La inseguridad es un flagelo que azota también al motor de la economía argentina: el sector agropecuario. Es tan alto el efecto negativo que esta problemática provoca en muchas producciones, que originó que esta semana el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, presentara un proyecto de ley para aumentar las penas y que se tipifique como “vandalismo rural” a cualquier daño contra silobolsas y otras herramientas rurales. Una iniciativa que recibió el apoyo de más de 30 entidades que forman parte de la cadena agroindustrial.
La rotura de silobolsas se ha transformado en uno de los delitos rurales con mayores casos a nivel nacional, donde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) calculó esta semana que más de 5.000 toneladas de granos fueron dañadas en lo que va del presente año.
Uno de los hechos más emblemáticos lo sufrió en carne propia Franco Brarda, en el distrito cordobés de Villa María. En su campo, los delincuentes destrozaron cuatro silobolsas que contenían soja y maíz picado fino para la alimentación de las 200 vacas lecheras de su tambo. “Sentís impotencia y dolor, porque a tanto sacrificio te lo tajean así como si nada”, le dijo el productor cordobés a Infobae.
Y el último caso de rotura de silobolsas registrado tuvo lugar ayer en Adolfo Gonzales Chaves, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En el campo del productor Martín Prieto, fue dañado uno de estos depósitos, cada vez más usados para almacenar granos, que contenía cebada. “Por suerte se pudo recuperar gran parte del cereal”, contó con una mezcla de bronca y alivio.
Pero también tuvo trascendencia la historia de María Miceli y Claudio Parra, pequeños productores de San Pedro. En lo que va del año sufrieron tres robos. El último, tuvo lugar esta semana, y quedó filmado por las cámaras de seguridad que con mucho esfuerzo compraron los productores. Los ladrones se llevaron del lugar 14 ovejas, lo que provocó dolor e impotencia. “En pocos minutos te sacan el trabajo de una vida”, dijo Miceli a Infobae.
Economías regionales, también
Ahora bien, la escalada de delitos rurales de los últimos meses no afectó solamente a las producciones ganaderas y agrícolas de la Pampa Húmeda, sino que también tiene entre sus víctimas a productores de economías regionales, una parte del sector agropecuario con pequeños o nulos márgenes de rentabilidad que empujan a sus integrantes a abandonar la actividad, a pesar de ser el segmento que más mano de obra ocupa en el campo.
A partir de esta situación que plantea enormes complicaciones para dicho sector, Infobae dialogó con dos productores que fueron víctimas de la inseguridad rural, que nos cuentan las sensaciones que provoca la misma, y como todo puede esfumarse en un abrir y cerrar de ojos en repetidas ocasiones.
Juan Carlos Martínez tiene 57 años y es la cuarta generación de una familia que hace más de 100 años que trabaja en la cría de ovejas para la producción de lana y carne en la árida, ventosa y desértica estepa patagónica, más precisamente, en la localidad de Las Heras, en Santa Cruz. Desde que su abuelo puso un pie sobre esa arenosa tierra para fundar la estancia donde producen, en 1912, su familia sufre el robo de animales.
“Acá el abigeato es muy común. En todo el franco de Santa Cruz, pero en los centros poblados existe mucho delito organizado, ya que las extensiones son muy grandes. Por acá un campo normal es muy común que tenga entre 15.000 o 20.000 hectáreas para arriba. Eso nos perjudica el control, pero a su vez favorece a la persona que roba, porque está ducho en el tema, lo viene haciendo con suficiente experiencia y tiene métodos con vehículos y perros. Así te rodean una punta de hacienda, la ponen contra un alambrado y te levantan 20 animales”, explicó Martínez cómo es el modus operandi de los delincuentes.
El productor ovino hizo un repaso sobre su historia familiar ligada a la ganadería, sus vaivenes con la actividad y cómo llegó al colmo de tener que mudar su majada hacia otro campo por cuestiones de seguridad. Esto quiere decir que Ramírez tuvo que dejar el campo de su familia y mudar su ganado a un campo alquilado a 20 kilómetros del suyo, porque se “hartó” de que le roben.
“Este campo es de cuatro generaciones y en cada una de ellas hubo robos. En la década del 90 dejamos muy poca hacienda y en 2010 incorporé de nuevo, pero todos los años venideros me empecé a encontrar con un gran porcentaje de pérdidas por robos”, acotó.
Sin embargo, en los últimos meses Martínez fue víctima del robo más grande en su vida, cuando haciendo un recuento para la esquila, notó que a su majada de machos le faltaban casi 400 ejemplares de 1.500 en total, cuestión que desencadenó la necesidad de buscar otras tierras para poder producir con tranquilidad.
“De la esquila del mes de septiembre, hasta el 10 de abril que terminé de juntar la hacienda, me encontré con que faltaban 370 animales, de una majada de 1.500. Eso te da una impotencia total, porque la hacienda genera un gran recurso y el 80% de los ingresos se vuelcan nuevamente al campo, más cuando los estás repoblando. Cuando hicimos el recuento y nos dimos cuenta que faltaban tantas ovejas, lo primero que haces es salir a recorrer de vuelta para ver si quedaron animales por ahí y buscas todos los medios, porque crees que es imposible que esto ocurra. Sentís que todo tu sacrificio se derrumbó. Le buscas un argumento y no querés entender de porqué te falta todo eso. Te cae muy mal porque uno le apuesta todo a esta actividad”, explicó Martínez.
Con dolor, el productor agregó que “uno está permanentemente haciendo el control y te encontrás con este problema e indudablemente es muy doloroso en lo personal. Yo vengo laburando desde muy joven y siguen ocurriendo estas cosas y que la justicia mire para otro lado y que haya una falta de protección al sector. Dios quiera que nunca te ocurra que encuentres a los tipos robando, porque no sabes cómo va a reaccionar sabiendo que la justicia no existe”.
Todo este derrotero desencadenó que un productor de una familia centenaria de criadores de ovejas haya tenido que alquilar otro campo por la inseguridad: “Yo ya venía viviendo la perdida de hacienda desde 2013, pero nunca tan grande. Entonces tomé la decisión de trasladar mi hacienda a otro campo para tratar de seguir produciendo. Hoy tengo mi campo vacío y tuve que salir a alquilar, por lo que mi producción es otra. Espero poder controlar la cosa un poco más”, dijo.
La inseguridad rural en Mendoza
Raúl Fernández tiene 60 años, es productor rural desde los 18 años en su natal Mendoza, y también alquila a otros productores sus campos en la zona del Valle de Uco, para después cobrar un porcentaje de lo producido. También tiene una larga experiencia en sufrir las consecuencias del delito rural y a fines del año pasado le robaron de su campo en el departamento de San Carlos 8.000 kilogramos de ajo, lo que significó el 25 por ciento de lo cosechado en el ciclo de producción.
Fernández relató a este medio la impotencia que generan los hechos delictivos, aunque en la zona los consideró como una constante y que la repetición de los mismos hizo que pensara en dejar la actividad.
“Cómo te roban es simple: se meten en la propiedad y empiezan a cargar la cosecha en las bolsas. Simplemente se meten y empiezan a cargar. Así me robaron una camionada que ya es una fortuna. Cuando te pasa esto se siente la impotencia de vivir en un país sin justicia, sin progreso y abandonado a la buena de Dios. Esto no es un fenómeno nuevo, sino que viene de hace mucho, ya es una constante”, contó Fernández.
La repetición de los delitos rurales (a Fernández ya le robaron herramientas, agroquímicos, e inclusive, delincuentes entraron a un campo de su propiedad a robar papas) sumado a las magras ganancias que representa su negocio, hizo que pensara en irse de la actividad agropecuaria.
“Irme de la actividad lo estoy pensando hace rato, pero no queda otra que seguir. A parte a mi edad, no hay muchas opciones. Es un cansancio de ver que no se puede hacer un plan a futuro, invertir cuesta mucho, los productos cada vez valen menos. Yo tenía 10 hectáreas de ciruelas y las tuve que arrancar. Todo eso se va sumando a la cabeza del productor y lo va liquidando”.
Sin embargo, y a pesar de los hechos, Fernández considera que “hay que seguir igual y supongo que tener más cuidado, con las cosas más a la vista y poner gente para que cuide la producción”.
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