Con la idea de que la expropiación es el único camino para rescatar a Vicentin, como asegura el presidente Alberto Fernández, y con los integrantes de la familia que dirigen la agroexportadora convencidos de que van a dar pelea aunque termine costándoles el control de la empresa, esta semana comenzará el ajedrez judicial luego de que se conocieran, días atrás, los cuestionados objetivos del Gobierno.
Como adelantó el domingo Infobae, por estas horas la empresa termina de delinear su estrategia legal, que hará conocer en los primeros días de esta semana (muy posiblemente mañana o el miércoles). Los abogados y accionistas aún discuten si el amparo se presentará en el juzgado que lleva la causa de su concurso de acreedores o en el tribunal federal de Reconquista.
“Si hubo errores hay herramientas para subsanarlos… a nosotros nos va a costar la compañía e incluso podría costarnos la libertad, si hubo maniobras fraudulentas o indebidas, como dicen. Para eso está la Justicia. Si nos equivocamos no significa que el gobierno tiene que hacerse cargo, y mucho menos los contribuyentes”, aseguraron el fin de semana a este medio fuentes de la empresa.
“Nosotros nos vemos afuera y vamos a discutir alternativas: otro management, cesión de acciones y pérdida de la mayoría accionaria… obviamente, no la vamos a regalar”, aclararon cerca de Sergio Nardelli para que quede claro que van por resarcimiento si la medida oficial avanza.
La estrategia legal de la empresa “está bajo 7 llaves y en desarrollo”, dicen allegados. Con todo, hay algunas alternativas “de manual” para estos casos. A continuación, una enumeración de esas posibles medidas que, a grandes rasgos, podrían dividirse en dos grandes grupos: las vinculadas a la intervención, inmediatas y basadas en lo concreto hasta el momento, y las que tienen que ver con una eventual expropiación, que primero tiene que aprobar el Congreso. En este caso lo caminos puede bifurcase, según los detalles de la ley y cuestiones que podrían derivarse de ella.
Varios de los abogados consultados para esta nota pidieron off the record: “El estudio está involucrado y no puedo dar opinión pública”, fue una frase repetida. Son tantas las partes involucradas, y las que creen que podrían estarlo, que no hubo fin de semana largo para buena parte de los grandes estudios locales.
Intervención
Ante la intervención, que Vicentin “aceptó” con reservas, en la reunión con funcionarios el jueves pasado en Avellaneda, la empresa podría ir a la justicia federal a cuestionar el DNU y pedir una medida cautelar. “El DNU no es un acto administrativo así que no tiene que agotar esa vía y puede ir directo a la justicia. El juez competente es el federal del domicilio de Vicentin”, detallan desde uno de los estudios “involucrados”. Eso lo pueden hace tanto los accionistas como los directores que se consideren desplazados.
"Hoy la intervención es lo más grave porque viola el proceso. La expropiación, si sale por ley, está prevista en la Constitución. Además, esta empresa está en concurso: el Ejecutivo no puede intervenirla. Va a resistirse con un aparo ante un hecho lesivo de derechos constitucionales”, afirmó Francisco J. Roggero, socio de Zang Bergel & Viñes a cargo del área de Insolvencia, Restructuraciones y Distressed M&A.
Para expropiar tiene que haber ley e indemnización. Y primero hay que determinar qué se va a expropiar, si las acciones de una o más sociedades que conforman el grupo, o los bienes de las compañías, los inmuebles, maquinarias, y otros activos (Romero)
Otra alternativa podría ser ir al juez del concurso Fabián Lorenzini y pedirle una cautelar. Sería también una medida habilitada para los acreedores, pero en ese caso tendrían que demostrar que la intervención los perjudica: tiene que haber un agravio para que estén legitimados.
Vicentin está en concurso preventivo y, en ese contexto, las autoridades de la empresa la siguen manejando. El juez controla la causa y, eventualmente, si ve malos manejos o que se privilegie a algunos acreedores, por caso, los directores podrían ser desplazados. Incluso Lorenzini podría aceptar la intervención propuesta por el Ejecutivo, algo que quiere la Casa Rosada, pero aún no tiene definición. ¿Lo hará? Si no lo aclara en los próximos días, podría interpretarse que considera que la intervención es válida.
“Lo primero que va a hacer la empresa es una ‘acción corta’ ante el temor de violación de derechos. Frente al decreto se puede presentar amparo dentro o fuera del marco del concurso para oponerse a un hecho que es contrario a derecho: que el Estado intervenga de esta manera en una empresa privada que además está concursada”, concuerda Joel Romero, titular de J. Romero Abogados.
Romero, especialista en derecho empresarial, asegura que también hay que evaluar los niveles de daño y quiénes son los que denuncian agravios, ya que también podrían ejercer algún tipo de acción temprana los acreedores que se sientan perjudicados por este accionar del Estado.
En general, los hombres de leyes aseguran que lo mejor para la empresa es no salir del contexto del concurso, cuyo juez, eventualmente, también podría declarar no legal el DNU. Como los dueños no son extranjeros, no pueden ir al CIADI, que es lo que pasó en otras expropiaciones e intervenciones.
“Otra alternativa sería reclamar una indemnización por la intervención. Aunque la Justicia confirme o no la validez constitucional de esa intervención y la ocupación temporánea anormal”, detalla otro abogado.
Expropiación
Si sale la ley de expropiación el menú incluye muchas más opciones. “Sería muy grueso que la expropien, más en un contexto de muchas empresas, algunas muy grandes con problemas serios. Es imposible determinar el alcance que puede tener. ¿El Estado se va a meter con las grandes empresas?”, se preguntó Roggero.
En ese contexto, los accionistas van a discutir la valuación que haga el Tribunal de Tasaciones y si no hay avenimiento, van a ir la Justicia federal. Contra la ley de expropiación Vicentin podrán interponer una acción de amparo: incluso los accionistas que sean personas humanas podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de agotar los recursos judiciales en la justicia argentina.
“Para expropiar tiene que haber ley e indemnización. Y primero hay que determinar qué se va a expropiar, si las acciones de una o más sociedades que conforman el grupo, o los bienes de las compañías, los inmuebles, maquinarias, y otros activos”, detalla Romero.
Contra la ley de expropiación Vicentin podrán interponer una acción de amparo: incluso los accionistas que sean personas humanas podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de agotar los recursos judiciales en la justicia argentina
No es un dato menor: si se expropian las acciones hay que indemnizar a los accionistas, en el otro caso cobrarían las sociedades. En ambos se debe determinar la utilidad pública del bien y el destino que se le dará. Para la indemnización puede haber acuerdo o no. Si hay avenimiento se paga y si no el expropiado puede iniciar una demanda. El juez competente es el juez federal del lugar en el que estén los bienes.
“Este caso podría tener muchas ramificaciones. Si se expropian las acciones podría haber terceros, personas físicas o jurídicas, que digan que, como contribuyentes del Tesoro argentino y pagadores de impuestos, se oponen a la expropiación, por la deuda que asumirá el Estado. Y lo demandan por eso”, dijo Romero.
Uno de sus colegas pone el foco en la posible expropiación de los bienes: en ese caso, cobrarían las empresas concursadas. Los acreedores del concurso podrían accionar si el Estado se queda con esos bienes que reclaman y no les paga lo que ellos consideran que valen. “Esto no sólo es para los locales, acopiadores, proveedores y empleados, sino también para los acreedores internacionales, los bancos atrapados en el curso, aunque estos también tiene opciones afuera”, explicó.
- ¿Hoy, que les conviene a los dueños de la empresa?, le preguntó Infobae al socio de un importante bufete del centro porteño cuyo nombre está estampado en la entrada del estudio, hoy cerrado por la cuarentena.
- A los acreedores lo mejor que les puede pasar es que se expropien las acciones, porque el Estado pasaría a ser accionista, dueño de los activos y responsable de los pasivos. El Estado es solvente, no puede quebrar, y les haría un favor. Todo se tendría que regular por la ley de Concursos y quiebras y el Estado tendría que hacer propuestas en ese sentido. Así tienen más chances de cobrar que ahora. También le conviene a los accionistas porque hoy son dueños de una empresa quebrada, aunque ellos digan que no. Si los expropian los tienen que indemnizar y esa cifra puede ser muy importante. Hoy sus acciones valen cero.
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