A 38 años del fin de la guerra, ¿cuál fue el impacto económico del conflicto bélico de Malvinas?

La guerra de Malvinas, que culminó hace 38 años, dejó muchas secuelas para el país. La primera y más grave, los 650 soldados argentinos que murieron en el campo de batalla y en el territorio continental. La segunda fue la profundización de una crisis económica que se había desatado en 1981, cuando el gobierno militar tuvo que abandonar el esquema de la “Tablita” cambiaria y generó una aceleración inflacionaria y una crisis en el frente externo, a tono con la crisis que empezó en toda la región. ¿Fue la guerra la respuesta desesperada a ese desgaste socioconómico y político?

De hecho, algunos veteranos banqueros de Wall Street aseguraron que la ola de default latinoamericanos no empezó con la cesación de pagos de México de agosto, sino con la decisión del gobierno de Leopoldo Galtieri de suspender los pagos externos, aprovechando el marco de la guerra, en un contexto sin recursos públicos.

El historiador Roberto Cortés Conde escribió: “el fracaso de los ajustes de 1981 provocó una serie de devaluaciones para adelantarse a los precios cada vez mayores. Fue una carrera de incrementos inéditos en los tipos de cambios y los precios. La inflación fue del 104% en 1981, del 165% en 1982 y del 344% en 1983”.

A su vez, el PBI cayó 5,4% en 1981 y 3,2% en 1982, para recuperarse 4,1% en 1983. Además, tras el shock devaluatorio de 1981, el Estado asumió gran parte del endeudamiento externo, “reemplazándola con obligaciones en pesos que, al ser ajustadas por una tasa más baja que la inflación, terminó actuando como un subsidio para los deudores”, agregó Cortés Conde.

Los intentos de normalizar la situación fiscal con un ajuste ortodoxo por parte del ministro Roberto Alemann, designado por Galtieri, tuvieron un éxito muy efímero. “El objetivo de su política se centraba en el control de la indomable inflación por medio de una política monetaria activa. Además, se unificó el mercado cambiario y se intentó reducir el déficit de las cuentas públicas con un refuerzo de la presión tributaria, suba de las tarifas públicas y congelamiento de los salarios del sector público, recordó Mario Rapoport. Ese ajuste fue el que provocó las primeras movilizaciones en plena dictadura, como la que llenó la Plaza de Mayo el 30 de marzo, dos días antes del anuncio del inicio de la guerra.

Antes de la guerra, Roberto Alemann debió utilizar su prestigio personal en el mercado para pedir USD 500 millones ante la escasez de reservas en el Banco Central. Con urgencia para obtener dólares, el ministro había viajado a la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Cartagena de Indias para acordar la refinanciación de los compromisos de la deuda soberana de 1982.

La estrategia consistía en obtener USD 3.500 millones en créditos sindicados a largo plazo y renovar otros USD 7.200 millones. Como contrapartida, el ministro prometió bajar el déficit fiscal en un 2% del PBI ese año.

Mientras Alemann volvía de un largo viaje con varias escalas desde Colombia, su secretario de Hacienda, Manuel Solanet, le sugirió al presidente del Banco Central, Egidio Ianella, que sacara las reservas internacionales del Banco Central que estaban depositadas en el Banco Central de Inglaterra y en los bancos comerciales de los Estados Unidos. El nuevo destino sería el Banco Internacional de Pagos de Basilea, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de Nueva York, lejos del alcance del embargo británico.

Pero, más allá de esta jugada anticipada, el equipo económico perdió, con el inicio del conflicto bélico, toda posibilidad de mantener su estrategia de racionalización del gasto.

Durante la guerra, Alemann limitó la compra de divisas para evitar la fuga de capitales, el mercado cambiario volvería a desdoblarse, el peso se devaluaría, crecerían las retenciones a la exportación y se adoptarían otros cambios impositivos para enfrentar el crecimiento de los recursos militares, que consumieron USD 450 millones de gasto corriente, más los fondos destinados a la compra de aviones.

Como resultado de la desconfianza generada por el enfrentamiento militar, los depósitos del sector privado bajaron 4% solamente en la primera semana de abril. Por su parte, con el respaldo de sus aliados de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña congeló los fondos argentinos y embargo los recursos de las importaciones de origen nacional.

En la Argentina el sector más duro de la junta militar pidió como represalia la confiscación de los bienes británicos. Y si bien Alemann no accedió, sí suspendió el pago de los vencimientos de capital de la deuda externa para preservar el nivel de reservas del Banco Central, lo que redobló los nervios en el mercado internacional.

El ministro juró que se trataba de una suspensión transitoria que no afectaría el pago de intereses, salvo a los bancos ingleses. El “detalle” era que el Lloyds Bank del Reino Unido era el principal acreedor individual del país.

Por otra parte, el Gobierno había logrado una buena parte de sus créditos a través de préstamos sindicados, que todos los bancos cobraban a través de una sola ventanilla. Por lo tanto, si no cobraba uno, no cobraba nadie.

Para reducir el pánico, en medio de la guerra Alemann viajó a una cumbre del Fondo Monetario Internacional en Helsinki, donde el 12 de mayo intentó sin demasiado éxito obtener el respaldo del titular del organismo, el francés Jacques de Larosiére, para un programa de asistencia.

Sin lograr resultado alguno, inició una gira por Zúrich, París y Nueva York para ofrecerles a los bancos no británicos la posibilidad de cumplir en forma efectiva con los vencimientos del pago de intereses a través de una cuenta en la Unión de Bancos Suizos (UBS). Además, la intención era abrir una escrow account para dejar asentado los compromisos con los bancos ingleses sin pagarles, hasta que Londres levantara las sanciones contra el país. La propuesta de pagos parciales finalmente fue aceptada por los acreedores no británicos, pero luego del final de la guerra, el país acumulaba unos USD 2.000 millones de atrasos en el pago de la deuda que debió empezar a renegociar al día siguiente de la rendición en el Atlántico Sur. El país siguió formalmente en default hasta 1993, cuando renegoció su deuda en el marco del plan Brady.

Apenas renunciaron Galtieri y Alemann, el peso se devaluó más del 200% en pocos días. El nuevo equipo económico, con un régimen completamente desgastado por la derrota militar, el malestar socioeconómico y la presión por la reapertura política, poco pudo hacer con una deuda de unos USD 40.000 millones, una recesión de casi 10 años, dos millones de desempleados (casi el 8% de la población) y el 60% de la capacidad industrial ociosa.

En julio de 1983 el FMI le concedió al gobierno USD 320 millones, como parte de un programa stand by, que fue aprobado por la negociación secreta entre el presidente del Banco Central, Julio González del Solar, y su par británico, Gordon Richardson, según recordó James Boughton en su libro sobre la historia del organismo multilateral. El encuentro sirvió para limar asperezas porque todavía se mantenían las restricciones para girar fondos al país europeo.

Pero de poco sirvió esa pax diplomática, ya que el 8 de septiembre el juez Federico Pinto Kramer dictó la prisión de González del Solar por aceptar negociar con acreedores extranjeros bajo otra jurisdicción, tal como lo marcaban los contratos de la deuda. Aunque a los pocos días fue liberado, ya no pudo recomponer la relación con los acreedores.

En aquellos tiempos en los que el FMI y los bancos tenían una relación muy fluida, el director gerente del organismo le reclamó al presidente del comité de acreedores, William Rhodes, que firmara un acuerdo para renegociar la deuda, pero en Wall Street no querían dar ningún paso hasta después de las elecciones del 30 de octubre de 1983.

Mientras Raúl Alfonsín festejaba su victoria, el equipo del ministro Jorge Webhe negoció contrarreloj la extensión de dicho préstamo con el Citi y los otros bancos.

El nuevo gobierno constitucional asumiría con pocas reservas, una situación desastrosa en la economía real y una deuda cercana a los 45.000 millones de dólares.

El regreso de la democracia no cambió el crítico cuadro económico: el país no pudo escapar de la “Década pérdida” que afectó a toda América latina en los 80. Luego de tres hiperinflaciones, a fines de los 80 y principios de los 90, hubo una período de estabilidad entre 1991 y 2001, con alto crecimiento económico y baja inflación, pero alto desempleo.

Lo que no cambió fue la debilidad del frente externo: después de 1994, con el efecto Tequila, la situación volvió a complicarse y el electrocardiograma se alteró en 1997 con la crisis de Asia, en 1998 con la de Rusia y en 1999 con la de Brasil. Los últimos dos años, la convertibilidad sobrevivió por el apoyo del “blindaje” del FMI y de los bancos internacionales, hasta que todo estalló.

El resto, desde 2002, es historia casi repetida, con alta inflación, pobreza y desempleo, picos de euforia y recesión y 14 años de default. La ilusión de ver reformas fiscales desde 2016 duró poco y, cuando parecía que el gobierno de Mauricio Macri estaba en su mejor momento, cayó en otro pozo ante el corte del financiamiento voluntario en los mercados externos desde 2018 que perdura hasta la actualidad, cuando confluyen el recuerdo de aquellas insensatas muertes en el Atlántico Sur y la sensación de que las crisis económicas en el país solo se toman una pausa pero nunca terminan.

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