El comité de acreedores privados de la Argentina más dialoguista expresó su decepción por la actitud del Gobierno de no avanzar hacia un acuerdo, pese a que aseguran que técnicamente estarían muy cerca de lograrlo.
El Comité de acreedores de la Argentina, que integran Gramercy, Fintech, Greylock y Hans Humes, cuyo acuerdo de confidencialidad expiró anoche, presentó una oferta que está a solo tres dólares de lo que pretende el Gobierno.
Así lo informó a Infobae una calificada fuente de este grupo desde Nueva York, que, sin embargo, se mostró disgustada por la actitud del Gobierno de no querer seguir construyendo una propuesta de consenso, sino recostarse solamente en el apoyo brindado ayer por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estábamos acercando a un acuerdo y el gobierno decidió no continuar”, indicó el ejecutivo.
“Es sorprendente lo complicado que se puede volver una situación en la que las posiciones de las dos partes no son muy diferentes”, aclaró.
El líder de los bonistas subrayó: “No tiene por qué ser tan complicado; hay tres puntos porcentuales de valor presente neto de distancia entre nosotros y la última oferta oficial. Y es un valor que Argentina no tendrá que pagar por mucho tiempo”.
La fuente cuestionó, a tono con los otros dos comités, la nueva nota técnica del FMI, al considerar que “no tiene sentido calcular la oferta a una tasa de descuento del 10 por ciento”, como la que utilizó el staff del organismo para su segunda nota técnica sobre la deuda en la que concluyó que el país no puede ofertar más de 50 dólares.
Para los bonistas, la tasa correcta que debe utilizarse, al menos, es del 12 por ciento.
“No es lógico que el FMI esté hablando en estos términos”, afirmó.
De todos modos, la fuente admitió que la propuesta de este comité está más cerca de lo que pretende que el Gobierno que la de los otros dos grupos, el Ad Hoc y los Exchange Bondholders, que se unieron para presentar una propuesta en conjunto con un valor que ronda los 60 dólares a una tasa del 10 por ciento.
Si se utilizara la misma tasa para el grupo de Fintech y Greylock, se podría estimar que la diferencia es de 53 a 50 versus la oferta “enmendada” que prepara el Ministerio de Economía luego de la extensión por otros 10 días que decidió ayer.
Desde los otros comités saben que, lógicamente, el Gobierno ha tratado de acercarse más al grupo que presenta una menor pretensión económica, pero advierten que corre el riesgo de volver a tener otro fracaso importante si realiza un canje con el aval de este bloque “dialoguista”.
De todos modos, parece ser que la declaración del FMI logró unir a los tres grupos, en contra.
Dennis Hranitzky, asesor legal de Exchange Bondholder Group y jefe de la práctica de litigios soberanos, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, dijo que “depende de Argentina mostrar un serio deseo de cerrar la brecha restante, y será desafortunado si Argentina endurece su posición en respuesta a la declaración del FMI”.
“El FMI parece estar tratando de facilitar un acuerdo. Las partes no están tan lejos, quizás el 1.5% del PIB se extendió en 20 años, y el FMI reconoce que hay espacio para que Argentina mejore su oferta. Los tenedores de bonos han mostrado mucha flexibilidad al hacer una oferta sostenible a Argentina”, afirmó.
En tanto, el comité Ad Hoc, que integran BlackRock y Fidelity, entre otros fondos, sostuvo que “es tarea del Gobierno” superar las diferencias entre las dos partes para lograr un acuerdo para reestructurar unos 66.000 millones de dólares en deuda pública.
“El Gobierno debería tomar ahora acciones que lleven al país hacia una resolución pragmática que sería bienvenida por la comunidad financiera internacional”, señaló el grupo.
Al respecto, subrayó, como sus “socios”, que la declaración del FMI sobre Argentina indica que es posible alcanzar una reestructuración de la deuda implementable y sostenible y que Argentina mejore su posición actual.
“La diferencia entre la propuesta más reciente del gobierno y la propuesta conjunta de nuestro grupo con Exchange Bondholders Group es aproximadamente un 1,5 % del PBI distribuido en la próxima década hasta 2030, y otro 1% del PIB desde 2031 hasta 2040. La tarea de superar esta diferencia y asegurar un camino alejado del incumplimiento está en el gobierno”, precisó.
En este sentido, el ministro Martín Guzmán señaló que ayer se concluyó “otra ronda de negociaciones bajo un acuerdo de confidencialidad”.
“Las partes se siguen acercando, aunque sigue faltando una distancia importante por recorrer. Es necesario poder recorrer esa distancia. No estaría bien apurarse para cerrar algo que no le sirva a Argentina. Necesitamos un acuerdo que cuide a Argentina. Eso es lo que me encomendó el Presidente. Y nosotros actuamos de forma firme sobre la base de ese principio”, sostuvo Guzmán. Por esta razón, no necesariamente la fecha del 12 de junio será la de cierre del diálogo y podría haber una nueva extensión.
Sin embargo, Guzmán dijo que el equipo económico trabaja por estas horas “en las enmiendas finales de la oferta”.
“Tendremos en cuenta el comunicado que hizo el FMI a la hora de decidir las enmiendas finales. El margen que queda para enmendar la oferta es escaso, el mismo FMI dijo que está ‘marginalmente debajo’ del límite que permitiría restaurar la sostenibilidad de la deuda, que es el mandato que también nos dio el Congreso de la Nación cuando se aprobó la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública bajo ley extranjera”, afirmó.
“La extensión de hoy es simplemente por una razón técnica. Se extiende la oferta para tener unos días más para enmendarla. Y una vez que se enmiende, se volverá a extender la fecha de cierre de la oferta”, aclaró Guzmán.
Además, sostuvo que “luego de enviar la oferta enmendada a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, se planteará una reestructuración de la deuda en dólares bajo ley local en términos equitativos”.
“Como siempre decimos, la deuda es política de Estado. Y más en general, tener las finanzas públicas saneadas debe ser política de Estado. El ordenamiento de las cuentas públicas es un proceso que Argentina debe recorrer. Finanzas públicas saneadas le dan a un país mayor capacidad para hacer políticas económicas para atender contingencias”, finalizó.
La semana pasada, Economía presentó una propuesta no formal para subir la oferta de 40 dólares -que recibió un masivo rechazo de los acreedores- a 47, a lo cual podría sumar un cupón, que no necesariamente estaría ligado al PBI. Podría ser el nivel de crecimiento o “alguna variable de la economía real”, explicó a Infobae una fuente oficial ligada a la negociación, como el precio de una materia prima o la variación de las exportaciones.
Guzmán dijo que, una vez preparadas “las enmiendas finales, es probable que volvamos a entrar en negociaciones bajo acuerdos de confidencialidad para limar detalles que nos permitan maximizar la participación de los acreedores”.
Tan lejos, tan cerca, el Gobierno y los bonistas seguirán negociando, con recelo mutuo, pero, por ahora, con la intención de no patear el tablero.
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