El uso y abuso de moratorias previsionales para incrementar el alcance de la cobertura de los ingresos de los “adultos mayores” con fondos que percibe la Anses, en lugar de concentrarlo en rentas generales, afectó al extremo la relación entre aportantes y beneficiarios del sistema previsional.
Los dos gobiernos precedentes al actual intentaron quebrar esa lógica, con un cambio de la legislación que estableciera una fórmula de ajuste, desde 2008 a 2017 se componía en partes iguales por la variación de los salarios y de la recaudación de impuestos; y desde entonces por un 70% de la tasa de inflación y 30% de los salarios, con un desfase en ambos casos de seis meses. Los resultados fueron buenos y malos, según los años y según se considerara la suba de precios real, o la que daba un Indec intervenido hasta el fin de la presidencia de Cristina Kirchner.
Y cuando la dinámica de los precios hacía prever un ciclo de recuperación del poder de compra de los haberes de jubilados y pensionados, porque la inflación pasada, base de los ajustes, fue más alta que la presente, con el consecuente impacto negativo sobre las finanzas públicas, el nuevo Gobierno optó por el camino fácil, pero no exento de altos costos futuros, de suspender la vigencia de la Ley de Movilidad Jubilatoria y enviar al Congreso un proyecto de cambio.
Tal vez más efectivo hubiese sido alentar formas de generación de empleos registrados para subir la relación con los aportantes, más aún en un escenario donde los trabajadores informales aparecen entre los más afectados por la depresión que provocó la pandemia y la temprana cuarentena que se está extendiendo más allá de lo esperado por los actores de la producción y el comercio.
Nuria Susmel, economista Senior de FIEL y experta en Economía Laboral, Previsión y Pobreza, alertó en una entrevista con Infobae que las recurrentes modificaciones del sistema de jubilaciones son un reflejo claro y contundente de la imposibilidad de planificar en la Argentina, con las consecuencias de desaliento a la inversión y al crecimiento sustentable, imprescindibles para mejorar la realidad social y sanear las cada vez más debilitadas finanzas públicas.
- El Gobierno envió al Congreso la prórroga hasta fin de año de la Ley de Movilidad Jubilatoria, para poder disponer aumentos por decreto. Desde la vigencia de la Anses, u organismos que lo precedieron ¿Cuántas reformas se le hicieron al sistema previsional, alguna favoreció al conjunto de jubilados y pensionados?
- A comienzos de este año publique una nota en Infobae donde contaba la historia de Pedro que entraba a trabajar en 1985 y como con cada reforma le iba cambiando la expectativa de cómo se iba a jubilar. Empezaba pensando que se podría retirar a los 60 años cobrando el 70% del promedio de los tres mejores años de salario con haber aportado al menos 10 años y probar 30 de trabajo, cosa que le importaba poco porque era muy joven, pasaba por el 94 cuando le dicen que ahora va a tener que trabajar hasta los 65 años y encima haber aportado no 10 sino 30 años al sistema y que además ahora tiene que elegir entre quedarse en el sistema público de reparto con una jubilación que era mucho menor al 70% anterior y encima tomando todo el promedio de los 10 años anteriores o elegir uno de capitalización que suponía derivaría en haberes más altos.
Solo un año más tarde de puesto en marcha el sistema se entera que la movilidad automática que prometía el sistema público había sido anulada y de ahora en más los ajustes serían discrecionales cosa que sin inflación -como en los 90- no era importante, pero en 2002 con la inflación resucitando la discrecionalidad de los ajustes dejó de ser un tema menor.
En 2008 le avisaron que cambiaba otra vez las reglas del juego y que ahora se volvía al viejo sistema de reparto porque era un sistema solidario en contra de la capitalización que es individualista y que todo lo que se había aportado al sistema de capitalización, aun los aportes voluntarios, pasaban al Estado. Los ajustes discrecionales siguieron vigentes hasta que en 2009 a instancias de un fallo de la Corte Suprema se fijó una regla de ajuste de los haberes en base a la evolución de los salarios y la recaudación de la Seguridad Social.
Los ajustes discrecionales siguieron vigentes hasta que en 2009 a instancias de un fallo de la Corte Suprema se fijó una regla de ajuste de los haberes en base a la evolución de los salarios y la recaudación de la Seguridad Social
Pero esta regla se cambió en 2017 por una fórmula de ajuste más ligada a la inflación y menos a salarios “porque los consumos de los jubilados se ajustan por inflación y no por salarios”. Y ahí llegaba el 2020 volviendo a ajustes discrecionales que además son redistributivos ya que, hasta ahora, han sido más altos para los de menores ingresos. Y a esta altura el pobre Pedro, que ya está en edad de jubilarse, no puede hacer nada para mejorar sus ingresos futuros.
Como verá, el sistema previsional es otro ejemplo de reformas que impiden planificar en Argentina.
- ¿Cómo se movió la relación aportante efectivo y jubilados y pensionados?
- El deterioro de la relación activo/pasivo es una característica de los sistemas previsionales porque la población tiende a envejecer. Cada vez la proporción de la población adulta mayor es más grande mientras que la proporción de la población en edad de trabajar es más chica lo que termina redundando en una menor cantidad de activos para financiar a los pasivos.
El deterioro de la relación activo/pasivo es una característica de los sistemas previsionales porque la población tiende a envejecer
En el caso argentino entre 2004 y 2011 hubo un importante crecimiento del empleo formal -se registraron más de 3 millones de trabajadores- lo que mejoró la relación activo/pasivo porque después de años en los que el empleo formal no creció (desde 1980 hasta el 2003 el número de aportantes no se movió de alrededor de 5 millones) el número de jubilados tampoco crecía.
Pero a partir del 2005/2006 la apertura de la moratoria previsional, que incorporó a más de 4 millones de jubilados al sistema hasta ahora, llevó al deterioro de la relación con lo cual de 2,1 aportante por jubilado en 2003 se redujo a 1,4. Sin embargo, el deterioro de la relación activo/pasivo es más profunda de lo que dicen esos números porque el crecimiento de los aportantes se produjo mayoritariamente entre trabajadores que tienen regímenes diferenciales (moratoria y servicio doméstico) que tienen aportes más bajos que los empleados en relación de dependencia. La categoría más baja del monotributo -que es la que más aportantes tiene- aporta menos de $800 por mes al sistema y la más alta $1.500, cuando un trabajador asalariado que cobra el salario mínimo aporta $2.800. En el caso del servicio doméstico el aporte mensual es de menos de 100 pesos.
Lo que quiero decir es que el aumento de aportantes no se traduce en un incremento proporcional de la recaudación al sistema previsional, sino que en términos de la relación ingresos medios / egresos medios de la Anses el deterioro es mayor.
- ¿Cómo cree que afectará la recesión heredada desde mediados de 2018, y ahora agravada por la pandemia del COVID-19, la relación aportante – jubilado y pensionado?
- La pandemia del COVID-19 sólo tiene efecto sobre el número de aportantes porque el número de beneficiarios no debería verse afectado ya que los jubilados actuales seguirán existiendo y el ritmo de altas y bajas no deberían verse modificadas por la pandemia. En cuanto a la cantidad de aportantes los números de evolución del empleo vienen mostrando una caída ya desde hace diciembre 2018, mientras que en el caso particular de los trabajadores registrados en relación de dependencia -que son los que tienen aportes más altos- la disminución fue mucho mayor.
A esto se suma el efecto COVID-19, que, si bien aún quede mucho por ver, los primeros datos disponibles muestran que, a pesar de la prohibición de despido el empleo está cayendo. La consultora Tendencias Económicas detectó entre abril y mayo casi 55 mil despidos. La AFIP publicó una reducción de 90 mil puestos de trabajo en abril respecto a marzo y casi 1 millón menos de aportantes.
- En abril se registró la mayor caída del empleo para ese mes desde la serie del Ministerio de Trabajo que se inicia en 2002, y la mayor contracción interanual desde febrero de 2003. Dada la profundidad de la recesión desde marzo y la perspectiva de que se mantenga al menos en esa intensidad hasta el tercer trimestre, ¿Qué cabe esperar para el resto del año en el mercado de trabajo, se intensificará la caída de los puestos de trabajo?
- Las proyecciones para la economía argentina de este año daban una caída de 9,5% del PBI promedio en el año. Asumo que cada vez que se alarga la cuarentena ese número se agranda. Si la economía se contrae uno espera que el empleo caiga, así que sí, es de esperar que el ajuste de los puestos de trabajo se intensifique.
Si la economía se contrae uno espera que el empleo caiga, así que sí, es de esperar que el ajuste de los puestos de trabajo se intensifique
- ¿Qué dice la experiencia del mercado argentino sobre el día después del levantamiento de la prohibición para disponer despidos?
- La experiencia anterior que recuerdo fue durante la crisis del 2001, pero en ese caso la prohibición de despidos no fue absoluta como ahora, sino que en caso de cesantía se debía duplicar la indemnización. El tema es que el “día después” tardó años en llegar. De hecho, la prohibición recién fue levantada en 2007, aun cuando la economía venía creciendo fuerte los años anteriores. El problema de estas medidas son más de largo plazo que de corto plazo. Lo que termina pasando con las restricciones al despido es que hacen que las empresas dilaten lo más que pueden la decisión de contratar, pero eso no sólo en situación de crisis sino siempre. Si no puedo despedir lo pienso 100 veces antes de incorporar personal. De hecho, lo que se ve en todas las crisis es que lo primero que cae es el empleo informal -que es más flexible- y a la salida de las crisis lo último que crece es el empleo formal. Es probable que la prohibición de despido absoluta se siga extendiendo un par de meses y que la doble indemnización siga por un tiempo largo. Pero difícilmente puedan contener el ajuste de empleo si la economía no repunta.
- ¿Una rápida resolución de la reestructuración de los vencimientos de la deuda pública tendrá algún efecto inmediato sobre el mercado de trabajo y el ajuste de las jubilaciones?
- Bueno, es obvio que el arreglo de la deuda contribuye a esclarecer el panorama y es un escollo menos, pero el tema deuda no es el único que atraviesa la economía hoy; está la caída en la actividad que sumó la cuarentena; la emisión descomunal que se ha hecho para financiar los subsidios que se han introducido; hay dudas sobre el ritmo económico, ruido en cuanto al avance sobre las empresas y varios puntos más que creo que van a retrasar la reactivación. Y sin reactivación no va a haber aumento del empleo.
Con menos empleo, menos ingresos al sistema previsional y con menos actividad, menor recaudación para financiar gasto. Por tanto, veo difícil que haya recuperación de los haberes. Además, ya estamos viendo que se espera poder prorrogar los ajustes discrecionales, en principio hasta fin de año, y sospecho que no es precisamente para dar fuertes aumentos a los jubilados.
Veo difícil que haya recuperación de los haberes. Además, ya estamos viendo que se espera poder prorrogar los ajustes discrecionales, en principio hasta fin de año, y sospecho que no es precisamente para dar fuertes aumentos a los jubilados
- ¿Con el escenario descrito, cómo proyecta los índices de pobreza e indigencia para el cierre de este primer semestre y el segundo?
- El último dato conocido de pobreza es el de fin del año pasado y mostraba que 35% de la población estaba en situación de pobreza. Con empleo cayendo e ingresos bajando en términos reales, e incluso nominales estos meses, no cabe duda de que los índices de pobreza van a ser más altos, y diría sustancialmente más elevados. Y si bien el Gobierno ha extendido la ayuda social a la población más vulnerable es poco probable que esté alcanzando para que no caer en situación de más pobreza o, aún peor, pasar a una situación de más indigencia.
- ¿Cuánto estima que de la población en estado de pobreza corresponde a jubilados y pensionados, y cuánto a empleados y desocupados?
- Contrariamente a lo que todo el mundo cree la tasa de pobreza dentro de la población mayor es baja. Hoy la población mayor de 65 años que recibe una pensión es más del 90% y lo mínimo que reciben son casi 16 mil pesos (la jubilación mínima) mientras que la canasta de pobreza para un adulto es de menos de 14 mil pesos, por eso no debería haber jubilados pobres. De todos modos, el 17% de los jubilados son pobres y eso se debe a que viven en hogares donde el resto de los integrantes tiene menores ingresos.
- ¿La fragilidad de las finanzas públicas que es un condicionante extremo para responder a los reclamos de las empresas de flexibilidad laboral y baja de impuestos para poder reactivar la industria, la construcción y el comercio, o debería tomarse como disparador para generar un fenómeno virtuoso? ¿Qué experiencia internacional podría mencionar?
- No creo que la flexibilidad laboral dependa de la fragilidad de las finanzas, si depende de ello la baja de impuestos. Los aportes y contribuciones representan alrededor de un cuarto de los recursos tributarios nacionales. O sea, bajar los aportes y contribuciones implica buscar sustitutos para financiar el gasto. Si no disminuye el gasto público no hay forma de reducir los impuestos.
Y así como bajar impuestos al trabajo alienta la contratación de mano de obra y favorece a actividades mano de obra intensivas -como, por ejemplo, comercio y construcción-, subir impuestos para financiar el gasto en alguna medida va a terminar impactando negativamente sobre la actividad porque gran parte lo van a terminar pagando las empresas.
Vuelvo a decir lo de antes, si no baja el gasto público es difícil disminuir la carga tributaria sobre la economía, de modo que se necesita que la productividad sea muy alta para que la actividad sea rentable lo que hace que sean reducidas las posibilidades de atraer inversiones.
- ¿Una reflexión final?
- El envejecimiento poblacional indefectiblemente lleva a que el gasto en pensiones sea cada vez mayor. El año pasado en la Conferencia de FIEL mostrábamos que mientras en 1950 había 17 activos (entre 15 y 64 años) por adulto mayor (65 años o más), hoy hay 5,5, y para 2050 habrá 2,5. Es decir, cada vez es más difícil financiar el sistema previsional. Más en un país con alta tasa de informalidad y bajos incentivos para aportar al sistema que termina brindando prestaciones a todos hayan aportado o no, por lo que la discusión de cómo se espera financiar el gasto merece mucha atención.
Fotos: Adrián Escandar
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