Vicentin define su estrategia judicial anti-expropiación, pero la familia ya se ve afuera de la conducción de la empresa

“Se sacaron selfies delante de la empresa”. El integrante del directorio de Vicentin muerde las palabras de bronca al recordar la escena del martes pasado, cuando enviados de Alberto Fernández intentaron ingresar a la sede histórica del holding agroexportador cerrado por la cuarentena y mucho más aún cuando circuló el dato de que “los expropiadores”, como los definió ese mediodía en la vereda de la compañía un vecino, habían aterrizado en el aeropuerto de Reconquista, a pocos kilómetros de Avellaneda. En este pueblo santafesino, hace 90 años, nacía la empresa que está en el ojo de la tormenta desde que el Presidente anunció que el Estado la intervenía y que buscaría expropiarla para garantizar, entre otras cosas, la soberanía alimentaria de la Argentina post pandemia.

Desde entonces los rumores no paran de crecer. Juega la política, hubo “pueblada” en Santa Fe y hasta hay encuestas que advierten por los riesgos de una nueva 125, por la resolución que desató el conflicto entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008. Por ahora –e incluso a pesar de versiones de más calma oficial– el Gobierno no parece moverse de su idea expropiadora. “Es el único camino”, repitió ayer el Presidente. La empresa debe USD 1.350 millones y su futuro está rodeado de signos de interrogante.

“Acá hay un cambio de época por el nuevo Gobierno, no hay duda”, dicen en la empresa apuntando a la política, y señalan a otra empresa del sector, Molino Cañuelas, también en crisis y de la que poco se escucha por estos días.

Cambio de época

Los directivos de la compañía repasan una y otra vez la debacle. Les cuesta hacerse cargo de las responsabilidades propias, pero no dudan de que tienen poca “vida” en la conducción de una empresa que tiene 109 socios y un directorio complejo, en el que sobresale Sergio Nardelli. El “Mono” Nardelli, hijo de una Vicentin, visitó a Fernández el jueves en Olivos y de cara visible y CEO, aunque en los papeles no lo sea.

“La verdad, no vemos a una Vicentin con este management. Quizás haya que buscar uno más confiable para el productor, no estamos defendiendo nuestra permanencia, que nadie se equivoque. Defendemos que los activos son más que suficientes para pagar los pasivos. Nosotros nos vemos afuera y vamos a discutir alternativas: otro management, cesión de acciones y hasta pérdida de la mayoría accionaria… obviamente, no la vamos a regalar”, aseguran muy cerca de Nardelli con bronca.

Nadie regala nada, nunca. Y este caso será parte de la estrategia frente a la expropiación. Los Vicentin –una manera genérica de nombrar a la cabeza operativa de una empresa con cientos de accionistas y muchos apellidos en la conducción, varios de ellos de la familia– juran que no saldrán de la empresa familia con las manos vacías, y mucho menos si son expropiados por el Estado argentino. Después de todo, es lo que suele ocurrir años después con las expropiaciones locales: el perjudicado, más allá de méritos o culpas, cobra. Sus abogados ya están trabajando en ese sentido.

“Este caso le sacó la modorra a un mundo legal casi en pausa con la cuarentena. Todos estamos trabajando poco y desde casa, pero muchos corrieron a preguntar si se puede accionar”, afirma el socio de un muy importante estudio que atendió consultas de proveedores afectados, de socios perjudicados y de terceros que creen que podrían obtener alguna tajada.

La cúpula de Vicentin insiste con las culpas externas y relativizan las propias. Describen una y otra vez el tortuoso contexto para las finanzas de la empresa en los últimos años, con grandes pérdidas y deudas que se incrementan desde 2002 con recuperos cercanos a cero. En ese endeudamiento sin freno reconocen quizás alguna responsabilidad, siempre en pos del crecimiento de la agroexportadora y el país. Como sea, juran que no le van a correr el cuerpo a lo que venga y explican cómo los bancos internacionales le pidieron a la justicia de EEUU que localice cuentas bancarias en el exterior de la firma, sus directores y otros relacionados y nadie se negó, pudiendo hacerlo.

“Lo que pasa con la política no es menor para una empresa que vive del crédito externo. No es una excusa, pero es así. Puede haber habido errores de estimación. Pero la idea siempre fue apostar. Y si hubo errores hay herramientas para subsanarlos… a nosotros nos va a costar la compañía e incluso podría costarnos la libertad, si hubo maniobras fraudulentas o indebidas, como dicen. Para eso está la Justicia. Si nos equivocamos no significa que el gobierno tiene que hacerse cargo, y mucho menos los contribuyentes”, aseguran.

Intervención

En la empresa aseguran que, a pesar de las selfies, de haberlos dejado un día sin ingreso y de un episodio en el que tuvieron que abandonar un hotel de Reconquista por una manifestación muy bulliciosa, accedieron a dejar entrar a los interventores por expreso pedido de Fernández, y por la confirmación de la reunión en Olivos.

Así, el subinterventor Luciano Zarich llegó junto al escribano oficial del Estado, Carlos Gaitán, pero los representantes de la compañía se negaron a firmar con conformidad el acta de intervención. Discutieron tres horas el tema y los smartphones se quedaron sin batería de tantos llamados a Buenos Aires. Finalmente, se firmó sin conformidad y la intervención quedó instaurada. Un día después, en Olivos, los directivos de la agroexportadora se encontraron con un Fernández que repitió una y otra vez que el único camino para “salvar a Vicentin es la expropiación”. Por eso escucharon con beneplácito –y algo de sorpresa– los dichos componedores del gobernador Omar Perotti, quien habló en el portón verde de Olivos de que se “podrían analizar instancias superadoras”. Duró poco: al día siguiente, con el ministro Matías Kulfas y directivos de YPF, volvió la idea del camino único.

La reunión fue tensa. El Presidente habría dicho que no está dispuesto a negociar con privados, ni con una empresa quebrada, ni con directivos sospechados de corrupción. En Vicentin aseguran que nada de eso es correcto: que ellos sí quieren negociar con YPF y que se haga una oferta en el marco del concurso; que no está quebrados, sino en concurso y con distintas alternativas en vista; y, sobre lo otro, que están dispuestos a aportar la información que haga falta y a responder denuncias de corrupción.

“Lo que queremos es transformar la intervención presidencial en una judicial, nada más”, resumen. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, les dijo que eso es imposible: la intervención está fundada en la expropiación, algo que todavía no fue al congreso. “Es ilegal, no corresponde y eso es lo que vamos a atacar jurídicamente ante el juzgado federal con recursos de distinto orden… pero de eso no puedo hablar”, dicen las fuentes y se frenan para no revelar detalles.

Los abogados de Vicentin están cerrando una defensa en ese sentido de la que habrá novedades en los próximos días.

Un largo camino

La empresa entró en cesación de pagos el 4 de diciembre luego de un año 2019 muy malo. La crisis estalló con la corrida de agosto, con los retiros de depósitos luego de las PASO, con el fin del apoyo de los bancos del exterior, que había comenzado ya en 2018, y con los productores, que suelen pasar la cosecha sin vender, que les fueron a golpear las puertas para cobrar los granos entregados y hacerse de dólares antes de un posible cambio de gobierno y de una suba de las retenciones. Algo que finalmente pasó para la soja ya con Fernández en el sillón de Rivadavia.

Las conversaciones de reestructuración con los bancos internacionales ya había comenzado y los Vicentin se ilusionaban con una deuda foránea renovada para 2020. No pasó: dejaron de pagar, de recibir semillas y cerraron las plantas (salvo la de etanol). Hablaron con ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas, el principal acreedor comercial de la empresa, para proponerle una asociación, pero las cooperativas tienen sus tiempos y, sobre todo, estatutos que les suelen impedir movidas de ese tipo con gigantes privados. En el medio, analizaron la oferta de la suiza Glencor para quedarse con el 34% restante de Renova, su activo más importante; armaron un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE); y fueron a pedirle reestructuración al Banco Nación. Tampoco prospero: la feria judicial de enero y los embargos derivaron en el concurso de acreedores.

“La familia está dispuesta a mantener los activos operativos aun cediendo acciones y hasta el control. Queremos mantener el legado de estos 90 años, las fuentes de trabajo y el polo de desarrollo de la región”, repiten.

Hubo ofertas de achicar la empresa y surgieron los posibles compradores. Tres en rigor. El proyecto Ceibo, con nuevo management de ex directivos de Dreyfus. Otro grupo capitaneado por la casa de bolsa Allaria, ex ejecutivos de Cargill y el fondo CarVal. Y el tercero, que comandan también un ex CEOs y un ex funcionario de un banco internacional. Todos acuerdos sin exclusividad y con el concurso corriendo en paralelo.

La empresa insiste con que la bomba de la expropiación, de la que se enteraron por los medios, les cayó cuando ya se había acercado a YPF para complementar la alternativa de ACA, y que se trataba de reunir con la petrolera desde enero. El encuentro finalmente se dio el jueves.

“Lo de la gente fue impresionante”, repite emocionado un director sobre lo que define como una “pueblada espontánea” que “ayudó mucho en medio de la angustia”. Los Vicentin están convencidos de que por más que sea una jugada que deje afuera del tablero corporativo a la tercera generación de la familia, de esta crisis extrema se saldrá sólo negociando con el sector privado. “Igual que la Argentina negocia con sus acreedores su deuda, ¿no?”, se preguntan no con poca ironía en Avellaneda.

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