Los grupos de acreedores más importantes de la Argentina rechazaron la última oferta de reestructuración presentada ayer por el Gobierno ante la Securities & Exchange Commission (SEC), aunque plantearon que “es un paso en la dirección correcta”.
“No alcanza una propuesta que pueda ser apoyada por los acreedores más importantes de Argentina. Ni el Grupo Ad Hoc Bondholder ni el Grupo Exchange Bondholder fueron consultados sobre los términos de la propuesta”, dice un comunicado que emitieron estos dos comités de forma conjunta.
Los bonistas remarcaron que “la propuesta no refleja el aporte vitalmente necesario de los grupos de acreedores más grandes de Argentina para entregar a Argentina una reestructuración de la deuda exitosa”. “Si bien no aceptamos la última propuesta de Argentina, es alentador proporcionar una base para un compromiso constructivo. Estamos preparados para entablar debates sobre modificaciones que puedan lograr una reestructuración consensuada, y creemos que todavía es posible un camino hacia la resolución completa de los problemas restantes”, aseguraron.
Para estos grupos, liderados por los fondos Blackrock y Monarch, respectivamente, romper el estancamiento entre la Argentina y sus acreedores es una “alternativa mucho mejor que otro ciclo de rechazo y examen de alternativas más drásticas en ambos lados”. “Una reestructuración consensuada es la mejor ruta posible hacia un retorno de Argentina a los mercados internacionales de capital y un futuro económico sostenible para el país y su gente”.
Y finalizaron: “Como inversores a largo plazo que desean continuar invirtiendo en Argentina en los años venideros, seguimos unidos en nuestro deseo de alcanzar una solución que no solo brinde al Gobierno el apoyo inmediato que necesita, sino también el marco económico y legal necesario para alentar futuras inversiones en el país”.
El Gobierno acaba de presentar ante la SEC la enmienda a la primera oferta presentada el 21 de abril y, aseguran, es la última. De hecho, el plazo de la propuesta se extendió reiteradas veces para continuar las negociaciones con los acreedores con el fin de poder presentar una modificación consensuada con los principales fondos. Pero ello no fue posible. Si bien hubo acercamientos entre las partes durante los últimos dos meses, el gap final no logró ser resuelto, y las autoridades argentinas decidieron presentar la nueva oferta igualmente, con el aval de algunos fondos del tercer grupo de bonistas, el Comité de Acreedores (ACC). De hecho, Fintech y Gramercy salieron rápidamente a apoyar la propuesta, y lo mismo hizo mediáticamente Hans Humes, del fondo Greylock.
El nuevo prospecto fijó un umbral mínimo de aceptación del 50% para que la oferta no sea declarada desierta. Pero sin los grandes fondos, será difícil que puedan alcanzar ese porcentaje, aseguran en el mercado. De todos modos, entre los tres grupos de acreedores reúnen el 40% de los USD 64.800 millones del total de la deuda emitida bajo ley extranjera; y el Gobierno se propone salir activamente a buscar al 60% restante. Dentro de ese número hay muchos fondos grandes, como Pimco, por ejemplo, que podrían mover el amperímetro. “Los bancos colocadores –HSBC en Europa y Bank of America en los Estados Unidos– comenzaron a moverse y están haciendo un buen trabajo”, dijo un funcionario argentino.
Sorprendió en el Gobierno que el grupo Exchange Bondholders se mantenga en la misma línea que Ad Hoc, ya que entre las mejoras concedidas en la última oferta, figura el cambio legal que beneficia a los inversores de este grupo, tenedores de los títulos reestructurados, de 2005 y 2010. De acuerdo con el nuevo prospecto, los nuevos bonos que reciban estos acreedores mantendrán los identures originales, y eso era un reclamo de este comité. Fuentes del mercado aseguraron a Infobae que este grupo no pretende romper con el Gobierno, aunque buscan una mejora adicional.
Para el Gobierno, alcanzar un nivel de adhesión del 50% será “válido” y hasta “exitoso”, dijeron fuentes oficiales. Lo que intentan transmitir es que no habrá más oportunidades de mejora, que se ofreció más de lo que incluso permitía el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que si no entran ahora –hay tiempo hasta el 4 de agosto–, las posteriores ofertas serán peores. La cláusula RUFO, incluida en el prospecto, establece que si se hiciera una mejora posterior a los holdouts en los próximos cinco años, el Gobierno deberá ofrecer las mismas condiciones a los inversores que ingresen en este canje.
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