Es la versión de deuda soberana del “Día de la Marmota”: por novena vez en su historia y segunda en seis años, Argentina ha dejado de pagar sus deudas. El 22 de mayo, el Gobierno falló en el pago de los intereses de los USD 65.000 millones que debía a los tenedores de bonos extranjeros. El país y sus acreedores están discutiendo un acuerdo para reestructurar los préstamos, con una fecha límite fijada para hoy. Es de interés para ambas partes llegar a un acuerdo y hacer que estas conversaciones tengan éxito.
El pueblo argentino es el que tiene el mayor interés de todos. Incluso antes de que la crisis de COVID-19 se extendiera a América Latina, la tasa de desempleo del país había aumentado. La inflación es la más alta en casi tres décadas. Un resultado que deje al país con deudas insostenibles o (en el caso de un impago desordenado) que cierre su acceso a los mercados internacionales aplastaría los niveles de vida que ya están siendo atacados.
Dado el historial de morosidad de Argentina, es comprensible que los tenedores de bonos se muestren reacios a reestructurar su deuda una vez más. Los acreedores también tienen razón en que el desastre de la Argentina es en gran medida de su propia cosecha, producto de décadas de una gobernanza plagada de escándalos y de un gasto social despilfarrador.
Los acreedores de la Argentina deberían haberlo pensado dos veces antes de prestar tanto a un país con tan malos antecedentes fiscales. Y los votantes del país deberían haberlo pensado dos veces antes de elegir a los políticos que les han defraudado
Tras el anterior incumplimiento de pago del país, el gobierno del ex presidente Mauricio Macri convenció a los inversores privados y al Fondo Monetario Internacional de que podía poner al país en el camino de la solvencia. El fracaso de Macri para cumplir con sus compromisos culminó con su derrota el otoño pasado ante Alberto Fernández, un aliado de la predecesora izquierdista de Macri, Cristina Fernández de Kirchner. Desde su elección, Fernández ha dejado claro que el país no tiene intención de mantener los términos originales de sus préstamos.
La verdad es que el gobierno no podría hacerlo aunque quisiera. En marzo, el FMI dijo que un alivio sustancial de la deuda era inevitable: “Cualquier reestructuración tendrá que reconocer que prácticamente no hay margen para los pagos del servicio de la deuda en divisas a los acreedores privados en en el corto y mediano plazo”, concluyeron sus economistas. El 1° de junio, discutiendo la oferta revisada de Argentina a los acreedores, el FMI dijo que debería ser suficiente para restaurar la sostenibilidad y que había “sólo un margen limitado” para mejorarla aún más.
Un resultado que deje al país con deudas insostenibles o (en el caso de un impago desordenado) que cierre su acceso a los mercados internacionales aplastaría los niveles de vida que ya están siendo atacados
La brecha entre ambas partes aparentemente se ha reducido. Una forma de cerrarla aún más podría ser vincular el alivio de la deuda por adelantado con mayores pagos del servicio de la deuda más adelante, cuando las perspectivas económicas del país mejoren. El gobierno también debería prometer que frenará sus subsidios y reducirá sus impuestos a las exportaciones (esenciales para el crecimiento a largo plazo) tan pronto como las condiciones lo permitan.
Los acreedores de la Argentina deberían haberlo pensado dos veces antes de prestar tanto a un país con tan malos antecedentes fiscales. Y los votantes del país deberían haberlo pensado dos veces antes de elegir a los políticos que les han defraudado. Tal vez la próxima vez, tanto los acreedores como los votantes sean más sabios. Es demasiado tarde ahora para corregir los errores del pasado - pero no demasiado tarde para un acuerdo que dé a los acreedores un resultado tolerable, sin infligir aún más sufrimiento al pueblo de Argentina.
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