Horacio Liendo: “El Gobierno tiene que tratar de tranquilizar a los acreedores, no de asustarlos”

La Argentina avanza con la segunda prórroga del proceso de reestructuración de parte de la deuda pública externa del sector público nacional, y nada asegura que como en el caso de la imprevisibilidad de la extensión de la pandemia COVID-19, se asista a un nuevo plazo, dadas la distancia que persiste entre la propuesta de Economía y el límite para la aceptación que plantearon los bonistas.

Para analizar este proceso, y sobre todo sus consecuencias a futuro para la economía nacional y privada de los próximos años, Infobae entrevistó a Horacio Liendo, abogado especializado en reestructuración de la deuda pública y moneda; ex director del Banco Central, ex subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, negociador de la deuda externa (Plan Brady y Club de París, 1992); y redactor, co-redactor o supervisor de numerosas reformas legislativas durante el proceso de reforma económica (1991-96), tales como las leyes de Convertibilidad, de Consolidación, de Solidaridad Previsional, de Financiamiento de la Vivienda, Fideicomisos y Leasing, de Aranceles Profesionales de Abogados, de Inversiones Mineras, de Concursos y Quiebras, de Entidades Financieras y Carta Orgánica del BCRA, entre otras, junto a actividades docentes en la UTDT; habida cuenta del largo proceso recesivo que acumuló la Argentina desde 2010 cuando en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se logró cerrar plenamente el default declarado a fines de 2001 por sólo un 7% de bonistas intransigentes, hasta que se cerró el proceso en los primeros meses de 2016, por los ministros Alfonso Prat Gay y Luis Caputo.

Ahora, a cuatro años de esa instancia, las negociaciones avanzan a un ritmo inferior al que se había propuesto el ministro Martín Guzmán en abril, y para peor, apareció la pandemia COVID-19, con severos daños humanos y económicos, que llevaron a un singular deterioro de las finanzas públicas y la necesidad de financiamiento espurio por parte del Banco Central, que en ausencia de un plan económico integral, impide ver la declamada sustentabilidad del nuevo reperfilamiento de vencimientos y crecimiento del PBI.

- ¿Cómo ve el proceso de reestructuración de la deuda?

- Lo veo mal. Se creó, innecesariamente, una enorme y prolongada incertidumbre sobre el crédito público de la Argentina, es decir, sobre la confianza que inspira nuestro país a quienes están dispuestos a prestarle dinero e invertir. El efecto inmediato fue el aumento de la tasa de interés, que se refleja en un mayor “riesgo país” (que mide la diferencia entre el costo de financiamiento de los Estados Unidos con el de cada uno de los demás países). Mientras nuestros vecinos tienen un riesgo país que fluctúa entre los 200 y 400 puntos básicos (2% y 4% anual, respectivamente), en la Argentina superó en algún momento los 4.500 puntos (45% anual en dólares). Un riesgo país tan alto significa que no hay capitales disponibles. No hay financiamiento para el gobierno, ni tampoco lo hay para las empresas que invierten y trabajan en el país. Ese nivel de tasas de interés es la antesala de la depresión económica, incluso sin considerar el impacto de la pandemia.

- ¿Por qué pasa esto?

- Cuando un país tiene necesidad de reestructurar su deuda, debe crear certidumbre en el proceso para evitar que el desconocimiento de los eventuales posibles escenarios aumente la incertidumbre y aleje a los capitales aún disponibles. Es decir, tiene que tratar de tranquilizar a sus acreedores, no de asustarlos. Recordemos que la deuda pública no es otra cosa que bonos que están en manos de millares de personas, empresas, bancos, fondos y organismos de todo tipo. Ante la incertidumbre, probablemente los quieran vender, lo más rápido posible. Y como no hay compradores disponibles, su precio cae hasta que haya alguien dispuesto a comprarlos.

Cuando baja el precio que se paga por comprar los bonos, aumenta su rendimiento (reflejándose en la mencionada tasa de riesgo país). Se produce un distanciamiento entre la tasa de interés real o de mercado y la nominal del título, porque sobre un valor nominal de 100 una tasa de interés del 8% anual, cuando su cotización cae a 50, esos 8, pasan a representar el 16% del precio de transacción secundaria. Ese rendimiento real es lo que pretenden recibir quienes todavía están dispuestos a comprar esos títulos. Pero como los bonos son a varios años, esa diferencia se multiplica por cada año que le resta a la vida, así como sobre su amortización. En algún momento, esa tasa se considera impagable.

Entonces, desaparece la posibilidad del Estado de obtener nuevo financiamiento para cancelar el capital adeudado y se precipita el pánico: muchos quieren vender y casi nadie quiere comprar. La caída es exponencial. Los títulos públicos están diseminados en toda la economía, particularmente entre los bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, empresas, etc. Por lo que la caída del valor de los títulos afecta su patrimonio y reduce el financiamiento y la disponibilidad de capital, aumentando la recesión, la pérdida de empleos y la caída del salario real.

Finalmente, no debe perderse de vista que, cuando pasa lo que describí, muchos tenedores de bonos argentinos, en virtud de sus propias reglas internas y las calificaciones de riesgo que se hacen del país, se ven limitados a aumentar su exposición al riesgo argentino, por lo que no pueden comprar más deuda argentina, o incluso deben vender sus tenencias. Un proceso de reestructuración debe atender todas esas cuestiones y el que se lleva adelante no las ha atendido.

- ¿Era necesario encarar la renegociación de toda la deuda bajo legislación extranjera, como decidió el ministro Guzmán?

- Objetivamente, solo era necesario refinanciar los vencimientos de los años 22 y 23, principalmente, lo cual era perfectamente viable. Se trataba de una refinanciación del orden de los 40 a 45 mil millones de dólares, sin que fuesen necesarias quitas de capital ni de intereses, bastando su refinanciación. No era necesario volver a reestructurar los bonos emitidos en los canjes del 2005 y 2010, en los que el país había obtenido –pagando un terrible costo reputacional– quitas del orden del 65%. No parecía una tarea imposible ni mucho menos. Muchas reestructuraciones similares concluyen con éxito en poco tiempo y sin dañar la reputación del deudor. Sin embargo, hubo una cadena de hechos y decisiones que, en lugar de reducir la incertidumbre, la aumentaron. Y eso atenta contra la esencia misma del proceso.

En primer lugar, hubo un cambio de gobierno. El calendario electoral del año pasado contemplaba la posibilidad de un cambio de administración, como finalmente ocurrió. Por lo cual, adicionalmente a la complejidad del proceso en sí, se agregó la diferente visión de las dos principales coaliciones políticas sobre esta cuestión, así como dentro de la propia coalición ahora gobernante.

En mi opinión, fue un error de la administración de Mauricio Macri haber anunciado en agosto del año pasado un proceso de reestructuración que no se concretó. Se envió incluso un proyecto de ley al Congreso que no era necesario porque el Poder Ejecutivo tiene facultades suficientes para reestructurar la deuda ya contraída. Y que, por supuesto, en medio del clima electoral, no fue tratado. En definitiva, durante el segundo semestre de 2019 el riesgo país solo aumentó con las dificultades mencionadas y las crecientes chances de la oposición de entonces, hoy en el gobierno. Es decir que, ya desde agosto del año pasado, el mercado está en ascuas.

A eso se sumó el largo tiempo que se tomó el Gobierno actual para abordar el problema que, en lo estrictamente financiero, no era complejo. Llevamos 10 meses en total. Es demasiado. En esta oportunidad, según manifestaciones públicas, hubo dos visiones en el oficialismo. Por un lado, el Presidente hablaba de una reestructuración a la uruguaya (2001/2002), que no había tenido quitas y fue amigable con el mercado. Por el otro, su ministro de Economía hablaba de grandes quitas, lo cual aumentaba la incertidumbre; por eso el riesgo país fluctuó entre los 1.700 y los 4.500 puntos básicos.

Hubo, pues, dos factores que complicaron la situación: una visión academicista –a mi juicio equivocada– y la pandemia. La opinión academicista según la cual la deuda externa debe transformarse en sostenible a costa de una enorme quita a los acreedores me recuerda a una opinión similar, del 2001, que también tuvo su origen en medios académicos.

- ¿Cómo fue en la crisis de fines de 2001, en qué se parece?

- En aquel momento, la Argentina también debía reestructurar su deuda, y lo estaba haciendo en forma razonable. Fue entonces cuando algunos prestigiosos economistas de la Universidad de Columbia de Nueva York, como Allan Meltzer y Carlos Calomiris, alentaron una fuerte quita (haircut), que envalentonó a los políticos de la oposición, creó pánico en el mercado y fue uno de los condimentos de la corrida de depósitos bancarios que terminó en el corralito y el golpe institucional de 2001/2002. Eso frustró aquella reestructuración de 2001 y condujo al país a la gran depresión del 2002 con una caída del PBI del orden del 11% anual, una fortísima devaluación, con caída del salario real y aumento de la pobreza de más de 20 puntos porcentuales con todo lo que vivimos entonces.

Fue mucho más grave porque el 14 de diciembre, pocos días antes del golpe institucional, el país había cerrado exitosamente la primera fase de la reestructuración de su deuda con los bonistas locales (que eran bancos, AFJP, compañías de seguros, fondos de inversión, etc.), que aceptaron otorgar tres años de gracia y una reducción de intereses del 30%. Esa etapa involucró USD 42.000 millones, más USD 14.000 millones de las provincias. En ambos casos se otorgaron como garantía sus respectivos impuestos coparticipables. Restaba solamente refinanciar USD 40 mil millones en manos de bonistas no residentes, para lo cual el país contaba con el voto de los que habían entrado en esa primera fase (cuyos bonos estaban depositados en Caja de Valores) y que le permitirían resolver sin dificultad el tramo internacional en condiciones similares a las del tramo local.

En medio de aquella reestructuración ocurrió el golpe del 2001 y las nuevas autoridades dejaron sin efecto lo hecho, especialmente en lo que respecta a las tenencias de las AFJPs y tardaron casi 10 años en lograr resolver una parte sustancial del problema (dichos canjes fueron en el 2005 y 2010) en tanto que el resto se resolvió recién cinco años después y quince desde el default. Aún hoy quedan secuelas irresueltas de aquella situación.

Como se advierte, los académicos, que tantas contribuciones hacen en sus análisis teóricos, no necesariamente resultan útiles llevados al campo real de un país que no conocen y cuyos consejos pueden desatar fuerzas políticas, económicas o sociales que no tuvieron en cuenta. Estoy convencido de que se equivocan. Una oferta muy agresiva puede provocar una prolongada crisis de deuda que afecte el financiamiento del país y cause una desorganización económica cuyo costo de oportunidad resulta infinitamente mayor que aquello que se discuta en materia de deuda externa propiamente dicha. Dicho de otro modo, lo que se ahorran lo van a perder varias veces como consecuencia de la crisis económica que van a provocar.

En esta oportunidad, como resulta de la oferta oficial, la idea de reducir prácticamente a cero los intereses para los próximos cuatro años (de un país cuya tasa real de interés es muy superior, incluso sin considerar los valores de pánico que llegó a tener), y proponer tasas notablemente inferiores a las de mercado de allí en más, dejaría al país fuera del mercado de capitales durante mucho tiempo, afectando su capacidad de desarrollo y privándolo de un recurso esencial para su futuro. No hay que enamorarse de las quitas porque ese no es el objetivo, una reestructuración exitosa es la que logra recuperar la credibilidad.

El Gobierno no ha oficializado los resultados de la oferta, pese a que se comprometió a hacerlo. Pero, según fuentes periodísticas confiables, la aceptación de los bonistas habría sido de solo un 12%. Es decir, un abrumador 88% la habría rechazado.

Como se advierte, para hacer a la deuda sostenible se requiere la voluntad de las dos partes, no solo la del Gobierno. Y la voluntad de los acreedores está atomizada. Y para que la oferta unilateral sea exitosa, deben alcanzarse dos tercios en el caso de los bonos de la era Macri y el 85% en el caso de los bonos de los canjes 2005/2010. Mayorías, en ambos casos, que obligarían al 100% de los bonistas a someterse a sus términos, según las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC’s), que existen para los deudores soberanos desde el 2002. La situación actual está muy lejos del objetivo.

- ¿Qué otro requisito se requiere para que la oferta de reestructuración de la deuda sea ampliamente aceptada?

- Para que la deuda pública sea sostenible, lo primero que debe existir es un plan económico de estabilización y desarrollo. En este caso, el plan brilla por su ausencia. Y si ese plan no soportara una reestructuración razonable de una parte de la deuda que está en el orden del 15% de su PBI, como la que se quiere reestructurar, evidentemente estaría mal diseñado. El proceso debería ser integral, y la reestructuración de la deuda con el sector privado, una parte del programa de gobierno. Desde mi perspectiva, primero hay que tener un plan, luego consensuarlo con el FMI y, en ese marco, llevar adelante negociaciones con los acreedores hasta alcanzar un acuerdo. Dadas las características de la contraparte, se debería organizar una adecuada representación, ya que incluso los fondos que aparecen mediáticamente interactuando con el Gobierno solo representan a una parte de los bonistas. Los demás se enteran por los diarios.

Y hay que tener presente que aunque se alcanzaran las mayorías requeridas, eso sólo resolvería una parte del problema. El acceso al mercado de capitales solo se logrará si el plan es coherente y si en el camino para conseguir tales mayorías no se sigue dañando la reputación del país.

- ¿Cree que dada la situación internacional la Argentina debiera haber optado por otro camino?

- Claro, a todo lo que dije en la respuesta anterior, agreguemos ahora la pandemia, que lejos de resolver esos problemas, ha creado nuevos. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que aunque no sepamos su duración, se trata de un evento temporal: ni el Gobierno ni los acreedores pueden conocer hoy cuáles serán sus efectos ni la perdurabilidad de los daños que cause. Lo más razonable, entonces, en mi opinión, sería establecer un paraguas temporal, digamos de un año, durante el cual se postergaran de común acuerdo los vencimientos de capital y se hicieran pagos a cuenta de intereses en la proporción que se acuerde, por ejemplo de un 50%. Algo parecido a lo que hizo Ecuador. Para ello deberían obtenerse mayorías menores a las mencionadas para las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC’s), que en este caso serían del orden del 50% y, de alcanzarse, obligarían a todos los bonistas.

Durante ese lapso, se podrían encarar negociaciones de más largo aliento en el marco de un plan económico de estabilización y desarrollo, que serían tanto más fértiles cuanta mayor información tengan los participantes de la evolución de la pandemia, tanto respecto a la Argentina como al mundo. Estoy convencido, por otra parte, que la Argentina debe “curar” cuanto antes el default en el que incurrió el viernes 22 de mayo, ya que el tiempo solo agravará la situación. Nadie puede asegurar lo que hará cada bonista y tenemos que tener en cuenta que el default de unos bonos (tres en este caso) puede causar el default de los demás por las cláusulas de incumplimiento cruzado ( cross default ) que así lo establecen. Adicionalmente, si los bonistas demandantes fuesen el 25% de la serie, podrían declarar la aceleración de vencimientos, siendo toda la deuda exigible y no solamente los cupones vencidos.

- Como experto en diseños legales de otras reestructuraciones soberanas en los 90 y comienzos del 2000 ¿Qué fortalezas y debilidades observa en las propuestas del Ministerio de Economía a los bonistas?

- La oferta de la Argentina, cuyo primer plazo de aceptación venció el 5 de mayo pasado, era muy extrema en cuanto a reducciones de intereses, y menos grave en el caso del capital (dependiendo de los bonos), amén de incluir otras cláusulas que siguieron empeorando la situación jurídica de los acreedores (por ejemplo, no tienen cláusula de pari passu, establece expresamente la posibilidad de no pagar a quienes no ingresen al canje sin que se produzca el cross default en ese caso, prevé la utilización de consentimientos de salida para empeorar los términos de los bonos de quienes no ingresen al canje, etc.), y a pesar de todas esas amenazas explícitas para quienes no la aceptaran, tuvo un rotundo rechazo.

- ¿Por qué cree que la oferta era irreal y estaba muy lejos de las aceptaciones mínimas esperables?

- En mi opinión, porque los bonistas tienen dos opciones: aceptar la oferta y no cobrar prácticamente nada durante cuatro años, o litigar, y en ese tiempo, obtener una sentencia favorable. Si lo hicieran en Nueva York, incluso, devengarían durante el juicio una tasa del 9% anual, lo que obviamente les permitiría negociar en mejores términos con las autoridades que se encuentren entonces a cargo del gobierno. Incluso si Economía obtuviera las mayorías necesarias para obligar a las minorías (dos tercios o el 85%, según los bonos) antes de que el bonista litigante consiguiera una sentencia favorable, recibiría de todas formas el mismo tratamiento de aquellos que hubieran aceptado. Por lo tanto, sería una mejor inversión del tiempo quedarse afuera del proceso y litigar, que aceptar la propuesta oficial.

De haberla aceptado, no cobrarían ni devengarían casi nada durante cuatro años (sólo un 0,5% anual en el cuarto año), habrían renunciado a buena parte de su crédito y deteriorado el alcance de sus derechos respecto de un país que durante 15 años demostró una recalcitrante negativa a cumplir sus obligaciones por parte de sus tres poderes. Esto último es muy importante: no solamente fue cuestión del Poder Ejecutivo, también del Congreso, que mantuvo indefinidamente el diferimiento del pago de la deuda pública pre 2002 (todavía hoy lo hace en cada Ley de Presupuesto) y del Poder Judicial, que hizo su parte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación negó el reconocimiento de las sentencias dictadas por el Juez de Nueva York (entonces el Juez Griesa) en los procesos sustanciados con el consentimiento de la República Argentina que incluso había consentido tales sentencias y sus respectivas liquidaciones. Aspectos todos que tuvo en cuenta la Corte de Apelaciones de Nueva York al confirmar la decisión de Thomas Griesa de aplicar la regla de pari passu que causó el default de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 hasta que se llegó a una transacción ya durante el gobierno de Macri.

En mi opinión, el Gobierno debería llegar a un acuerdo con los bonistas en negociaciones directas con ellos, como expliqué, antes de lanzar una nueva oferta: así podría asegurarse de contar con las mayorías necesarias, o que fuese verosímil la posibilidad de lograrlo.

- En el supuesto que el Gobierno logre finalmente la aceptación de gran parte de los bonistas bajo legislación extranjera ¿Qué espera cómo próximo paso, tenedores de bonos bajo legislación nacional deberán aceptar automáticamente un cambio en las condiciones de sus títulos? ¿Hubiera recomendado un tratamiento simultáneo de toda la deuda?

- Lamentablemente, la Justicia argentina no hizo respetar la Constitución Nacional en materia de deuda pública en la última crisis de deuda (principalmente entre 2002 y 2018). La jurisprudencia en materia de pesificación, diferimiento y reestructuración es una vergüenza desde el punto de vista jurídico y de justicia. Es una jurisprudencia violatoria no solo de la Constitución Nacional sino también de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución por el art. 75, inc. 22, que resultan aplicables. Pero, como dice el aforismo, “la Constitución es lo que los jueces dicen que es” y, por lo tanto, los bonistas deben saber que sus derechos no son reconocidos en el país.

En virtud de lo cual y ante la ausencia de protección suficiente, los tenedores de bonos locales, regidos por ley argentina, no tendrán otra opción más que aceptar la propuesta que acepten los acreedores regidos por ley extranjera: no pueden ir a Nueva York y acá no tienen justicia. Es evidente, sin embargo, que si se les ofrecieran condiciones peores a aquellas que se les ofrezcan y acepten quienes tienen bonos regidos por ley extranjera, se violaría flagrantemente la garantía de igualdad ante la ley y quizás ese agravio fuera atendido por la Justicia local. En función de lo expuesto es mejor concluir primero la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera y después ofrecer similares condiciones a los bonistas locales.

- Históricamente, la asistencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario se caracterizó por aplicar tasas sustancialmente inferiores a las de mercado ¿Es posible y probable que en caso de que el comité de acreedores privados bajo legislación extranjera el Gobierno pueda lograr que el FMI rebaje la tasa de interés y acepte un período de gracias para el cobro del stand-by vigente?

- Los organismos internacionales de crédito de los que la Nación es parte se constituyeron mediante tratados internacionales cuyas modificaciones son harto complejas y requieren mayorías que la Argentina no está en condiciones de obtener. Las políticas de crédito son aprobadas por sus respectivas autoridades y clasifican a los países por sus niveles de ingreso y otros indicadores macroeconómicos. Argentina, como país de ingresos medios, no califica para los programas de alivio a su deuda externa con dichos organismos. Lo mismo cabe decir respecto a los plazos de gracia.

Sin embargo, existen diferentes líneas y programas de crédito a los que Argentina podría acceder para pagar con esos recursos las deudas que vayan venciendo. Por ejemplo, Argentina accedió a un stand by que tiene un plazo menor y exigencias de política económica, también menores, y podría acceder a un extended fund facilities con el FMI que tiene un plazo mayor y exigencias de política económica más profundas (que deben acordarse en cada caso con el país tomador de dicha línea). De ese modo, los recursos para pagarle al FMI podrían provenir del mismo Fondo, dependiendo de nuestra inteligencia como país, que tales condicionalidades nos resulten útiles y favorables, comprometiéndonos a realizar aquellas reformas estructurales –y sólo aquellas– que sabemos desde hace años que debemos acometer de todos modos.

- Como profesional también especializado en moneda, ¿cómo ve la política monetaria del Banco Central, en particular en lo referente al financiamiento sin límite al Tesoro, con transferencias de utilidades contables, por valuaciones técnicas de sus activos, mientras acumula inquietantes pasivos?

- La política monetaria del BCRA desde 2002 a la fecha explica que se haya producido una devaluación del peso de entre el 7.000% en el dólar oficial y el 13.000% en el llamado dólar libre (contado con liquidación o dólar MEP). Y debe tenerse en cuenta que esos valores no han reflejado totalmente aún la emisión desde la declaración de emergencia con motivo de la pandemia COVID-19. La virtual paralización de la producción y prestación de bienes y servicios con motivo de la pandemia y el aumento exponencial de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal agravado por la caída de la recaudación, por un lado, y la caída de ingresos de amplios sectores de la población, por el otro, provocará efectos macroeconómicos muy perniciosos.

Desde 2002, la Argentina perdió confianza en todas las monedas de las que disponía su economía. El dólar, por la pesificación y, además, asimétrica; el peso indexado por CER (creado en 2002 para ciertas obligaciones), por la violación de las estadísticas oficiales que medían la inflación; y el peso, antes convertible, por su continua devaluación e inflación, a pesar de lo cual se mantuvo la prohibición de indexar pensada para otro régimen monetario.

Un país no puede funcionar sin moneda (como tampoco puede hacerlo sin crédito, como vimos antes), por lo que es necesario que la Argentina adopte un régimen jurídico de la moneda muy diferente al actual y más parecido al que regía durante la Convertibilidad, y no me estoy refiriendo al 1 a 1, su aspecto más conocido, sino a que el Banco Central tenía prohibido endeudarse (prohibición que levantó el gobierno de Duhalde), y prohibido utilizar reservas para pagar deuda pública (prohibición que levantó el gobierno de Néstor Kirchner para pagarle al FMI y el de Cristina Fernández de Kirchner para pagar otras deudas, incluyendo las de acreedores particulares). Además, tenía limitaciones para prestarle al gobierno y al sistema financiero, y aún dentro de esas limitaciones, solo podía hacerlo con reservas excedentes de la Convertibilidad. Y otra cuestión esencial era que todos los activos del Banco Central debían valuarse a precios de mercado, incluyendo los títulos públicos. De ese modo, el público podía conocer fácilmente su situación patrimonial, lo cual es actualmente muy difícil de hacer para el ciudadano común y si lo hiciera, se daría cuenta de que es insolvente. Para que todo eso sea posible, el Estado debe tener un déficit fiscal que como máximo pueda financiar voluntariamente, sin coacción ni confiscaciones. Recordemos lo que dijimos de la deuda pública, en cuanto a la necesidad de llegar a un acuerdo razonable sobre bases voluntarias.

Hay diferentes alternativas de regímenes monetarios, pero si no se toma ninguna y se insiste en el esquema que tenemos desde el 2002, que es similar al que existía antes de la Convertibilidad, seguramente tendremos los mismos resultados que culminaron en la hiperinflación de 1989. ¿Por qué habríamos de tener otros?

- El control de cambios ha limitado el proceso de formación de activos externos, fuga de capitales, en la interpretación de las actuales autoridades del Banco Central ¿Es así, o simplemente ocurre en los registros de las cuentas oficiales?

- Cuando se crea incertidumbre en el valor de la moneda doméstica, y mediante el control de cambios se quiere evitar que las divisas provenientes del comercio salgan del país para otros fines que no sean los que las autoridades deciden, además de violarse las garantías ciudadanas sobre el uso y goce de la propiedad, se induce a la salida de capitales.

Veamos lo que ocurrió durante el cepo entre 2011 y 2015 o lo que sucedió con los excedentes comerciales de la primera etapa del kirchnerismo cuando la soja superaba los USD 600. Se fueron del país más de USD 100.000 millones, además de los USD 67.000 millones de reservas del BCRA que usaron para pagar deuda pública y otros fines entre 2003 y 2015. A eso hay que sumarle la salida de capitales durante el macrismo, con y sin control de cambios (alrededor de USD 65.000 millones).

Según cifras del Indec de fines del año pasado, los argentinos tenemos afuera del país casi USD 400.000 millones, es decir, casi un PBI. Y, en cambio, el sistema financiero es raquítico, con depósitos a plazo fijo, sumando pesos y dólares, del orden de los USD 26.000 millones, al cambio oficial, o USD 16.000 millones. a un dólar de $120 por unidad), mientras que si se agrega el transaccional (cuenta corriente y caja de ahorro) sube a USD 85.750 millones y USD 56.400 millones, también muy pobre respecto del PBI.

Evidentemente, hay muchas formas para dejar dinero fuera del país o sacar lo que aún queda adentro, pero la gente no sacaría el dinero del país si tuviera la alternativa de conservarlo aquí manteniendo su valor. Pero si sabe que le será confiscado directa o indirectamente sin defensa posible, entonces, sin importar los riesgos, tratará de sacarlo. Si el dinero que salió entre 2002 y 2020 estuviera invertido en el país, el sistema financiero doméstico permitiría financiar no solo las necesidades del desarrollo local, sino también las del Tesoro, y no estaríamos penando por una reestructuración de unas pocas decenas de miles de millones de dólares. No le quepa duda que, de haber mantenido la Convertibilidad, nuestro sistema financiero podría ser ahora al menos 10 veces más grande que el actual y la gente podría financiar sus casas, automóviles, estudios de sus hijos, planes de salud, etc. a costos comparables a los de cualquier país de Europa, Asia o América.

- ¿La convertibilidad entre el peso y el dólar en los 90 fracasó porque se concentró en una paridad fija, pese a la larga historia inflacionaria e indisciplina fiscal, o porque fue un proceso que no había llegado a madurar lo suficiente?

- No creo que la Convertibilidad haya fracasado, fue derogada por el golpe institucional del 2002. Creo que se había producido una gran incertidumbre sobre la reestructuración de la deuda pública entonces, y que se alentó una rebelión de los deudores (provincias y grandes empresas, principalmente) que provocaron una corrida de depósitos bancarios y se crearon las condiciones para el golpe institucional que forzó la renuncia del Presidente y el cambio de modelo, alentado tanto por Eduardo Duhalde como por Raúl Alfonsín. El resto es historia conocida. Default, devaluación de más del 300% en pocos días con congelamiento de tarifas, salarios y jubilaciones, plazos fijos, y la pesificación asimétrica que quebró el sistema financiero y aumentó la deuda pública a niveles insostenibles (pasó del 50% del PBI en 2001 a 180% del PBI en 2002), etc. Pero si miramos los números del 2001, no hubo inflación y el superávit comercial fue del 25% de las exportaciones que, a su vez, alcanzaron el máximo de la década de la Convertibilidad. En 2002 prácticamente no había vencimientos de deuda y quedaba pendiente solamente la reestructuración del tramo internacional que no ofrecía dificultades, como ya expliqué.

En lo estructural, gran parte del déficit de entonces se debía a la reforma jubilatoria que había comenzado en 1994 y que, por su propia naturaleza, requería de una generación para madurar, lo que estaría ocurriendo ahora. Es cierto que el PBI había caído durante el 2001 y que la desocupación había alcanzado un nuevo máximo. Problemas que debieron haberse encarado de inmediato. Pero de haber concluido la reestructuración pendiente, el 2002 hubiera sido un año de franca recuperación de no haber ocurrido el golpe institucional mencionado, y aunque no lo sabíamos entonces, en 2003 venían la soja y el boom de los precios de las materias primas. Siendo muy grave la situación económica de entonces, el problema, en mi opinión, fue sustancialmente político.

- Dada la persistencia de una economía bimonetaria, con mínimas transacciones en pesos para gastos del día a día, y relevantes en dólares para las operaciones de compraventa de bienes durables y ahorro de largo plazo, más allá del comercio exterior y las operaciones de crédito con organismos internacionales ¿Cree que la Argentina debería volver a ese régimen monetario para recuperar el ahorro, el crédito y volver a crecer?

- Actualmente no sería posible volver a la Convertibilidad porque no hay reservas suficientes para respaldar la base monetaria y porque la gente podría temer que nuevamente destruyeran ese mecanismo, como se hizo entonces. Pero hay regímenes monetarios alternativos que permitirían al país recuperar una moneda confiable, usar los ahorros que sus nacionales mantienen en el extranjero y volver a crecer en el marco de un plan de estabilización y desarrollo sustentable. Sin embargo, para ello sería imprescindible volver a los principios de la Constitución histórica, con una amplia base política que los sustente.

- ¿Por qué cree que en gran parte de la sociedad, e incluso de la fuerza política del signo que hoy gobierna el país, aunque se caracteriza por sus múltiples vertientes, recuerda de la convertibilidad los altísimos índices de desempleo, cierre de empresas y competencia de importaciones?

- Creo que hubo una decisión deliberada de los conjurados de destruir la base social y el consenso que había logrado la Convertibilidad. Tengamos en cuenta que no perdió ninguna elección desde 1991. Ni siquiera la de De la Rúa, que a pesar de representar a la oposición hizo campaña apoyado en el 1 a 1, e incluso la del 2001, en la que participé como candidato a Senador por la Capital y me consta que nadie hacía campaña pidiendo salir de ella, ni siquiera Duhalde que también era candidato en la Provincia de Buenos Aires.

Pero tengamos en cuenta que la pesificación asimétrica le permitió al conjunto de los deudores cancelar sus deudas con los bancos por USD 75.000 millones, con solo USD 20.000 millones, quedándose con USD 55.000 millones que fueron la verdadera causa del quebranto y confiscación que sufrieron los depositantes. Como se advierte, a alguien había que echarle la culpa, no es casual entonces que hayan elegido a la Convertibilidad. La gente que había confiado durante más de una década, se sintió defraudada y se dejó llevar por la propaganda mediática en su contra. Pero cuando vemos los números de esa década, hubo un gran desarrollo y crecimiento en un marco estable. La siderurgia, petroquímica, energía, infraestructura de rutas, autopistas, puertos, aeropuertos, vías navegables, comunicaciones, etc. demuestran lo contrario de esa equivocada creencia.

- ¿Una reflexión final sobre la coyuntura?

- El país afronta una situación de una gravedad extrema. Se encuentra en medio de una pandemia que afecta por igual a todo el mundo, pero que aquí nos encuentra sin reservas, descapitalizados material y moralmente, sin moneda ni crédito, arrastrando una larguísima recesión desde 2011 y viviendo una depresión económica mayúscula. Y, además, conducidos con una estrategia equivocada.

Desde el punto de vista jurídico constitucional, se ha invertido el principio de libertad según el cual podemos hacer todo lo que no está prohibido por la ley, propio del Estado de Derecho, por el principio de sumisión según el cual todo está prohibido –incluso salir de nuestras casas– excepto que el Estado lo autorice expresamente, propio del Estado de Policía.

Por decreto se suspendió la Constitución y las libertades que reconoce. Los poderes legislativo y judicial dejaron de funcionar normalmente.

Se imprime dinero sin control, se gobierna sin presupuesto, se ahoga la producción con impuestos abusivos y se destruye el crédito público.

Es imprescindible un cambio de rumbo, ya que solo la libertad, laboriosidad y creatividad de sus habitantes permitirá a la Argentina superar la emergencia y reconstruir todo lo que ha sido destruido.

Fotos: Thomas Khazki

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