Los grupos de bonistas argentinos Ad Hoc y Exchange Bondholders aclararon mediante un comunicado que “no se ha emprendido ninguna interacción sustantiva entre ellos y las autoridades argentinas desde el 17 de junio”.
“La falta de una interacción seria por parte de las autoridades de Argentina es sumamente preocupante dado que el tiempo es un factor esencial y todas las partes deberían centrarse en evitar los elevados costos legales y económicos que conllevaría prolongar el incumplimiento de pagos en el que se encuentra el gobierno argentino”, aseguraron los comités de acreedores.
A su vez, remarcaron que continúan dispuestos a participar de forma constructiva con el gobierno argentino para alcanzar un acuerdo mutuo que cuente con el apoyo unánime de los tenedores de bonos.
El comunicado de estos dos grupos que acreedores, que representan unos USD 21.000 millones de los USD 64.800 millones totales -más del 32% de los bonos globales y el 32% de los bonos K- dejó en claro que lejos está el Gobierno de haber acercado posiciones con ellos, a pesar de los trascendidos que circularon en las últimas horas.
“Ese grupo quiere condicionar y liderar el proceso y los pasos, pero no son el único interlocutor ni debiera gravitar todo en torno a ellos. La República evaluará las mejores opciones y decisiones a tomar”, dijo una fuente oficial tras las declaraciones de los acreedores.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, fue claro la semana pasada, en dos exposiciones que realizó ante inversores -ante el Consejo de las Américas y en un evento organizado por la agencia Bloomberg: con el grupo Ad Hoc, que lidera el fondo Blackrock, las negociaciones han sido difíciles y sigue habiendo una distancia en términos económicos y legales, mientras que con otro, el Comité de Acreedores (ACC) el diálogo ha sido constructivo.
Si bien no anunció que había acuerdo, sí dejó en claro que estaban cerca, y lo mismo transmitieron a este medio fuentes del Palacio de Hacienda. Por eso, la opción que están barajando en la cartera económica por estas horas es presentar la nueva oferta -enmienda- a la Securities & Exchange Commission (SEC) entre esta semana y la próxima sólo con el aval de ese comité, que lideran los fondos Fintech, Gramercy y Greylock, y arriesgarse a sumar adhesiones de otros inversores que no integran estos grupos. De hecho, entre los tres comités reúnen el 40% de las tenencias.
Además del planteos realizados en el comunicado de este mediodía, la molestia del grupo Ad Hoc con el Gobierno también quedó transparentada a partir de las declaraciones del inversor Robert Gibbins al Financial Times. El director del fondo Autonomy Capital, que administra unos USD 6.000 millones en activos e integrante del comité liderado por Blackrock, cuestionó duramente a la Argentina por los términos legales que pretende incluir en los nuevos bonos de la reestructuración.
“Tenemos varios problemas aquí que muestran un abuso flagrante de la arquitectura financiera internacional en general para el propósito específico de Argentina”, dijo Gibbins, quien agregó: “Si quieren una oferta sostenible, el gobierno no debería tener problemas para llegar a un acuerdo. . . volver a documentos que son menos fáciles de abusar por la manipulación de mala fe “.
Gibbins planteó que el gobierno está “haciendo un mal uso de los CAC -cláusulas de acción colectiva- en cada paso”, amenazando con excluir ciertas series de bonos de los votos, incluso después de emitirlos, para garantizar que cumpla con los umbrales del acuerdo. El temor es que Argentina reestructura un subconjunto de bonos y luego endulza los términos para tratar de convencer a una creciente proporción de acreedores para que sigan adelante. “Las personas se ven obligadas o amenazadas con una situación de desventaja si no están de acuerdo con la posición del gobierno”, cuestionó el inversor.
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