En una versión actualizada de la consigna “Vivir con lo nuestro”, el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará profundizar la búsqueda de financiamiento en el mercado local, en dólares y en pesos, ante la falta de avance en la negociación con los acreedores externos.
En paralelo, con más dificultades, intentará cerrar un acuerdo con todos los bonistas menos el comité de BlackRock, al que acusa de mantenerse más duro para acordar una salida del default que comenzó hace un mes.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que se puede seguir dialogando en torno del valor nominal de la oferta, pero no en torno de las nuevas exigencias que el comité Ad Hoc puso sobre la mesa en materia legal días atrás.
Por esta razón, el equipo económico adoptó tres decisiones:
-Profundizar la refinanciación de la deuda en pesos y avanzar en la reestructuración de los pasivos en dólares bajo ley local. “Las licitaciones en pesos vienen muy bien y generan mucho interés entre los inversores. Hay un sector del mercado que sabe que, como vamos a estar fuera de los mercados externos por bastante tiempo, va a seguir participando y apostando a las emisiones locales”, precisó la fuente.
-Tratar de llegar a un acuerdo con los otros dos comités fuera del Ad Hoc; el de los Exchange Bondholders (que tienen bonos del 2005 y con los que hay una diferencia de unos USD 5) y con el comité de Greylock, Fintech, Gramercy y Hans Humes, que están muy cerca de acordar, porque aceptan la oferta de USD 50 más un cupón de recuperación del valor.
-Avanzar en el “escenario poscuarentena” en términos fiscales y monetarios, debido al agotamiento de los recursos y a los peligros que puede generar el dinero emitido desde principios de año. “Por primera vez hay un tablero para ver el día después”, aclararon. Esto se reflejará en el diseño del presupuesto 2021 y en la reforma tributaria que prepara el Ministerio de Economía.
En Economía saben que los datos más positivos que aparecieron en mayo respecto de abril, al parecer, siguieron en junio, pero que, con el nuevo cierre de la economía en el área metropolitana durante las próximas semanas, julio tal vez vuelva a mostrar indicadores más débiles. Se trata, en cualquier caso, de resultados anémicos, ya que la economía cayó el 5% en el primer trimestre, antes de que comenzara la cuarentena más dura y los analistas esperan una caída del 15% en el segundo trimestre y del 9% en el tercero.
Pero la caída podría ser mayor, afirman los analistas y los organismos internacionales, si la cuestión de la deuda no se resuelve en forma rápida y efectiva. Al respecto, la estrategia es avanzar con acuerdos parciales, que posiblemente no alcancen para dejar atrás el default y el gobierno se expone a que, quienes no acepten el canje, aceleren la deuda y no se llegue a las mayorías requeridas por las cláusulas de acción colectiva (CACs) introducidas en los canjes 2005 y 2010.
Esta semana, el ministro afirmó que la fuerte brecha con BlackRock es más legal que financiera. En Economía afirman que hay diferencias dentro del board del fondo que dirige Larry Fink y también entre esta firma y otros que integran el mismo comité.
Más allá de estas versiones, BlackRock -como varios otros fondos- ya no quiere dialogar con Guzmán y afirman que el ministro (y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos) implementaron una estrategia de “reasignación” de bonos que desprotege los derechos de los tenedores.
“La garantía para evitar esto es el indenture del 2005, para evitar la estrategia Pac Man diseñada por Economía, que quiere aprovecharse de la ley, no respetarla”, explicó una fuente de este fondo desde Nueva York.
“Esa decisión de Argentina introduce un antecedente muy complicado para cualquier otra reestructuración, no solo referida a las CACs”, afirmó.
Por esta razón, Blackrock le pidió al Gobierno que elimine el mecanismo de reasignación, reintroduzca la cláusula del Pari Passu en su versión más amplia y que se amplíen los bienes potencialmente embargables en caso de que el deudor no cumpla con sus obligaciones.
“Si un gobierno utiliza una cláusula que se diseñó para evitar holdouts con un fin poco transparente, la respuesta es que queremos mayor protección de nuestros derechos. Este acuerdo que se firme ahora no lo va a pagar Guzmán, lo debería cumplir la Argentina a lo largo de muchos años”, detalló la fuente ligada a BlackRock.
Esto, aclaran, se traduce en un valor mayor de la oferta que el que pretende ofrecer la Argentina. Sin decirlo, consideran que, si el Gobierno ofreciera un valor nominal bastante mayor que los 50 que puso sobre la mesa la última vez, tal vez sacarían de la discusión parte de estas exigencias que, saben, son muy difíciles de conceder por parte del deudor.
Es muy difícil pensar que el Gobierno permitirá habilitar una vía que, en el futuro, les permita a los acreedores que un juez inteprete la cláusula Pari Passu como lo hizo en su momento Thomas Griesa, cuando sentenció que la Argentina no podía seguir pagándole a quienes ingresaron en los canjes 2005 y 2010 hasta que no saldara su pago con los fondos buitre.
Tampoco parece posible que el Gobierno acepte ampliar la lista de activos embargables, cediendo inmunidad diplomática, luego de los antecedentes de la dura batalla legal que se llevó adelante hasta 2016, desde el embargo de los fondos de la Anses y el Banco Central, hasta la simbólica Fragata Libertad.
De todos modos, BlackRock y Ashmore ya parecen decididos: si no hay acercamiento, jugarán a fondo. Habrá que ver entonces qué postura toman los otros fondos de inversión: si aceptan acercarse al Gobierno, aunque “el más grandote”, por ahora, vaya en el sentido contrario.
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