Cómo impactaron la pandemia y la cuarentena en el interior y cuánto compensó el Gobierno a las provincias

A más de cien días del inicio de las políticas de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (ASPO) y con la mayor parte de la geografía del país en “fase 4”, comienza a notarse el impacto diferenciado de la pandemia y las sucesivas cuarentenas que dispuso el Gobierno nacional y fueron administrando los gobiernos provinciales.

Ningún sector de actividad y ninguna provincia o región resultaron indemnes, pero algunas sufrieron menos o fueron más “compensadas” fiscalmente por la Nación.

Las provincias que parecen mejor posicionadas para la superación de la crisis, según un trabajo de Jorge Day, investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea, son San Luis, Córdoba y Entre Ríos y las más afectadas Mendoza, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.

Todas las jurisdicciones registraron mejoras (respecto del mes previo) a partir de mayo, pero siguen lejos del nivel de actividad de febrero, observó Day, que sigue el pulso de las economías provinciales a través de 4 indicadores: movilidad de Google, consumo de electricidad, venta de autos 0 kilómetro y despachos de cemento.

El gráfico, de una investigación en curso, registra los niveles de movilidad a locales comerciales de la última semana de junio como porcentaje de los de la primera mitad de marzo, antes de la cuarentena. Donde menos cayó la movilidad fue en las provincias del Norte, donde aun así la reducción fue, salvo en Catamarca, superior al 40 por ciento.

En el otro extremo, la movilidad cayó casi 80% en Jujuy y se redujo más del 60% en Chaco, Formosa, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja y Chubut, provincia esta última que casi iguala la reducción nacional promedio. En la Capital Federal (CABA) la reducción medida en la última semana de junio fue inferior al promedio, pero superó el 50% y seguramente se acentuará con el retorno a “fase uno” a partir del miércoles 1 de julio.

Los más golpeados

En cuanto a actividad industrial, la más afectada fue la provincia de Buenos Aires, lo que es “razonable”, acotó Day, pues sectores como textil y metalmecánica fueron muy perjudicados por la cuarentena, tanto en términos productivos como de demanda. También tuvo indicadores muy malos el Comahue: tanto Río Negro como Neuquén tuvieron niveles de infección altos y la última sufrió el colapso inicial de la producción petrolera.

La evolución del consumo de energía de los Grandes Usuarios Mayoristas (GUMA) de los distintos segmentos de actividad refleja la dispar suerte sectorial. En minería y petróleo, la demanda declinó levemente y luego repuntó hasta superar el consumo de prepandemia. En tanto, comercio e industria cayeron fuertemente, pero la última se recuperó a partir de la “flexibilización” de la cuarentena desde mediados de mayo. En las provincias grandes pesó el cierre, aún vigente, de los shopping.

Tras el cierre total de abril, en que por primera vez en la historia no produjo ni un solo vehículo, la industria automotriz se recupera lentamente, limitada no sólo por las dificultades operativas que implica la pandemia sino también porque las ventas siguen relegadas debido al menor poder de compra y la moderación de los gastos incluso de las personas con mayores ahorros o ingresos, mientras se mantenga la incertidumbre.

“El dólar rentable por ahora ha favorecido la compra de autos usados, no tanto de los nuevos”, dijo Day. La construcción cayó fuertemente y se está recuperando más rápido que la industria, al punto que mayo fue, para el sector, mejor que marzo, debido a la construcción privada “con dólares que rinden mucho más”. No así por obras públicas, que dependen de las complicadas finanzas gubernamentales y algún acicate pre-electoral.

Los mejores indicadores (esto es, los menos malos) se dan en la región Centro en parte porque con un tipo de cambio real históricamente alto, Santa Fe y Córdoba tuvieron una pequeña válvula de escape en la exportación. Y aunque está entre las provincias que peor la llevan, en el primer semestre Mendoza pudo aumentar 7% las ventas del sector vitivinícola sosteniendo el consumo interno y colocando en el exterior (a precios más bajos) vino a granel y mosto de uva.

Discrecionalidad

Con la caída de la recaudación nacional de distribución automática a través del sistema de coparticipación federal y de los ingresos propios por recaudación de impuestos provinciales y regalías (la excepción fue San Juan, por el nivel que pudo mantener la actividad minera) las provincias dependen cada vez de la discrecionalidad del gobierno nacional en el reparto de fondos por fuera de la coparticipación.

Un informe del centro de investigación Aerarium hecho por Paulino Caballero, quien fue subsecretario de Relaciones con las Provincias entre 2015 y 2019, estimó en $160.000 millones el monto que las provincias perdieron en fondos de coparticipación durante el primer semestre y 82% de esa pérdida ($131.000 millones) se dio desde el inicio de la cuarentena, el 20 de marzo, cuando el parate forzoso de la actividad económica llevó al colapso de la recaudación, que ya venía de caer 8% en el primer trimestre del año.

El reparto de los fondos “discrecionales” tuvo un fuerte sesgo: 52% fue para el gobierno bonaerense, que incluso recibió el 62% de los fondos para programas alimentarios que se canalizan a través del ministerio de Desarrollo Social. Bien lejos de Buenos Aires aparecen Córdoba (6,1%) y Santa Fe (4,8%). Algunos incluso apuntan una sospechosa coincidencia de tiempos de las firmas de las ayudas a esas dos provincias con el proyecto oficial de intervención del grupo Vicentin, posta que tomó el gobernador santafecino, Omar Perotti.

Cuando a los recursos “automáticos” se les suman los “discrecionales”, resulta que 4 provincias recibieron en el primer semestre más dinero en términos reales (descontada la inflación) que en igual período de 2019: Buenos Aires (19,8%), La Rioja (4,3%), Santa Cruz (1,3) y Entre Ríos (0,3%). Todas las demás recibieron menos, sumando –vale reiterar- las ayudas “compensatorias”.

A su vez, si los montos asignados a través del Programa para la Emergencia Financiera Provincial se calculan en relación a la población, Santa Cruz recupera la posición de privilegio que tuvo en la anterior era kirchnerista, con $9.429 por habitante, seguida por Chubut y Neuquén, con valores bien por encima de los $1.488 por habitante del promedio nacional. En la otra punta está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta ahora recibió cero (0) pesos por ese concepto.

Por regiones, la más favorecida fue la Patagonia, seguida de la región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), en tanto por debajo del promedio aparecen Cuyo y la región pampeana.

Pero incluso en la Patagonia hay diferencias. Recientemente, por caso, YPF decidió trasladar su sede administrativa para el sur del país de Comodoro Rivadavia (Chubut), capital histórica del petróleo argentino, a Las Heras, en Santa Cruz, decisión muy celebrada por el intendente local, el radical José María Carambia, hermano del diputado Antonio Carambia, uno de los cinco que supuestamente no son del Frente de Todos pero que le sirven en votaciones peliagudas. El anuncio del traslado no lo hizo YPF, sino la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner que además también logró que YPF decidiera “subir” 22 equipos de perforación a la provincia y firmó con la secretaría de Vivienda de la Nación, María Eugenia Bielsa, la adhesión de su provincia al programa federal “Argentina Construye”.

No es que los favorecidos de hoy fueran los entenados de ayer. El trabajo en curso de Jorge Day, del Ieral precisa que 10 provincias recibieron en 2019 el equivalente a unos 100 dólares o más por habitante al mes en “transferencias automáticas”: Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Chaco, San Juan, Santiago del Estero y Santa Cruz. Todas eran gobernadoras por opositores, mientras las dos últimas del ranking por los dos principales sostenes electorales del entonces gobierno nacional. Los recursos no automáticos fueron escasos y se notaron en provincias de escasa población, como Jujuy.

Mientras se acerca al final de la larga negociación para reestructurar USD 66.000 de deuda externa, que en caso de éxito le daría una base para elaborar un plan económico con el cual afrontar la post-pandemia o “nueva normalidad”, el gobierno de Alberto Fernández no parece dispuesto a la misma ingenuidad.

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