El ministro de Economía, Martín Guzmán, constató la semana pasada “en persona” la ansiedad del sector privado por la salida del default en el que cayó la Argentina hace 10 días. Fue cuando en la reunión vía zoom organizada por el petrolero Miguel Galuccio, varios de los más grandes empresarios de la Argentina insistieron en la necesidad de que el país alcance rápidamente un acuerdo con los acreedores. La premura de los hombres de negocios, en contraste a la poca urgencia que le otorgó el ministro a la negociación, tiene un motivo muy concreto: a diferencia del Gobierno nacional, que según los lineamientos presentados por Guzmán no recurrirá al financiamiento externo durante los próximos tres años, muchas de las más grandes compañías tienen expectativa de recuperar cuanto antes el acceso al crédito en el mercado de capitales global.
Sin ir más lejos, el primer semestre del próximo año está cargado de vencimientos de deuda privada emitida en el exterior, por un volumen de USD 2.500 millones. La cancelación o refinanciación de esos pagos, está claro, sería imposible si el Gobierno no regulariza la situación actual de la deuda soberana con los bonistas extranjeros. En cambio, si finalmente lo logra durante las próximas semanas tal como se espera tras el relativo acercamiento de la posturas de ambas partes, existe consenso en el mercado de que compañías privadas con buen historial crediticio podrían, incluso antes de fin de año, acceder nuevamente al financiamiento internacional.
Si la diferencia son unos U$S 500 millones por años, es una discusión sin sentido, hay que entender que es una cifra completamente menor respecto del volumen que podría ingresar (Javier Timerman)
“Es asombroso el nivel de liquidez en el mercado. Que los indicadores estén en los niveles que están, a pesar del impacto de la pandemia y el clima de revuelta, es señal de que en seis meses las empresas podrían volver a financiarse en el exterior”, aseguró a Infobae el director del banco de inversión Adcap, Javier Timerman. Para el financista, la diferencia que separa por estas horas la oferta oficial -leve mejora sugerida por el Fondo Monetario incluida- de la de los acreedores, es insignificante respecto del flujo de dólares para el país que podría implicar el acuerdo. “Si la diferencia son unos U$S 500 millones por años, es una discusión sin sentido, hay que entender que es una cifra completamente menor respecto del volumen que podría ingresar”, agregó.
Primeras en la fila para capitalizar el eventual nuevo acuerdo serán, sin dudas, todas aquellas compañías con deudas a refinanciar. Entre las principales, YPF, que tiene agendado un vencimiento de USD 1.000 millones en marzo. Pan American Energy, la petrolera de los Bulgheroni, tiene el propio en mayo, USD 300 millones mientras que en junio Telecom y Edesa suman otros USD 500 millones. Ya a principios del segundo semestre se anotan los vencimientos de Mastellone y Raghsa.
Todas ellas dependen de que el Gobierno cierre el proceso con los acreedores extranjeros para capitalizar lo que luce como una muy buena predisposición de los inversores. Es al menos la lectura que se hizo hace menos de un mes cuando Aeropuertos Argentina 2000 logró un rotundo éxito en el canje de su deuda por USD 341 millones.
A diferencia del Gobierno nacional, que según los lineamientos presentados por Guzmán no recurrirá al financiamiento externo durante los próximos tres años, muchas de las más grandes compañías tienen expectativa de recuperar cuanto antes el acceso al crédito en el mercado de capitales global.
Pero no sólo las empresas del sector privado están expectantes de la resolución de la deuda nacional para resolver la propia. También las provincias, al menos aquellas con cuentas más ordenadas, tendrían chance antes de fin de año de acceder a fondos frescos que, en medio de las consecuencias de la pandemia, serán como maná del cielo.
“Empresas y provincias con buen crédito tendrían acceso al mercado en mejores condiciones si hay arreglo de la deuda incluso este año, no así el soberano”, afirmó el economista Federico Furiase, director de la consultora EcoGo, quien además de las firmas asociadas al agro apuntó a la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba como las jurisdicciones con más chances de recuperar el acceso al financiamiento. También San Juan.
A nivel nacional, sin embargo, los economistas parecen coincidir con Guzmán, ya que no sería tan sencillo reabrir los canales de fondeo con los inversores extranjeros.
“El problema es que la Argentina no tiene una buena historia para vender. Todo dependerá de las señales del Gobierno post acuerdo y de la agenda que adopte: si va por el camino de las reformas, y tiene un cuentito que vender es una cosa, pero si las señales son de mayor intervencionismo, es otra”, dijo el economista Martín Polo. “En el mercado siempre ven los escenarios de la Argentina como binarios”.
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