Alberto Fernández recibió anoche a Martín Guzmán en la quinta de Olivos y juntos diseñaron una estrategia con tres variables distintas para enfrentar la ruptura de las negociaciones con los bonistas de Wall Street que exigían una reestructuración de la deuda externa por encima de los criterios de sustentabilidad recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La estrategia del Presidente y su ministro de Economía parte de un supuesto inamovible: la oferta final del gobierno está apoyada en un bono de 49.90 dólares de Valor Presente Neto (NPV), el pago hacia adelante del capital y de los intereses devengados de los títulos que vencerán durante este año, y un cupón atado a la evolución de las exportaciones que se liquidaría entre 2026 y 2046.
Los acreedores privados replican con un bono de 53 a 55 dólares de Valor Presente Neto (NPV), un cupón vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) monitoreado bajo el artículo IV del FMI, y la exigencia de insertar en los nuevos títulos ciertas Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) que se establecieron en 2005 y que diez años más tarde fueron repudiadas por el sistema financiero global.
Guzmán mantuvo ayer dos videoconferencias con los grupos de bonistas que lideran BlackRock y Monarch, y las conversaciones terminaron sin resultados y con un mal augurio flotando entre los negociadores de ambas partes. El ministro fue frío con los acreedores privados, y los fondos cerraron sus computadoras en Nueva York y Londres a la temperatura del Trópico de Cáncer.
En este contexto, el ministro de Economía informó a Olivos que la negociación estaba rota, y al otro lado de la trinchera, los acreedores privados decidieron redactar un comunicado de prensa que alertaba sobre la posibilidad de iniciar acciones por default soberano en los tribunales de Manhattan.
Cuando Alberto Fernández se enteró del fracaso de las negociaciones, convocó a Guzmán para desplegar una estrategia contingente ante la imposibilidad de cerrar un deal con los fondos de inversión. El ministro abandonó su despacho frente a la Plaza de Mayo y llegó pasadas las nueve de la noche a la quinta de Olivos, adonde aguardó que el jefe de Estado terminara su reportaje con Telefe.
Alberto Fernández está irritado con BlackRock, un fondo con muchísimo poder en Estados Unidos y llegada directa a la Casa Blanca. Su CEO, Larry Fink, es amigo de Donald Trump, y compartió más de un cóctel con Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, una pieza clave en el sistema financiero global.
El presidente argentino solicitó a su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que abriera un backchannel con Fink, y poco sirvió. Después Cristina Fernández de Kirchner le pidió a Miguel Galuccio, exinterventor de YPF, que hablara con Fink para suavizar los términos de la relación que mantenía BlackRock con Guzmán. Galuccio cumplió la tarea, pero la tregua con el ministro de Economía duró tres días.
Ya no era solamente una diferencia económica o financiera. Había ausencia de empatía, y esa falencia psicológica -clave en cualquier negociación- conspiró contra los resultados que buscaban Fink y Alberto Fernández. De hecho, hay tres grupos de acreedores, pero el comunicado que amenaza con el default lleva la impronta de Fink y BlackRock.
Con todo, las diferencias no terminan en BlackRock. Alberto Fernández también cuestiona a los bonistas que ahora exigen cláusulas legales que beneficiaron -en su tiempo- a los fondos buitres, y el reclamo constante para que el FMI monitoree la evolución financiera de un bono endulzante que estaría atado a las exportaciones del país.
“Esas son condiciones inaceptables”, aseguró el Presidente anoche en Olivos.
Alberto Fernández decidió que su oferta de 49.90 dólares de NPV por bono es inamovible. Y anoche con Guzmán resolvió tres posibles cursos de acción frente a la eventual negativa de los acreedores privados de acercar posiciones antes que concluya una nueva extensión del plazo de vigencia de la oferta oficial.
Ese plazo caduca el próximo 22 de junio, y si los bonistas no vuelven a la mesa de negociaciones con una propuesta remozada, el Presidente acompañado por Guzmán jugará una de estas tres cartas:
1. Hacer oficial la oferta que se dio a conocer ayer cuando fracasaron las negociaciones. Esto implica registrar la propuesta oficial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y correr el riesgo de tener escasa adhesión como sucedió en mayo.
2. No presentar ninguna oferta y levantar la propuesta que ya está registrada en la SEC.
3. Cerrar la oferta vigente y ejecutar el canje con los bonistas que ya entraron.
Las tres variables ponen a la Argentina cerca de los tribunales de Manhattan. Los acreedores privados habían decidido no ejercer sus derechos de aceleración de la deuda porque apostaban a un acuerdo con Alberto Fernández y Guzmán. Pero ahora ese escenario cambió, y la ausencia de un deal apoyado en las mayorías previstas en las CAC´s, permitiría a los fondos avanzar sin escollos con su demanda por default.
En New York y Londres, los bonistas más importantes adelantaron a Infobae que no tienen pensado hacer “una nueva enmienda” a las ofertas presentadas en el Palacio de Hacienda. Esos acreedores privados consideran que ya “hicieron suficientes esfuerzos” para acercar posiciones y exigen que Alberto Fernández se ponga al frente de las negociaciones.
No se trata de un reclamo solitario a miles de kilómetros de la quinta de Olivos. Más cerca, en el Congreso, la Casa Rosada y el Instituto Patria, también evalúan que el Presidente debe correr a Guzmán y liderar una nueva ronda de conversaciones para cerrar un acuerdo antes que termine el otoño.
Esa posibilidad no está aún en la hoja de ruta de Alberto Fernández. El jefe de Estado apoya a su ministro de Economía y considera que la propuesta oficial es inamovible.
Ya hay ruido de tambores.
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