Solos en la quinta de Olivos, Alberto Fernández y Martín Guzmán analizaron los detalles finales de la nueva oferta a los bonistas que, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, se publicará en el Boletín oficial y un día más tarde -el lunes 6 de julio- será inscripta ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).
La reunión sirvió para repasar los aspectos financieros de la propuesta y diseñar una estrategia de negociación que permita sumar adhesiones que impliquen bloquear la posibilidad de un juicio por default en los tribunales de Manhattan.
Si la postura de BlackRock y la ambición de ciertos acreedores privados caen abruptamente, Fernández y Guzmán están en condiciones de cerrar un deal que días atrás aparecía casi como un delirante sueño político.
“BlackRock nos movió el arco todos los días. Y no cumplieron con su palabra. Pero ahora nosotros tenemos que avanzar en una negociación que refleje nuestra voluntad de acordar. Tenemos que demostrar que para nosotros no hay ni vencedores, ni vencidos”, le explicó el presidente a su ministro.
- Sí. Está claro que aquí nadie le quiere ganar nada a nadie. Con la negociación de la deuda, nosotros queremos resolver un problema real de la economía de la Argentina, para buscar a continuación una integración inteligente con el mundo -agregó el ministro.
- Totalmente de acuerdo -cerró Fernández.
El detalle de la oferta
Según interpretan en el Gobierno, la oferta es atractiva para los bonistas y satisface determinadas exigencias que plantearon durante toda la negociación. El ministro cruzó los límites de sostenibilidad de la deuda externa recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y achicó su agresivo recorte del capital y los intereses adeudados, ante la imposibilidad de cerrar un deal con la mayoría de los acreedores privados.
La amplitud final de la propuesta es responsabilidad política del Presidente, que optó por aumentar la oferta original -más de 10.000 millones de dólares- a cambio de lograr una reestructuración exitosa de la deuda en medio de la crisis económica causada por el COVID-19.
En este contexto política y económico, se explica el malestar de Fernández con BlackRock y su poderoso CEO, Larry Fink. El jefe de Estado le pidió a su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que hablara con Fink para encontrar un punto de contacto entre las aspiraciones de BlackRock y las necesidades financieras de la Argentina. Esa conversación ocurrió hace unas semanas, y pareció que había sido auspiciosa para la Argentina.
“Si la propuesta es entre 50 y 55 dólares de NPV, nosotros adherimos”, le dijo Fink a AMLO.
López Obrador, que es amigo personal de Fernández, llamó a Olivos y le contó la promesa del CEO de BlackRock. Por esas horas, el Presidente y su ministro de Economía pensaron que la negociación de la deuda externa se encarrilaba y que la propuesta oficial podía obtener mayorías que esquivaran una declaración de default.
Fink no cumplió con sus promesas y puso obstáculos sobre obstáculos para trabar un deal que era probable y verosímil. Si se analizan las ofertas que presentaron los grupos de acreedores privados nucleados en Ad Hoc -liderados por BlackRock- y en Exchange -conducidos por Monarch-, nunca se hace mención a un Valor Presente Neto (NPV) de 50 a 55 dólares, como anticipó AMLO a Alberto Fernández. Siempre estuvo por encima, casi llegando a los 60 dólares de NPV.
“Nosotros queríamos hablar con Alberto Fernández, y no pudimos. Guzmán nunca nos entendió. Y al final de la negociación, arreglaron que UBS presentara una nueva oferta cuando todos sabemos que trabajan para otros fondos. Esa jugada terminó de romper todo”, confió a Infobae un vocero de BlackRock que habla español y conoce New York como la Ciudad de México.
- ¿Si los llaman a negociar, van?-, preguntó este periodista.
- Con el Presidente. Y con nadie más.
La estrategia de negociación diseñada por Fernández y Guzmán apunta a sumar adhesiones de los grupos Exchange y Ad Hoc, que ya no se comportan de manera homogénea pese a los acuerdos privados de lockup que cerraron en las últimas horas. En la jerga financiera, un acuerdo de lockup implica que nadie puede abandonar el grupo de pertenencia para firmar un deal unilateral con la otra parte.
Pero la oferta oficial tiene distintos argumentos financieros que abren la posibilidad de coronar un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes. El Gobierno abrió la mano y pusó la propuesta de reestructuración en un punto muy cercano de las pretensiones de los acreedores privados.
Si BlackRock no presiona a fondo con el lockup coordinado con sus socios de Wall Street, la oferta debería tener un amplio margen de aceptación cuando concluya el tiempo de regateo entre el Gobierno y los bonistas bajo legislación extranjera.
Por la información que confirmó Infobae en Balcarce 50, la propuesta que se hará pública hoy establece las siguientes condiciones legales y financieras:
1. El plazo de negociación se estira hasta mediados de agosto, cuando estaba previsto su vencimiento el próximo 24 de julio. Esta decisión se tomó considerando que iniciaron las vacaciones en Estados Unidos, y que entonces será necesario más tiempo para lograr los acuerdos que permitan alcanzar las mayorías previstas en las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC’s).
2. Se reconoce a los titulares de bonos Exchange 2005-2010 sus derechos adquiridos, que serán incluidos sin modificaciones en los nuevos títulos a canjearse.
3. El Valor Presente Neto (VPN) de los bonos será promedio de 53,3 dólares por cada lámina de 100 dólares. Y en el caso de los Exchange, alcanzará a 57 dólares de VPN.
4. La quita de capital será promedio del 3 por ciento. Y de cero en los bonos Exchange.
5. Se reconocerán los intereses devengados del capital al 31 de agosto de 2020 para los titulares que adhieran entre las fechas tope de negociación.
6. Se pagarán los intereses del cupón en febrero y agosto de cada año. Esto implica un adelanto temporal, beneficioso para los bonistas, y arrancará en agosto de 2021. El porcentaje rondaría el 1 por ciento anual.
Alberto Fernández está conforme con la negociación ejecutada por Guzmán. El ministro ahora tiene la difícil tarea de lograr las mayorías para evitar un juicio por default. Es decir: necesita un 75 por ciento de las CAC’s en los bonos K, y un 66 por ciento en los bonos M.
Guzmán sabe que estos porcentajes dependen de romper a los grupos de acreedores privados que lideran los fondos BlackRock y Monarch. O, finalmente, cerrar un acuerdo con Blackrock, que tiene suficiente poder corporativo para ordenar a los bonistas remisos. Tarea compleja, aunque no imposible.
Todo iniciará el lunes 6 de julio y concluirá hacia fines de agosto, en medio de otro default consumado -segundo consecutivo- por decisión política Alberto Fernández y Guzmán. La oferta oficial es generosa con los acreedores privados: sorprendería que dijeran que no.
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