Vicentin bajo la lupa: competidores, deudas, qué peso tiene en las exportaciones y por qué los productores no notarían su ausencia del mercado

El banderazo del sábado debe haber mejorado los ánimos de los ejecutivos y directivos de Vicentin, la empresa agroexportadora que el Gobierno pretende expropiar, pero lo cierto es que la empresa familiar fundada en 1929 en Avellaneda, en el nordeste de Santa Fe, sigue en serios problemas.

Si bien el juez federal de Reconquista, Fabián Lorenzini, redujo a meros veedores el rol de los interventores que había enviado el gobierno nacional, la alternativa sigue siendo entre el camino intermedio de intervención que, como propuesta superadora, planteó el gobernador santafecino, Omar Perotti, y la expropiación lisa y llana si el oficialismo hace aprobar por ambas cámaras del Congreso el proyecto de ley de expropiación en que trabaja la Casa Rosada.

El sábado, Héctor Vicentin, uno de los miembros de la familia y ex directivo de la empresa, rechazó el “plan Perotti”, que definió como una “expropiación light” pues, como admitió el propio Perotti, puede llevar a la creación de una empresa mixta de mayoría estatal, esto es, a una estatización sin expropiación.

Mientras tanto, la empresa trabaja a media máquina, con un panorama incierto y un conjunto de acreedores –bancos nacionales e internacionales, cooperativas, acopios y productores individuales– que le reclaman deudas cercanas a los 100.000 millones de pesos.

El más obvio es el propio gobierno, que a través del Banco Nación es acreedor unos $18.000 millones, valorización en pesos de la línea de “prefinanciación de exportaciones” que la empresa tenía en la entidad estatal por 300 millones de dólares, deuda que, según dijo a Infobae su presidente, Eduardo Hecker, el BNA redujo en unos USD 11 millones tomando dinero de otras cuentas de Vicentin en la propia entidad. De allí el reclamo comercial que se tramita en el concurso abierto en el juzgado de Reconquista y que involucra a muchos más acreedores.

Cuestiones penales

Además, el gobierno avanza en la denuncia penal radicada en Comodoro Py, en el juzgado de Julián Ercolini, contra más de una veintena de funcionarios y ex funcionarios del Nación y las “cabezas mayores” a las que apunta: su ex presidente, Javier González Fraga, el ex titular del BCRA, Guido Sandleris, y el ex presidente Mauricio Macri, por presuntas operaciones de lavado de dinero de la empresa y favoritismo político del gobierno en la concesión de crédito.

Allí hay también interpretaciones en pugna: el gobierno considera “nuevos créditos” a las “retomas” (siempre dentro del límite de USD 300 millones a que había llegado la línea en julio de 2018) que la empresa hacía cada vez que cancelaba una suma de igual monto.

En tanto, desde Vicentin (Cuadro) remarcan que la empresa giraba entre 5 y 6 veces por año el monto de su crédito en divisas que liquidaba a través del propio BNA, por el cual también pagaba parte de su nómina salarial y al que derivaba parte de sus seguros, todas actividades rentables para el Banco.

Un aspecto llamativo del repaso que la propia empresa hace de su relación con el BNA es que la línea de prefinanciación de exportaciones era de USD 30 millones en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, y había llegado a USD 150 millones en 2015, al fin del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esto es, un aumento del 400%, contra el 100% que volvió a aumentar (a USD 300 millones) durante la gestión macrista. De todos modos, en Vicentin sostienen que la evolución de la línea tuvo “estrecha relación” con el crecimiento, facturación e inversiones de la empresa.

Pero allí no se acaban los problemas, también hay un proceso de “Discovery” planteado por un grupo de acreedores internacionales en Nueva York. La acción legal para averiguar los movimientos de dinero de Vicentin fue planteada por el holandés Rabobank, el ING, el francés Credit Agricole y Natixis, que en 2018, cuando sobrevino el freno del crédito internacional a la Argentina (que derivó en las sucesivas devaluaciones y el acuerdo con el FMI) desecharon líneas preacordadas con la empresa. En conjunto, los acreedores externos, que también incluyen a la Corporación Financiera Internacional (CFI, la ventanilla del grupo Banco Mundial que presta al sector privado) suman unos USD 500 millones, casi dos tercios más que el reclamo del Nación. Vicentin, sin embargo, señala que proveyó a esas instituciones toda la información que solicitaron.

Colgados del pincel

Además, la empresa le quedó debiendo a cerca de 2.500 personas físicas y jurídicas entre productores, acopios y cooperativas (principalmente de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Chaco) que lo abastecían de materia prima, y proveedores de otros bienes y servicios, amén de a algunos de sus propios accionistas.

Con ese panorama, las dificultades operativas son obvias: muchos productores, luego del default declarado en diciembre de 2019 y ya antes del concurso iniciado en marzo de 2020, canalizaron su producción a otros procesadores y traders. La capacidad de procesamiento sigue superando la producción local y la campaña sojera, el principal producto que procesaba Vicentin, concluye sin problemas: de casi 50 millones de toneladas, cerca del 70% fue procesada sin inconvenientes y casi todo el resto se exportó en forma de granos a China.

Otra cuestión es cómo queda, con Vicentin en concurso, el sector agroexportador. Las precisiones son elusivas, en función de una rareza argentina: los datos de exportación en valor (dólares) por empresa son secretos reservados a la Aduana (y por consiguiente a la AFIP). Pero se calcula que en 2019 Vicentin exportó por cerca de USD 3.000 millones. La revista Prensa Económica, que hace décadas publica su ranking anual de exportadores, la ubicó en 2018 (último ranking publicado) en el séptimo lugar del ranking general, con USD 2.017 millones, esto es poco más del 3% de las exportaciones totales de bienes, de USD 65.000 millones.

Por volumen exportado, las cosas son más claros, el agroexportador número uno (como muestra el cuadro adjunto, publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario) es la china Cofco, que en 2014 adquirió Nidera, y luego también Noble. Extrañamente, el kirchnerismo no hizo entonces objeciones al paso a manos chinos de una empresa de capitales holandeses y argentinos establecida aquí en 1929, el mismo año en que se fundó Vicentin, y acronismo de los 6 países en que había empezado a comerciar: Netherland (Holanda), India, Deutschland (Alemania), England (Inglaterra), Rusia y Argentina.

Además de Cofco, allí pisan fuerte las norteamericanas Cargill y Bunge, la argentina Aceitera General Deheza, que hasta ahora era seguida por Vicentin y la francesa Louis Dreyfus (LDC). Más atrás vienen la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Oleaginosa Moreno y otras empresas y traders más chicas, pero con capacidad de sobra para absorber lo que no pueda hacer una Vicentin devaluada por sus propios problemas y el acecho del Estado.

A favor del Gobierno juega que la próxima cosecha seguirá siendo sustancial (la fina ya se pronostica en unas 25 millones de toneladas, con un aporte en divisas de más de USD 3.600 millones) y los chacareros, más allá del disgusto con las políticas oficiales, que los obligan a vender a un dólar de menos de $50 y comprar insumos a un dólar mucho más caro, seguirán haciendo lo que saben: producir.

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