La jueza Loretta Preska decidió hace pocos días que la demanda contra el Estado argentino e YPF por la expropiación de la empresa seguirá cursándose en Estados Unidos y no en el país, como pretendían las defensas locales. Se trata de un juicio que, según los especialistas, le podría costar a la Argentina entre USD 3.000 y 12.000 millones.
Pero no es la única demanda que la empresa cuyo 51% le pertenece al Estado argentino tiene en Estados Unidos. Existe otra causa que tuvo novedades en estas horas, “rutinarias, lo esperado”, según las definieron en la empresa. Se trata de una causa de un origen mucho más antiguo, intrincada e impactante si se mira el monto total del posible reclamo: USD 14.000 millones. Se trata de la demanda Maxus y se tramita en tribunal de quiebras del juez Christopher Sontchi en el estado de Delaware. La contraparte es otra petrolera: Occidental Petroleum Corporation (Oxy).
En octubre se denegó el pedido de mudar la causa a una corte civil y eso, de alguna manera, complica un poco el tema porque en estos tribunales los procesos suelen ser más largos. Queda todo en Quiebras y hay muchos acreedores dando vueltas y muy interesados en que esto se cierre (Maril)
Ambas causas son bien diferentes, pero están en una instancia similar: las partes deben delinear lo que creen conveniente para diseñar lo que se conoce como la agenda del juicio. Así, quedará configurado el discovery, con los testigos y expertos que se presentarán, entre otros detalles procesales.
En YPF aseguran que esta decisión del juez no afecta el fondo de la cuestión y que las novedades son una decisión para dar forma y determinar el procedimiento del juicio. “La estábamos esperando. Hubo una audiencia en dónde se plantearon cuestiones procesales puntuales que el juez resolvió por escrito, como por ejemplo el número de testigos para sumar a la causa, situaciones que tenían que ver con aportar documentos, cuestiones muy técnicas. Ahora las dos partes, tienen que presentar al juzgado un cronograma de cómo sigue el juicio, designar testigos y expertos”, dicen en la petrolera que preside Guillermo Nielsen.
“En octubre se denegó el pedido de mudar la causa a una corte civil y eso, de alguna manera, complica un poco el tema porque en estos tribunales los procesos suelen ser más largos. Queda todo en Quiebras y hay muchos acreedores dando vueltas y muy interesados en que esto se cierre. Ahora habrá un discovery y el juez ordenó que en 30 días se presente la agenda del juicio”, agregó Sebastián Maril, de Finguru.
La causa
YPF compró Maxus a mediados de los ’90. Décadas antes, Maxus fue dueña de una empresa llamada Diamond Shamrock, acusada (luego de la operación con YPF) de haber contaminado el río Passaic, en New Jersey con dioxin, el tristemente famoso “agente naranja” usado en la guerra de Vietnam, en las décadas del ’50 y ‘60.
Después, en 1986, Occidental le compró Shamrock a Maxus, y esta última le otorgó una indemnidad por los pasivos ambientales eventuales que Shamrock hubiera provocado. Es decir: Maxus firmó en un contrato que se haría cargo de eventuales reclamos por contaminación contra Shamrock.
Estabamos esperando la medida. Hubo una audiencia en dónde se plantearon cuestiones procesales puntuales que el juez resolvió por escrito, como por ejemplo el número de testigos para sumar a la causa, situaciones que tenían que ver con aportar documentos, cuestiones muy técnicas (YPF)
YPF se quedó con Maxus en un intento de regionalizarse, para aprovechar activos de petroleo y gas que la estadounidense tenía en Bolivia. Hace tres años Maxus quebró y su causa fue a Delaware. Ahora Occidental, que enfrenta el juicio del río Passaic, asegura que el que tiene que hacerse cargo de todo es YPF, que fue dueña de Maxus. La empresa local argumenta que no tiene que pagar nada y que la indemnidad que dio Maxus en su momento no es transferible. Ese es el eje que se discutirá: si YPF es una suerte de alter ego de Maxus en la contaminación.
“En Estados Unidos las demandas no tienen límite en cuanto al reclamo económico y por eso el cálculo total asciende a USD 14.000 millones. Pero ninguna de las dos partes considera que esa cifra es verosímil. Pero sí, es un número que esta sobre la mesa. Finalmente es el juez quien decidirá, pero no somos solidariamente responsables por Maxus”, argumentan en la torre de la petrolera en Puerto Madero.
“Esta demanda está en pañales, pero será un juicio rápido. En 9 meses podría terminar el discovery, luego vendría la presentación de las pruebas para ver si hubo o no negligencia sobre las finanzas de Maxus y si YPF es responsable de la contaminación. Quedan muchos detalles para resolver”, cerró Maril.
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