La inversión pública cayó a su menor nivel en 15 años y el país comienza a gastar su stock de capital

Por primera vez desde 2005, en 2020 la Argentina podría terminar el año con un stock de capital público menor al que disponía al comenzarlo, señala un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea elaborado por los investigadores Marcelo Capello y Agustín Cugno.

El trabajo apunta que desde 2018, cuando se detuvo bruscamente el crédito externo y el gobierno de Mauricio Macri acordó un programa con el FMI e inició un ajuste para reducir el gasto y el déficit fiscales, cayeron prácticamente todos los componentes del gasto, incluida la inversión pública.

Pero este año debido a la pandemia de coronavirus y ante la caída de recursos y el aumento del gasto para auxiliar a familias y empresas por la parálisis forzada de la economía, las “erogaciones de capital” (esto es, la inversión pública en construcción, reparación o mantenimiento de carreteras, puentes, hospitales, trenes, escuelas, redes de gas, electricidad, agua potable, cloacas, equipamiento, etc) cayó bruscamente, al punto de que en 2020, si se toman los datos del período enero-mayo, es en términos reales la más baja desde 2005, menos de un tercio de lo que había llegado a ser en 2009 e incluso 61% inferior del nivel que había registrado en 2017.

“En el corto plazo normalmente los gobiernos recurren a realizar ajustes del gasto vía erogaciones de capital, por el menor costo político que ello implica”, dice el trabajo, lo que explica que esas partidas fueron las más afectadas en los últimos años. “Entre 2017 y 2019, la Inversión Real Directa (IRD) del Sector Público Nacional (SPN) cayó 47% en valores constantes, y las Transferencias de Capital (especialmente a provincias) y Otras Erogaciones de Capital, lo hicieron un 69%”, señala un pasaje. “En ese mismo lapso, el Gasto en Personal bajó un 28%, y lo hicieron 6% las erogaciones en Prestaciones Sociales”.

La cuestión se agravó este año. El trabajo precisa que, a valores de hoy y para el período enero-mayo de cada año la IRD fue de $134 mil millones en 2015, $71.000 millones en 2019 y $45.000 en 2020, lo que implica una caída del 66%, en valores reales entre 2015 y 2020, lo que retrotrajo el nivel de inversión pública a los valores de 2005.

A su vez, el estudio constata que la inversión pública por parte de las provincias (sumando a la IRD de la Nación las transferencias de capital a distritos del interior) ya había retrocedido en 2019 a niveles similares a los de 2005.

En porcentaje del PIB, la inversión pública consolidada (Nación, Provincias y Municipios) alcanzó un máximo del 3,4% en 2009, con otros años destacados como 2011 y 2017 (ambos 3,3% del PIB). Y luego cayó a 2,3% del PBI en 2019. La tendencia se acentuó en 2020: la Inversión ya no alcanza siquiera a compensar el desgaste y amortización del capital público. La economía empieza a “comerse” su capital, a descapitalizarse, al menos en términos de inversión pública, que constituye la estructura básica sobre la que se asienta la inversión privada y de las que resultan las posibilidades productivas de la economía.

“La inversión pública suele ser la partida elegida para los ajustes fiscales a corto plazo, por su menor costo político, pero si esa situación se prolonga, afecta negativamente las posibilidades de crecimiento económico y el bienestar de la población, por el deterioro de la infraestructura económica y social”, advierte el trabajo.

Pandemia de inversión

De hecho, el estudio precisa que en los primeros cinco meses del año, mientras las “Transferencias Corrientes a Provincias” (coparticipación y otras ayudas financieras) y las “Transferencias corrientes al sector privado” (por caso, el pago de sueldos privados y la concesión de créditos a través del ATP y el pago de subsidios como el “Ingreso Familiar de Emergencia” a través de la Anses) crecieron 180,2% y 75% respectivamente, la “Inversión Real Directa” cayó 36,6% y el renglón “Otros gastos de capital” colapsó, al registrar una caída de 97,1%).

Una de las consecuencias de esta evolución es que en 2020, por primera vez desde 2005, período que abarca el estudio, la Argentina se “comerá” parte de su “capital público”.

“La variación anual en el stock de capital público resulta de restar a la inversión pública bruta la depreciación del capital público del período”, dice un pasaje del trabajo, que precisa que el stock de capital público aumentó a tasas crecientes hasta 2011, se estabilizó en tasas de aumento cercanas al 2% entre 2012 y 2015 y luego volvió a caer (salvo en 2017) hasta 2019, cuando aumentó sólo 0,4%. Pero en 2020, “debido a un adicional recorte en la inversión pública, el stock de capital público podría caer un 0,8%, es decir, la inversión pública bruta no alcanzaría a cubrir la depreciación de la infraestructura económica y social del período. Implica una descapitalización en materia de capital público, con sus consecuencias sobre el crecimiento y el bienestar a largo plazo”, dice el trabajo.

En la post-pandemia o “nueva normalidad” la Argentina tendrá que hacer un esfuerzo enorme para reducir el déficit primario e incluso lograr un superávit, racionalizando a su vez el gasto para revertir la incipiente descapitalización de la economía.

La inversión consolidada

El estudio también precisa que la inversión pública “consolidadada” de Nación, Provincias y Municipios subió progresivamente entre 2005 y 2011, se estabilizó luego y cayó en 2018 y 2019. Los mayores valores de los últimos 15 años fueron 2011 y 2017. Entre 2005 y 2009 el 55% de la inversión pública era ejecutada por las provincias, 26% por la Nación y 19% por los municipios. Luego, entre 2010 y 2016, la Nación mantuvo su participación entre 32% y 40% de la inversión pública total y entre 2017 y 2019 creció la participación de las provincias, porque la Nación soportó la mayor carga del ajuste fiscal a partir del acuerdo de 2018 con el FMI.

Por lejos, la provincia de mayor inversión pública en relación a su población fue San Luis, con un valor de $ 40.947 (a valores de 2019) por habitante, más de cuatro veces el promedio total, de $ 9.881 por habitante y unas diez veces más que el nivel de inversión pública por habitante de Santa Cruz, Buenos Aires y Tucumán, que fueron las provincias que menos inversión pública realizaron en relación a su población (Santa Cruz, es a su vez, la segunda provincia en tamaño del país, después de Buenos Aires, y la segunda con menos habitantes, después de Tierra del Fuego). Por regiones, la mayor inversión pública por habitante se dio en Cuyo y la menor en la región pampeana.

Por último, el estudio advierte que el stock de capital público es clave en la “función de producción” de la economía” y en términos de infraestructura social. Por eso, alerta, “su disminución resulta equivalente a una caída en la productividad agregada de la economía, con efectos a largo plazo”. Por eso mismo, es la víctima propiciatoria de los ajustes de corto plazo. El problema es que si esa situación se prolonga, alertan Capello y Cugno, “afectará las posibilidades de crecimiento económico y el bienestar de la población, por el deterioro de la infraestructura económica y social”. Como dice el dicho: pan para hoy y hambre para mañana.

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