No tardaron ni una semana los empresarios que se juntaron con Alberto Fernández en Olivos en descubrir el doble discurso presidencial. El Presidente les aseguró que no estaba en sus planes “hacer locuras”, ni quedarse con empresas. Apenas cinco días pasaron de aquel encuentro hasta el anuncio del plan para expropiar Vicentin. Ayer el Presidente reiteró que el plan continúa sin fisuras: “No hay otra salida”.
Ahora le espera una ardua tarea al flamante interventor designado por el Estado, Gabriel Delgado, quien deberá hacer un profundo relevamiento sobre el verdadero estado de la empresa. Según los cálculos preliminares, Vicentin le debe casi USD 450 millones a los productores agropecuarios por las ventas de la cosecha de la última campaña. Èsta es parte de la deuda que forma parte del concurso preventivo.
Además, quedó descartado que YPF Agro se haga cargo a través de un fideicomiso de la actividad de la cerealera. La razón es muy sencilla: no se trata de una sociedad anónima (como YPF Luz), sino de una unidad de negocios más de la compañía, que le vende combustible al agro a cambio de granos y luego los comercializa. También tiene negocio de fertilizantes junto a Profertil. El Presidente, sin embargo, metió a YPF Agro en el anuncio de expropiación, evidentemente desconociendo estos pormenores. “Así como tenemos un negocio muy rentable de venta de hamburguesas tenemos otro de comercialización de granos”, explican en la compañía.
El anuncio de expropiación de Vicentín generó un gigantesco terremoto y no es para menos. Ya no se trata de sacar del negocio a una compañía extranjera que se quedó con el negocio petrolero, como fue el caso de Repsol en YPF en 2012, sino de una empresa familiar nacional, con fuerte raíces en el interior argentino y que compite con multinacionales en el negocio más rentable de la Argentina como es la exportación de soja y sus derivados.
Alberto Fernández y sus ministros buscaron distintos “relatos” para justificar una posible expropiación. Desde la “soberanía alimentaria” hasta el peligro de una posible “trasnacionalización”, pasando por la necesidad de tener un mayor control del flujo cambiario.
Alberto Fernández habló primero de “soberanía alimentaria”, pero rápidamente quedó claro que se trataba de un intento por vestir la expropiación con un nuevo “relato”. Después justificó la decisión en los peligros de una “trasnacionalización” de la compañía. Es decir que los compradores de la empresa en medio del concurso preventivo fueran extranjeros. Claro que no proporcionó nombres ni quiénes estarían interesados. Pero aún cuando fuera verdad, ¿qué tendría de malo si invierten en la Argentina y pagan impuestos en el país?
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tampoco ayudó a tranquilizar los ánimos. “No vamos a expropiar a todas las empresas concursadas”. Dejó así abierta la puerta a utilizar esta figura para otros casos que se puedan presentar. La crisis económica preanuncia que cuando se reabran los tribunales los pedidos de concurso preventivo serán moneda corriente. La amenaza latente de que el Estado se quiera quedar con algunas compañías estará presente de ahora en más. La justificación puede ser de lo más variada: se trata de un sector estratégico, corren peligro los puestos de trabajo o no queremos que un extranjero se quede con la empresa. Cualquier excusa puede ser válida.
Matías Kulfas fue quizás el más honesto al referise al plan para quedarse con Vicentín. El ministro de Desarrollo Productivo habló de tener una herramienta para manejar los flujos de dólares. Su obsesión desde antes de llegar al Gobierno era salir de la restricción externa que sufre la Argentina, o sea la escasez de dólares que lleva a reiteradas crisis cambiarias. Su plan de desarrollar Vaca Muerta para incentivar la exportación de hidrocarburos murió antes de arrancar y ahora el “plan B” pasa por el manejo del Vicentín. Pero de ahí a suponer que habrá un control sobre la actividad de los productores o que la influencia en el negocio cambiario será relevante hay un trecho gigantesco.
Es inevitable que la expropiación de Vicentín despierta los riesgos de una “chavización” de la economía. Además, hay otras compañías del sector alimenticio que podrían correr la misma suerte. Despejar el fantasma de nuevas expropiaciones llevará muchos meses.
La deuda que la empresa contrajo con el Banco Nación, sobre todo en los últimos meses de la administración macrista, merece una investigación profunda. El banco oficial le prestó más de USD 300 millones, cuando el resto de las entidades locales no llegó a darle a la compañía ni la décima parte de esa cifra. Esa concentración del crédito en una sola entidad es más que llamativa. Sin embargo, no alcanza para ser un argumento fuerte a la hora de justificar la expropiación. Existen mecanismos judiciales para investigar qué sucedió y si los dueños pierden la compañía en el concurso de acreedores hay muchas variantes para que aparezcan nuevos dueños en un mercado tan apetecible.
Otros casos de empresas emblemáticas en problemas graves como Sancor o Molino Cañuelas, ¿también terminarán en manos del Estado? El fantasma de las expropiaciones al estilo “chavista” se apoderó de los empresarios y en general de quienes temen que la Argentina siga un modelo parecido al del dictador Nicolás Maduro. Este fantasma no se evaporará de la noche a la mañana. Sólo la conducta que en el futuro adopte el Gobierno dirá si el de Vicentin es un caso único o en realidad será una posibilidad a la que se echará mano cada vez que se presente alguna compañía con problemas financieros.
Una de las grandes críticas de los empresarios es que no aparecía su plan para la economía. La necesidad de resolver la deuda primero y luego la pandemia fueron postergando la definición clara de un rumbo. Pero las medidas en las que avanza el Gobierno no están dentro de lo aconsejado por los hombres de negocios y mucho menos de lo que esperaban. Un nuevo impuesto a la riqueza, un cepo cambiario aún más duro que el del período 2012-2015 y ahora la expropiación de una compañía líder no ayudarán precisamente a recuperar la confianza. Salir de la depresión económica será mucho más lento y complejo.
De a poco la Argentina se enfrenta al fin de la cuarentena y emergerán los gravísimos problemas económicos y sociales que deja la pandemia. La extensión del confinamiento está generando una caída de la imagen de Alberto Fernández en relación al manejo del coronavirus: seis puntos en la última semana.
La ofensiva contra Vicentin reveló además lo que la mayoría intuía: el kirchnerismo más duro tiene un fuerte manejo en la agenda de Alberto Fernández. No está claro si el Presidente tiene otras ideas en mente y no las puede implementar. Pero sus declaraciones del pasado permiten intuir que como mínimo no estaría del todo cómodo con las últimas medidas.
Es exagerado pensar que la avanzada contra Vicentín representa una complicación adicional a la demorada renegociación de la deuda. Nada indica que la operación podría complicarse por estas últimas noticias. Sin embargo, en la medida que la Argentina sea percibida como un país altamente riesgoso e impredecible, los futuros bonos cotizarán a valores más bajos y el riesgo país seguirá muy alto.
Un rendimiento futuro de la deuda en el orden del 10% anual en dólares sería casi un milagro en semejante contexto. Y esto complicaría a las provincias que también se embarcarán en procesos de reestructuración y de empresas que precisan recuperar el acceso al mercado internacional para refinanciar vencimientos de capital o intereses.
Para colmo, el principal capital político de Alberto Fernández comienza a diluirse: el fuerte apoyo a las medidas de aislamiento forzoso. Un relevamiento que realiza semanalmente Poliarquía reveló que la imagen del Presidente por el desempeño en relación al coronavirus descendió por cuarta semana consecutiva. Ahora fueron 6 puntos y llega al 63%.
En medio del pico de la enfermedad aparece el fantasma del derrumbe económico, la caída del salario y el aumento de la pobreza. Ya entrando al segundo semestre, y una vez que se retire la “marea” generada por la pandemia, emergerá el drama social que deja esta crisis inédita. Será una prueba de fuego quizás mucho más difícil que la que tuvo que enfrentar el Presidente en estos convulsionados primeros seis meses de gestión.