Desde el primero al diecisiete de julio, Alberto Fernández tendrá una preocupación básica: lograr que los contactos sociales en el AMBA se reduzcan a su mínima expresión para aplacar la curva de la pandemia del COVID-19 y evitar así una crisis en el sistema de salud que obligue a decidir quien va a terapia intensiva para enfrentar a la muerte y quien agoniza en el pasillo de un hospital público.
Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof decidieron un Operativo Cerrojo que implica -entre otras piezas- desplegar fuerzas de seguridad de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal para clausurar la eventual circulación de trabajadores que no cumplen tareas esenciales.
Cada una de la unidades administrativa manejará su propia tropa, habrá coordinación estratégica, y una pieza clave del Operativo Cerrojo será la tarjeta SUBE. Esto implica que se controlará su uso en los molinetes del tren, el subte y en los colectivos del servicio público, pero no se anulará su validez para los titulares de la tarjeta que no trabajan en actividades esenciales.
“Puede ocurrir que una persona tenga una emergencia personal y deba viajar con la Sube. Si anulamos su uso, no se podrá mover y lo estamos perjudicando. Por eso, estamos estudiando bien qué hacemos con la tarjeta”, explicó Alberto Fernández en la quinta de Olivos.
Junto al Operativo Cerrojo, la intención del jefe de Estado, Kicillof y Rodríguez Larreta es profundizar el plan DeTectar, que es un dispositivo sanitario creado por la cartera de Salud para la detección precoz de casos de coronavirus. Para Olivos, Detectar será una herramienta esencial al momento de decidir la continuidad -o no- de la cuarentena intensiva.
El Presidente está satisfecho con los niveles de coordinación que tiene con Kicillof y Rodríguez Larreta, y los tres enfrentan la misma profecía política: llegar al 17 de julio sin achatamiento de la curva y con la obligación institucional de anunciar una nueva prórroga de la cuarentena intensiva.
Alberto Fernández, el mandatario bonaerense y el jefe de gobierno porteño se han jurado lealtad mutua y no dudarán en extender la cuarentena intensiva si la relación contagiados graves versus Unidades de Terapia Intensiva gatilla el colapso del sistema de salud.
En paralelo al control de los contagios y al conteo de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que estarán a disposición de los pacientes graves, Alberto Fernández mantiene reuniones sistemáticas y silenciosas con Santiago Cafiero y Martín Guzmán para diseñar un programa económico que permita reconstruir el aparato productivo tras la debacle causada por la pandemia del COVID-19.
El jefe de Estado presta atención a las oscilaciones de las bolsas más importantes del mundo, y le llamó la atención que hubieran caído tanto después de conocerse que podía haber rebrote de coronavirus a nivel global. “Todo está pendiendo de un hilo, y el capitalismo está cambiando para siempre”, aseguró Alberto Fernández en Olivos.
Con la preocupación puesta en el día después del fin de la cuarentena, Alberto Fernández pretende lanzar un programa económico que se apoye en la capacidad ociosa de las empresas -que no fueron destruidas por la pandemia- y en un fuerte impulso del consumo para generar un eventual círculo virtuoso.
El jefe de Estado afirma que los planes ATP sirvieron para otorgar cierta estabilidad al sistema productivo, y que hacia adelante se debe fortalecer la capacidad adquisitiva de los salarios.
Desde esta perspectiva, el Presidente busca y recoge información sobre las consecuencias del paso del COVID-19 en las economías centrales, y le sorprendió un dato aportado por un diplomático asignado ante la embajada italiana en la Argentina, con quien dialogó en los últimos días.
“Me contó que se demora la apertura de ciertas automotrices italianas que fabrican Scania, porque las piezas que deben venir de Suecia se demoran”, comentó Alberto Fernández sobre su charla con el enviado de la Farmesina. Y remató: “Toda la economía integrada globalmente se ha resentido, y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos toque a nosotros salir de la crisis”.
La reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados aún no avanza a ritmo constante, y la intención presidencial es concluir este asunto clave de la economía para después abrir una negociación friendly con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina debe 44.000 millones de dólares, y Alberto Fernández desea que todo concluya hacia fin de año.
El Presidente y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, han conversado varias veces sobre la futura negociación, y en Olivos aseguran que ya hay un consenso estructural definido. El organismo multilateral de crédito permitiría que Guzmán presente un programa económico sustentable, sin que ello implique un plan de ajuste redactado a miles de kilómetros por la burocracia del FMI.
Alberto Fernández cree que Georgieva va a cumplir sus promesas, una posibilidad que está sujeta a la versatilidad del programa económico que presente Guzmán para evitar conflictos domésticos y pagar los vencimientos que se acumulan en los próximos tres años. La directora gerente del FMI responde a las ordenes del board de países y está acotada por las recomendaciones que hace el staff técnico que revisará los números de la Argentina.
Donald Trump controla el board del FMI, y al momento de ejecutar su poder multilateral observará con detenimiento cómo jugó Alberto Fernández en la crisis de Venezuela y en la designación del futuro titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Trump tiene candidato propio -Mauricio Claver- y el Presidente argentino empuja a Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos.
La Casa Blanca ya no tiene tanto poder global para exigir un plegamiento automático. Ahora, apela al latín básico: Quid pro quo. Es decir: una cosa por otra.
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