La trama para entender la avanzada del Gobierno sobre Vicentin

En las primeras horas del lunes pasado la versión empezó a circular con fuerza y atravesó a todos los rincones del mundo agropecuario. Alberto Fernández convocaba a una conferencia de prensa. En la agenda del presidente de la Nación ya estaba instalada la crisis de la empresa Vicentin, la sexta mayor agroexportadora del país durante la pasada campaña agrícola y actualmente en convocatoria de acreedores.

Hasta su declaración de default, anunciada cinco días antes del recambio presidencial del 10 de diciembre pasado, Vicentin era la principal empresa agrícola de capitales nacionales, junto a AGD y Molinos Río. Además, competía con varias multinacionales que tienen una fuerte presencia en el comercio exterior de granos y que son determinantes para el aporte de divisas.

Alberto Fernández anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir de forma transitoria durante 60 días el grupo Vicentin, algo que se concretó el jueves pasado con la firma del acta correspondiente de traspaso. Gabriel Delgado fue la persona elegida por el gobierno para llevar adelante dicho proceso.

Pero además, el presidente de la Nación confirmó que enviaría un proyecto de ley al Congreso para avanzar en la expropiación de Vicentin, elaborado por él mismo, su ministro de Producción, Matías Kulfas, y la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, una de las referentes del kirchnerismo duro en la Cámara Alta.

La decisión más osada planteada en el proyecto oficial es la creación de un fideicomiso con los activos y cederle la gestión de estos negocios a YPF Agro, la filial agropecuaria de la petrolera mixta YPF. Esta compañía también talla fuerte en el negocio agrícola, sobre todo por la venta de insumos a través de un centenar de centros de distribución en todo el país. Vende mucho a través de canje por granos, con lo cual también exportó en 2019 más de 1 millón de toneladas de cereales y oleaginosas. Es dueña además de una parte de Profertil, referente en el mercado de fertilizantes de la Argentina.

Repercusiones

El sorpresivo anuncio presidencial fue rechazado por todo el sector agroindustrial y por una gran parte de la sociedad, especialmente por los habitantes de la ciudad santafesina de Avellaneda, donde hace 90 años nacía Vicentin. Tras una multitudinaria marcha el martes a la noche y que se replicó en otros distritos, Alberto Fernández decidió construir una instancia de diálogo y convocó a la quinta de Olivos al CEO de la empresa, Sergio Nardelli.

La foto de dicha reunión fue muy diferente a la del lunes en Casa de Gobierno. Ya no estaba presente el kirchnerismo, y aparecía en escena un actor central en las negociaciones: el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien atraviesa turbulencias tras la decisión del gobierno de avanzar contra Vicentin. Su ministro de la Producción, Daniel Costamagna, presentó la renuncia en más de una oportunidad. También reapareció en escena el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que no había sido ni avisado del primer anuncio. Sus principales colaboradores se enteraron de la expropiación por los medios.

Tras esta segunda reunión, el gobernador Perotti aseguró que Alberto Fernández estaba dispuesto a “escuchar una propuesta superadora a la expropiación”. Pero ayer por la mañana el propio presidente se encargó de bajar la expectativa a dicha posibilidad, al aclarar que la expropiación “es la herramienta, no hay otro modo”.

Además, ayer el CEO de Vicentin mantuvo un encuentro con el interventor designado, Gabriel Delgado; el ministro de la Producción, Matías Kulfas; y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen. Según informó Infobae, el empresario reiteró la misma propuesta que ya le había hecho al jefe de Estado: quiere seguir manteniendo parte de las acciones de la compañía. Fuentes oficiales aseguraron que esa alternativa resulta insatisfactoria y dejaron la “puerta abierta para seguir conversando, pero mientras tanto la intervención ya comenzó a gestionar la empresa".

Si finalmente no se lograra una “alternativa satisfactoria” para el Ejecutivo, el gobierno parece obligado a avanzar con el proyecto de expropiación, que se anticipa tendría un duro tránsito en el Congreso: si en alguna de las cámaras la oposición juntara los votos para frenar la iniciativa, el costo político a pagar sería muy alto para el oficialismo.

A ello se sumaría una previsible movilización de los sectores productivos, los cuales siguen de cerca la situación. La Sociedad Rural de Jesús María se declaró en estado de “alerta permanente”. En un comunicado, dijeron: "El punto no es defender a Vicentin, sino advertir el modo en que el Ejecutivo está manejando esto”. Quizás Alberto Fernández, una vez más como en 2008, deberá lidiar con un conflicto ante uno de los actores más dinámicos de la economía.

El campo tiene muy presente el efecto negativo que ocasionó en las diferentes regiones productivas la política de intervención que desplegó el kirchnerismo entre 2006 y el 10 de diciembre de 2015. Es por eso que durante la última campaña electoral, dirigentes y productores enviaron un claro mensaje al Presidente: “No queremos volver a las políticas del pasado”. El martes por la noche en muchos lugares del país, especialmente en Santa Fe, sonaron bocinas y cacerolas con el objetivo de frenar la idea de un sector del oficialismo del “vamos por todo”.

Negociaciones

Tras una semana muy convulsionada y a medida que pasan las horas, aumenta la incertidumbre sobre cuál será finalmente la estrategia del gobierno para la expropiación de Vicentin, y cómo finalmente estará integrado el fideicomiso que poseerá los activos de la empresa y cederá la gestión de los negocios a YPF Agro.

Pero a dicha estructura para la “nueva Vicentin”, el gobierno de Santa Fe buscar sumar a otros actores de peso en el mercado de granos, como cooperativas y pymes agropecuarias de la provincia. En las últimas horas, el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Claudio Soumoulou, expresó que la expropiación “no es una figura que nos gusta”, y reiteró que está dispuesto a dialogar con el sector público y privado para aportar ideas y alternativas a un contexto muy complicado.

En la actualidad, ACA nuclea a 150 cooperativas y la comercialización de productos agrícolas es su principal actividad. La llamada “generación” de granos es su fuerte. Vicentin tiene una deuda con la entidad de 90 millones de dólares por cargas de soja impagas antes de declarar el default, que es de un tercio de lo que reclama el Banco de la Nación Argentina en el concurso de acreedores. La entidad financiera, que tiene más espalda que muchos chacareros, habilitó créditos para prefinanciar exportaciones por cerca de 19.000 millones de pesos y se convirtió en el principal acreedor individual, con cerca del 20% de la deuda total. La existencia de dicha deuda es la razón más esgrimida por los sectores oficialistas para pedir la expropiación de la empresa.

En febrero pasado, cuando se armó el concurso de acreedores, la deuda reconocida por Vicentin alcanzaba los 1.577 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 63 pesos de ese momento. Entre los acreedores de la empresa había 1.895 proveedores de granos, otras 586 empresas que le vendían bienes y servicios, y 37 bancos y financieras. Pero además Vicentin quedó debiéndole plata a 19 organismos fiscales o previsionales, a 98 de sus accionistas (la mayoría de ellos distintos integrantes de la familia fundadora) y a tres de sus empresas controladas por el propio grupo, que le habían hecho transferencias que nunca recuperaron.

El daño que produjo el default de la aceitera fue muy grande entre los productores de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Chaco. Son ellos los más ansiosos por tener precisiones sobre la estrategia oficial para salvar la compañía, que todavía aparece difusa. Muchos de esos productores necesitan cobrar la deuda para volver a sembrar y no desaparecer de la actividad.

Cualquier sea finalmente la figura elegida por el gobierno (la empresa expropiada o una capitalizada por el Estado, pero que conserve socios privados), la principal urgencia que tendrá la nueva Vicentin será recuperar la confianza de esos productores, y convencerlos para que vuelvan a ser sus proveedores de granos.

A diferencia de lo que sucede con la petrolera YPF, que tiene la concesión de muchos pozos petroleros y así se abastece del crudo que necesita para alimentar sus refinadoras, la aceitera de Reconquista no siembra soja: debe comprarla. Por eso tendrá que tener un excelente plan de negocios para recuperar los volúmenes de exportación que logró en 2019, cuando exportó unas 10 millones de toneladas que a valores de mercado están valuadas en unos 3.000 millones de dólares.

¿Podrá una Vicentin estatizada convencer a los productores de que será una empresa confiable? Debería ser la pregunta central en la construcción de todo el andamiaje para rescatar la compañía, que sin soja suficiente podría quedar reducida a un conjunto de silos y fierros improductivos.

Estos meses de default encontraron a las dos plantas propiedad de la empresa cerradas o moliendo pocas cantidades de soja para terceros. Por cierto, nadie la extrañó demasiado. Y es que la cosecha de soja que está por terminar entregará una producción cercana a 49,6 millones de toneladas, de las que ingresarán a las plantas de crushing de todo el complejo oleaginoso entre 35 y 40 millones, porque unos 10 millones de toneladas son exportadas directamente como poroto a China. Frente a esta oferta, la capacidad de molienda de la industria se ubica en elevadas 70 millones de toneladas. En un contexto de capacidad ociosa muy elevada, lo que no haga Vicentin lo hará cualquier otra empresa.

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