La decisión de lanzar una nueva y más amplia moratoria impositiva, que tomó el Gobierno de Alberto Fernández y cuyo proyecto de ley entró ayer al Congreso de la Nación, tiene varias particularidades.
La primera son los plazos y los montos. Como el Presidente anunció públicamente, la intención de lanzar una nueva moratoria generó que muchas empresas y particulares empezaran a retacear sus pagos a la espera del anuncio que les propusiera un plan de cuotas, y esto hizo que se acumulara una deuda de $281.700 millones, que se suman a los $230.000 millones que ya se encuentran en diferentes planes de pago.
Llamó la atención el artículo por el que se establece que las grandes empresas que quieran participar de la moratoria quedarán excluidas del mercado cambiario para el pago de algunas operaciones. Básicamente, se les prohíbe durante 24 meses distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria y acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.
“A las empresas grandes les estamos pidiendo ciertos compromisos, como por ejemplo no distribuir utilidades por 24 meses, no pueden hacer pagos al exterior entre las mismas empresas y estamos impidiendo que utilicen mecanismos de elusión a través de la compraventa de bonos”, expresó la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, al referirse a los requisitos establecidos para las grandes empresas que ingresen a la moratoria.
En una entrevista radial, la titular de la AFIP señaló que la decisión de llevar adelante una “ampliación de la moratoria es una medida de alivio para las pymes, los comercios, los monotributistas y las empresas grandes. Es una herramienta para amortiguar una crisis sin precedentes”, agregó.
El Poder Ejecutivo envió ayer al Congreso de la Nación un proyecto de ley que amplía el alcance de la Moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para incluir a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados y aliviar la carga de las deudas acumuladas durante la pandemia del COVID-19. “La iniciativa se aprobó en diciembre por unanimidad y confiamos en que genere un gran consenso cuando se discuta en el Congreso”, expresó la funcionaria.
Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, la idea es que el proyecto pase por la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller, y la de Previsión. Luego se buscará armar un plenario. La semana que viene se comenzará a discutir en esas comisiones y la intención es que sea tratado en una de las dos sesiones acordadas para julio, con muchas probabilidades de que sea más cerca de fin de mes. “En principio hay acuerdo con la oposición para que tenga un ágil y rápido tratamiento”, explicaron conocedores de la dinámica que tiene el palacio legislativo.
Esta norma se “monta” en la moratoria que el Gobierno lanzó en diciembre del año pasado a días de asumir la administración nacional.
Respecto de esta medida, Marcó del Pont señaló que “la moratoria aprobada a fines de 2019 pasado se focalizó en las pymes, que eran el sector más afectado después de 4 años de discriminación y caída del mercado interno. Ofrecía un punto de arranque. La irrupción del COVID-19 hizo que todo el entramado productivo acumule nuevas deudas que la ampliación de la moratoria busca abordar”, indicó la titular de la AFIP, y destacó que esta medida se inserta en el conjunto de políticas diseñadas por el Gobierno para amortiguar la crisis, como el salario complementario, el ingreso familiar de emergencia y los créditos a tasa cero.
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