La decisión del Gobierno de intervenir la empresa Vicentin y presentar un proyecto en el Congreso de la Nación para expropiarla es resistida por el sector agropecuario y el empresariado en general.
Mientras la empresa termina de delinear su frente para resistir las decisiones del Gobierno, desde el campo advierten sobre lo que definen como un claro avance del Estado sobre la propiedad privada y también expresaron el temor a que exista un mayor intervencionismo oficial en la producción y comercialización.
Es tan alto el nivel de rechazo a la avanzada del gobierno, que muchos analistas aseguran que toda esta situación podría derivar en un escenario de confrontación de similares características al de 12 años atrás, cuando la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández, promovió la Resolución 125 sobre retenciones móviles.
En este contexto, parece haber aspectos importantes que no son tenidos en cuenta por las partes involucradas. El primero de ellos, es saber quién se hará cargo de la deuda que Vicentin tiene con más de 1.500 productores, acopios y cooperativas, y que alcanza a los 400 millones de dólares. La mayoría de esos acreedores se encuentran en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Chaco, y necesitan cancelar la misma para poder continuar en la actividad.
Otro aspecto que hasta el momento no forma parte del debate es el siguiente: teniendo en cuenta que la confianza puede definir la situación de una empresa, y que el negocio de Vicentin funciona porque hay más de un centenar de productores que entregan su materia prima, ¿podrá una Vicentin estatizada convencer a los productores de que será una empresa confiable? La respuesta a dicho interrogante debería ser central en la construcción de todo el andamiaje para rescatar la compañía, que sin soja suficiente podría quedar reducida a un conjunto de silos y fierros improductivos.
Durante estos meses de default encontraron a las dos plantas propiedad de la empresa cerradas o moliendo pocas cantidades de soja para terceros. Por cierto, nadie extrañó demasiado a Vicentin. Y es que la cosecha de soja que está por terminar entregará una producción cercana a 49,6 millones de toneladas, de las que ingresarán a las plantas de crushing de todo el complejo oleaginoso entre 35 y 40 millones, porque unos 10 millones de toneladas son exportadas directamente como poroto a China. Frente a esta oferta, la capacidad de molienda de la industria se ubica en elevadas 70 millones de toneladas. En un contexto de capacidad ociosa muy elevada, lo que no haga Vicentin lo hará cualquier otra empresa.
El periodista agropecuario, Ricardo Bindi, desde su cuenta personal de Twitter, realizó la siguiente encuesta: ¿le venderías tus granos a una empresa privada expropiada, estatizada, y liderada por el Gobierno? De 9.773 respuestas, el 85,7% respondió que “No”, un 6,4% que “No lo tiene claro”; un 4,8% que “Sí”, y un 3% que “Puede ser”.
Romper el contrato con la sociedad cada vez que se devalúa la moneda parece una práctica ya adoptada por los distintos gobiernos, y le quieren hacer creer a la sociedad con infinidad de carencias, que la expropiación de Vicentin les permitirá comprar alimentos más baratos, solucionar la falta de dólares, y sentirnos más argentinos (Sanesi)
La desconfianza de los productores sobre el funcionamiento de la futura Vicentin es muy grande. Muchos esperan que se presente el plan del gobierno sobre cómo se mejorarán las condiciones para que la empresa se reactive, teniendo en cuenta que sus plantas están cerradas o subalquiladas desde diciembre pasado, cuando anunció que por un “estrés financiero” ingresaba en el proceso de cesación de pagos, que luego siguió con la convocatoria de acreedores en febrero de este año.
Es vital conocer cómo funcionará la próxima empresa. De nada servirá una Vicentin, sea pública o privada, si no se consigue recuperar la confianza de los productores. Vicentin no es YPF que tiene el crudo a disposición, porque tiene la concesión de los pozos petroleros. Tampoco produce soja. Tiene que conseguir quien quiera vendérsela. Y en medio de todo este contexto, sería muy difícil que el plan de negocios que se vaya a implementar sea exitoso.
Opinión
Al respecto, Sebastián Senesi, director de la Maestría de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, comentó en diálogo con Infobae: "La empresa Vicentin propone un modelo de negocio basado en la confianza con sus proveedores y clientes, pero la empresa rompió la confianza con los productores y con el sistema financiero. Sin granos y sin financiamiento no hay modelo de negocio competitivo. Y el Estado mediante la intervención y expropiación genera más incertidumbre y desconfianza, porque el proceso de intervención y posible expropiación puede ser ilegal. Una empresa como Vicentin sin seguridad que los productores te vendan, por estar en desacuerdo con la medida, y sin financiamiento, es como manejar una Ferrari a 320 kilómetros sin volante”.
Y agregó: “Algunos que se pronuncian a favor de la expropiación sostienen que al productor se lo convence a través de precios y/o tasas subsidiadas u otros mecanismo de incentivos. Si Vicentin es del Estado, entonces será un costo para la sociedad en su conjunto. Y a partir de eso me pregunto: ¿Vamos a sacarle plata a los hospitales, a la infraestructura necesaria para que la gente viaje todos los días un poco mejor, para dársela a Vicentin? ¿Con qué propósito?".
“El negocio de comprar granos y vender aceite y harina de soja es muy finito. Un negocio global donde se articulan a cientos de vendedores y compradores que no se conocen pero que necesitan el dinero para el productor y la harina de soja para darle de comer a los cerdos y vacas lecheras en Alemania, no cuando a uno se le ocurre sino cuando ambos lo necesitan. Y además hay que resolver el tema competitivo, porque si compraste caro y vendiste barato, habrá un serio problema que afectará la rentabilidad”, comentó el especialista.
La empresa debería entregar acciones a los bancos y agencias del Estado, con un pacto de retroventa a 3 años vista, por esta operación el Estado y los bancos ganarían una tasa de interés. Esto implica que por tres años los bancos y el Estado no reclamarían el capital de la deuda, y se renegociaría una tasa mínima (Di Stefano)
Además, Senesi alertó sobre los problemas estructurales de la macroeconomía nacional, que deberán ser tenidos en cuenta por el gobierno. "Romper el contrato con la sociedad cada vez que se devalúa la moneda parece una práctica ya adoptada por los distintos gobiernos, y le quieren hacer creer a la sociedad con infinidad de carencias, que la expropiación de Vicentin les permitirá comprar alimentos más baratos, solucionar la falta de dólares, y sentirnos más argentinos. Eso es como pensar que si me compro los botines y la camiseta de Messi, voy a solucionar el problema que soy un tronco jugando al fútbol”, dijo.
Por su parte, el analista Salvador Di Stefano, propuso para la nueva estructura de Vicentin,"una salida con los deudores, bancos y el Estado. La empresa debería entregar acciones a los bancos y agencias del Estado, con un pacto de retroventa a 3 años vista, por esta operación el Estado y los bancos ganarían una tasa de interés. Esto implica que por tres años los bancos y el Estado no reclamarían el capital de la deuda, y se renegociaría una tasa mínima. Las garantías que se deberían aportar serían las empresas del grupo, más un conjunto de activos de la compañía que respalden la deuda total".
Todo esto, implicaría realizar un fideicomiso con las empresas del grupo, activos personales de los dueños y administrado por un grupo de bancos. “Hay que trabajar para que la empresa pague las deudas de los 1.895 productores y las 586 personas físicas y jurídicas que le vendieron servicios. La empresa se pone en marcha, no perdemos las fuentes de trabajo, y vamos viendo cómo enfrentamos los nuevos desafíos”, cerró Di Stefano.
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