Desde los inicios de su gobierno y hasta nuestros días, la relación entre Alberto Fernández y el sector agropecuario no es buena. Es muy grande el malestar que hay en el interior con las medidas que la administración nacional lleva adelante para el campo: elevada presión impositiva, restricciones cambiarias, y falta de previsibilidad para el mediano y largo plazo, entre otras problemáticas.
Pero el tema Vicentin puede significar un quiebre importante en la relación entre el gobierno nacional y el sector más pujante de la economía. El anuncio del presidente Alberto Fernández de intervenir la empresa agroexportadora y ratificar que la única herramienta es su expropiación, derivó en una profundización de las diferencias.
Frente a este panorama, y luego de movilizaciones en muchos lugares del país en contra de la medida oficial, la Sociedad Rural de Jesús María se declaró en estado de “alerta permanente”, y manifestaron: “Velaremos por nuestros derechos y la propiedad privada, buscando el apoyo de la sociedad, las fuerzas vivas y representantes de diversos estamentos”.
Aseguran que la intervención y de efectivizarse su expropiación, “el impacto sería nocivo no sólo para nuestro sector, sino también para el comercio en general. Los productores conocemos perfectamente la situación de la compañía y lo que la ha llevado a este desenlace. Pero el punto no es defender a Vicentín, sino advertir el modo en que el Ejecutivo está manejando esto. Si el argumento es que los productores puedan cobrar, pues deberíamos atenernos a la Justicia y a la legislación vigente de concursos y quiebras. Se supone que sólo un juez puede disponer la intervención de una sociedad comercial”, señalaron en un comunicado.
Además, desde la entidad que preside Luis Magliano, se rechazó la postura del gobierno de eludir la postura del gobierno de Santa Fe, y sobre la "soberanía alimentaria de la que habló el presidente de la Nación el pasado lunes, manifestaron: “Nos preguntamos si es la misma que nos llevó a importar trigo y perder diez millones de cabezas. Sepan señores gobernantes que en el país somos miles los productores que, con nuestro trabajo diario, contribuimos a la soberanía alimentaria. Generamos riquezas en el marco de la ley y aportamos a las arcas del Estado el mayor ingreso de divisas de su historia”.
Por otro lado, los integrantes de la entidad cordobesa, ratificaron “su defensa del contrato social expresado en la Constitución Nacional”, y agregaron: “Si la seguridad jurídica entra en riesgo, ¿quiénes se animarán a invertir? Al mercado de granos no le hace falta un testigo para garantizar su transparencia. Consideramos que la solución no es la intervención y mucho menos la implementación de estrategias ruinosas como el desdoblamiento cambiario”.
Bolsa de Cereales y exportadores
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entidad que preside José Martins, manifestó en un comunicado, sobre la decisión del gobierno de intervenir la empresa Vicentin, “resaltamos la prevalencia del orden jurídico institucional que, como bien supremo, debe guiar las acciones referidas a la convivencia social. En tal sentido y para el caso planteado, cualquier interés de participar en el sector agroindustrial, con el propósito de hacer productivo al trabajo e inversiones de la firma Vicentin , debería manifestarse y resolverse dentro de la convocatoria de acreedores que ya brinda el marco legal aplicable”.
“También observamos como positiva la apertura de una instancia de diálogo empresa-gobierno para arribar a una solución, que permita mantener la operatividad y el pleno empleo, sin necesidad de recurrir medidas extremas que perjudicarán al erario público y sobretodo nuestra imagen de país. En relación a un posible proyecto de expropiación, no se observa posibilidad de que el mismo pruebe, en forma contundente, indubitable y cuantificable, la utilidad pública que se debería invocar para aplicar tal procedimiento. Sería aconsejable que la intervención esté direccionada a asegurar un proceso de negociación ordenado con los acreedores, que respalde sus derechos, preservando el patrimonio de la empresa”, manifestaron.
Otra de las entidades que se pronunció sobre el caso Vicentin, fue la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), cuyos integrantes reclamaron que se respeten “todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país”.
“La eventual participación del Estado nacional en el sector no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo, generándose el “cluster” agroexportador privado más grande del mundo mediante la estabilidad de reglas. Además, la intervención del Estado argentino no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial ya que, si no se consigue brindar certidumbre, el acceso al financiamiento internacional será muy difícil y el ingreso de divisas se pondría en riesgo”, advirtieron.
Y por último señalaron, si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial".
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