“Es un resultado adverso que era esperado. Jugamos una estrategia que no era nuestra sino del gobierno anterior, que no estaba mal, pero ahora hay que mirar para adelante y ver como se sigue”. Lacónico, el funcionario del gobierno nacional resume su parecer sobre el fallo de Loretta Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien decidió ayer que el multimillonario juicio como consecuencia de la expropiación de YPF se tramitará en EEUU, y no en Argentina como pretendía los abogados de la empresa y el Estado.
En los pisos superiores de la torre de la petrolera en Puerto Madero y en las oficinas de la Procuración del Tesoro, el equipo de abogados de Estado a cargo de Carlos Zannini, ya delinean la estrategia con la que buscará convencer a Preska de que tienen razón, de que todo lo actuado en la expropiación o renacionalización –según quien lo describa– es legal y que no hay que pagar nada. Ni un solo centavo. Un argumento que, con algunos pocos matices, también esgrimieron los abogados de la Procuración cuando Mauricio Macri era presidente. El reclamo es gigante y la compensación podría rondar los USD 3.000 millones, aunque otros cálculos multiplican por cuatro esa cifra.
Como sea, se trata montos muy alejados de las posibilidades de una Argentina en crisis, que renegocia su deuda pública y que aún no sabe cómo le hará frente al impacto económico del coronavirus.
La causa
YPF volvió a manos del Estado en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Accionistas minoritarios sintieron que no obtuvieron el mismo trato que la española Repsol (a la que el Gobierno le pagó más de USD 5.000 millones en bonos) y unos años después fueron a la justicia de EEUU a reclamar, entre otras cosas porque la petrolera cotiza en Wall Street. En rigor, quien litiga es Burford Capital, un cuestionado bufete especializado en estos temas a los que muchos lo consideran una suerte de “fondo buitre”. Burford habría comprado los dos juicios.
Luego de una larga disputa jurisdiccional, en la que los abogados locales pretendieron que el juicio se tramite en la Argentina –y que llegó sin resultados favorables para el país hasta la Corte Suprema de EEUU–, ahora está confirmado que este juicio se dirimirá en Manhattan.
“La decisión de la jueza fue de naturaleza procesal y sólo resuelve la jurisdicción en la que se desarrollará el juicio. Por esa razón, dispuso que las partes deberán informar, antes del 19 de junio, como sugiere proceder con la tramitación del caso. Rechazó el argumento de las demandantes de que el nuevo Gobierno argentino electo no respetaría la independencia del poder judicial por basarse en meras especulaciones”, detalló otra fuente oficial. Desde que se conoció el fallo, varios funcionarios de Alberto Fernández destacan –siempre en off the record– que Preska no hizo lugar a uno de los argumentos centrales de Burford contra el país y dejó en claro que la Argentina sí es un foro alternativo adecuado para este litigio, por más que haya decidido quedarse ella con la causa.
“Una de las sociedades demandantes tenía su base y opera desde Nueva York y hay títulos que cotizan en los mercados bursátiles y fueron ofrecidos a inversores de los Estados Unidos”, agregó la fuente.
Cómo sigue el juicio
En principio, Preska les dijo a las partes que intenten fijar una agenda común para el juicio. Tienen 14 días, pero es muy probable que no se pongan de acuerdo; si pasa eso, la magistrada lo hará.
Hasta ahora el estudio neoyorquino Skadden representaba al país en EEUU. En febrero se sumó Sullivan & Cromwell y en los pasillos del poder aseguran que será la única defensa de acá en más. A YPF lo representa en ese país Cravath, Swaine & Moore.
El Estado y la empresa tienen la opción de apelar el fallo de ayer, pero la jueza va a decidir si concede esa opción. Si no lo hace, se recurrir a una Cámara, pero parece mucho más complicado conseguir una apelación en esa instancia.
Otra opción: pedirle a la jueza que deje plantear nuevas defensas técnicas. El año pasado, Burford exigió un juicio sumario: argumentó que está convencido de que está todo definido, que no hay nada más que discutir y que sólo hay que dictar sentencia y, si hay condena, fijar penalidades, montos y cómo se va a pagar. Argentina, en tanto, interpuso varias defensas para el caso y la jueza decidió analizar la primera, la jurisdicción. ¿Podría considerar alguna de las otras ahora que ya decidió que su tribunal es el correcto para llevar adelante la demanda? “Podría hacerlo y significaría más tiempo. Las partes demandadas suelen buscar ganar o perder pero hacerlo lo más tarde que se pueda. Siempre sabiendo que dilatar de manera intencional no puede ser el eje principal de un proceso realizado de buena fe”, explica otro hombre de leyes que conoce la causa.
Esa agenda del juicio es amplia. Incluye apelaciones, como se puede hacer el discovery (la presentación de las pruebas), los contexto y límites en los que se va a argumentar, etc.
Los montos
“Va a ser largo. Y si hay que pagar habrá que ver cómo se lo hace... quizás se haga con bonos reestructurados de la deuda, como se arregló con Repsol en su momento”, le dijo ayer a Infobae Sebastián Maril, CEO de Finguru y especialista en la causa.
En un texto publicada ayer en el sitio web de su empresa, anterior al fallo, Maril explicó por qué estima que perder la demanda podría significar pagar la increíble cifra de USD 12.000 millones.
- Burford Capital, propietaria del 31,25% del juicio más avanzado, usa tres escenarios diferentes que arrojan una valuación del daño económico que varía entre los USD 800 y los USD 2.800 millones. Ese rango aplica al porcentaje que la empresa aún mantiene en el litigio ya que inicialmente adquirió el 70% de los beneficios económicos y ha vendido el 38,75% de su participación. En otras palabras, según Burford, el 100% del valor del beneficio económico a todos los demandantes se ubica entre USD 2.600 millones y USD 9.000 millones.
- Adicionalmente, Burford es propietaria del 75% de un caso idéntico contra YPF y contra Argentina iniciado originalmente por Eton Park Capital. Según la empresa británica, el beneficio económico de este caso se ubica entre los USD 660 millones y USD 2.300 millones. Nuevamente, esta cifra corresponde al 75% que la empresa aún mantiene en el caso y, si asumimos en 100%, el daño económico puede ascender a USD 880 a USD 3.100 millones.
- Si se suman el total de ambos casos, Argentina e YPF podrían enfrentar un daño económico que se ubica entre los USD 3.500 millones y los USD 12.100 millones.
Como sea, el encargado de pagar será el Estado y no la petrolera. Hubo novedades muy importantes y se abren nuevas opciones, pero la causa está todavía muy lejos de llegar a su fin.
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