir el procedimiento con mejoras marginales de oferta que para los que ya aceptaron son un extra y para los que no una reiterada presión para imponerles, con un piso asegurado, aquello que ya rechazaron en número contractualmente suficiente. La única concesión de Guzmán fue un “umbral mínimo” de aceptación del 50% del monto a reestructurar para no ser obligado a barajar y dar de nuevo.

Mark Sobel, quien fue representante de EEUU en el directorio del FMI y funcionario del Tesoro durante el gobierno de Barack Obama, lo dijo expresamente: “mi único interés es que cualquier arreglo use de buena fe las CAC (cláusulas de acción colectiva) apoyadas por el G20, el FMI y el sector privado de 2014 y que son ahora un estándar internacional. Argentina y los acreedores deben adherir a ese estándar”.

Los dichos de Gelpern y Sobel indican que, lejos de ser una posición de bonistas y círculos conservadores, la jugada del ministro Guzmán podría restarle al Gobierno no sólo el apoyo del actual gobierno de EEUU, sino también el de una eventual administración demócrata. E incluso de gobiernos europeos: la UE ya adelantó que los bonos que se emitan en el viejo continente a partir de 2022 tendrán CAC-ICMA.

Luego, con el FMI

Si el Gobierno supera esas vallas con un canje exitoso, deberá luego negociar con el Fondo. Al respecto, dijo Torres, al exceder en su oferta el límite de lo que el propio FMI había considerado “sostenible”, el gobierno señaló que necesitará un acuerdo de largo alcance con el organismo. Un stand-by no sería suficiente. Y un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” requerirá reformas estructurales en temas laborales, impositivos o previsionales.

La lógica de plazos, explicó Torres, es que esas reformas son política y económicamente costosas a corto plazo, pero “pagan” luego. Crea o no en esa lógica, el gobierno de Alberto Fernández necesita el mayor plazo posible para acomodar las cargas financieras y diseñar qué reformas ofrece. Aunque –señaló Torres– es un hecho que la Argentina atraviesa hoy una reforma laboral y previsional de facto.

Loser fue optimista y puso como ejemplo la celeridad con que el Fondo aprobó, por la crisis-Covid, varios paquetes importantes con otros países en desarrollo. El acuerdo deberá ser largo y con reformas estructurales, pero en esas cosas el Fondo tiene los dientes menos filosos que en materia fiscal, financiera y de balanza de pagos, temas que sigue con mayor conocimiento y fiereza, señaló.

Lo que de ninguna manera podrá hacer la Argentina, dijo la tercera fuente consultada por Infobae que prefirió el off the record, es renegociar con el FMI si fracasa la restructuración con los bonistas, frente que prefirió –contra la tradición– atender primero. Y sin renegociación no podrá pagar los vencimientos con el Fondo, muy pesados en 2022 y 2023, todavía bajo el mandato de Fernández.

La fuente también resaltó que contra lo que parece creer, “el gobierno de Alberto Fernández no tendrá ‘palanca’ para imponerle condiciones al Fondo”. El organismo ya acordó con sus principales accionistas la renovación de los Nuevos Acuerdos de Préstamo y Préstamos Bilaterales para mantener capitalizado el organismo y con capacidad para absorber sin problemas un eventual ‘default’ argentino, que sería muchísimo más costoso para el país que para el organismo, cuyos recursos superan largamente lo que le prestó a la Argentina.

Los fondos del Fondo

Entre abril y mayo, en líneas “rápidas”, el Fondo aprobó préstamos por USD 24.730 millones a los países más pobres (incluidos USD 5.177 millones en Centro y Sudamérica) a lo que deben sumarse créditos a países más grandes. Además de USD 5.000 millones adicionales para Ucrania, allí figuran, entre otros, USD 10.800 millones para Colombia, USD 23.930 millones para Chile, y USD 11.000 millones para Perú. México había renovado su línea de crédito “flexible” con el Fondo por USD 61.000 millones en noviembre de 2019, de la que aún no dispuso y, al igual que Brasil, es “elegible” para canje de monedas con la Reserva Federal de EEUU, por USD 30.000 millones cada uno.

Así, explican Eduardo Levy Yeyati y Rodrígo Valdés en un reciente libro sobre el “impacto del COVID-19 en los países en desarrollo”, las economías de América Latina mencionadas tienen un crédito disponible, entre el FMI y la Fed, de USD 170.000 millones.

Los USD 44.000 millones que la Argentina le debe al Fondo son hoy cerca del 4,4% de la capacidad prestable total del organismo (un billón de dólares). Ya se redujeron del casi 44% de la cartera del FMI que llegaron a representar, a menos del 34%, y caerán a menos del 21% a medida que se desembolsen los fondos de los 72 préstamos aprobados en los últimos dos meses a menos del 10% según se amplíe la ronda de auxilios.

El impacto de la crisis sobre las economías emergentes hizo, por ejemplo, que este viernes el diario británico Financial Times argumentara en un editorial que el FMI debería duplicar, de un billón (millón de millones) a dos billones de dólares su base de capital citando que según “Absolute Strategy”, una firma de investigación y consultoría financiera londinense, 37% de los bonos incluidos en el índice EMBI (Emerging Market Bond Index) de JP Morgan podrían entrar en default en los próximos doce meses.

Al respecto, Torres señaló que el Fondo debería recurrir al artículo 27 de su Estatuto Constitutivo (”Provisiones de Emergencia”), el recurso más extremo para actuar en situaciones críticas. Con 85% del voto del directorio, podría prescindir por un año de límites estatutarios y condiciones para sus ayudas financieras.

En un artículo publicado también en el Financial Times, el 31 de marzo pasado, el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay ya había instado al FMI a apalancar, con fondos colaterales, el financiamiento de países emergentes en los mercados de capital privados y aventar así riesgos de corridas financieras. En aquel artículo, el economista alertó también sobre el efecto que las medidas para contener la pandemia tendrían sobre las economías en desarrollo, en especial sobre los sectores más pobres e informales, condenados a cuarentenas que los dejarían sin ingresos e incluso aumentarían la probabilidad de que contraigan la enfermedad.

Historia de la deuda argentina

En los últimos 30 años, la Argentina estuvo casi siempre entre los primeros del ranking de deudores del Fondo.

- En 1989 era el segundo con 9,6% de la cartera, detrás de México (15,7%) y delante de Brasil (7,5 por ciento).

- En 1995, al cabo de los rescates del llamado “efecto Tequila” y el colapso de las economías ex soviéticas, era el tercero, con 9,9%, detrás de México (25,6%) y Rusia (15,6 por ciento).

- A fines de 1999, luego de las crisis del sudeste asiático (1997), Rusia, (1998) y la devaluación brasileña de 1999, peleaba, con 5,7%, el quinto lugar con México, detrás de Rusia (19%), Indonesia (13%), Brasil (11,2%), y Corea (7,8 por ciento).

- En 2006 canceló el saldo que tenía con el organismo y en 2018 volvió con todo, escalando al primer lugar del ranking.

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