Como en una novela de suspenso en la que dos rivales negocian los términos para el intercambio de espías, el Gobierno y los bonistas dieron ayer un nuevo paso para llegar a un acuerdo que evite la prolongación del default que empezó hace una semana.
A priori, parece ser que las puntas están mucho más cerca de lo que planteaba el Gobierno hace unas horas. Hay una oferta de 47 dólares por parte del Gobierno (a la que un cupón del PBI le sumaría algo más de valor) y una de 53 de los bonistas.
De este modo, el valor de 50 dólares parece ser el “Checkpoint Charlie” ideal para llegar a un intercambio satisfactorio para ambas partes.
Por un lado, los dos grupos más importantes de bonistas presentaron una propuesta con un mayor alivio financiero, de unos 36 mil millones de dólares en nueve años, cuyos detalles seguramente se conocerán en las próximas horas.
En esta hoja de ruta unificaron criterios dos grupos que estaban separados por una grieta: los tenedores de los bonos del 2005 -que ya sufrieron una quita en aquella oportunidad- y los del 2016, emitidos bajo el gobierno de Mauricio Macri.
De este modo, BlackRock, Fidelity y Ashmore se alinearon con el comité de Monarch Capital para presentar un frente común y cabe esperar el detalle de la nueva oferta de Greylock, que seguramente irá en la misma sintonía.
Los dos comités que presentaron la propuesta dejaron en claro que quieren llegar a un acuerdo y que siguen dialogando. Por lo tanto, no existe el espíritu hostil que algunos voceros informales del Gobierno quieren transmitir para dar cuenta de una batalla cultural imaginaria destinada a tranquilizar a una parte de la coalición gobernante.
En este sentido, el ministro Martín Guzmán calificó esta segunda contraoferta de los privados como un avance, dijo que las negociaciones seguirán, pero aclaró que la propuesta del comité de BlackRock sigue siendo más ambiciosa que las otras.
El fondo de inversión más importante de Wall Street ha sido designado como ejemplo del “acreedor hostil” por parte del Gobierno y también por parte de algunos de sus pares, como Greylock.
Como parte de este juego de damas, Economía dio a conocer anoche una oferta que ya tiene dos días de antigüedad, lo cual, en esta carrera vertiginosa, podría interpretarse como un siglo.
¿Qué dice esta oferta fechada el 26 de mayo? Que el Gobierno reconoce el pago de intereses acumulados con un bono al 2034, que el pago de intereses comenzará en 2022 en vez del 2023, que la quita de capital es menor al 5% en promedio y que los cupones son un poco más atractivos de la oferta original.
La oferta argentina conocida anoche ya puede haber quedado superada por las discusiones de las últimas 48 horas y tiene varios casilleros para rellenar
Pero hay varios espacios para rellenar. Por ejemplo, en la última línea del comunicado de prensa, ese lugar que pocas veces se llega a leer, deja abierta la posibilidad de que haya un mecanismo de recuperación del valor presente neto. Es decir, un cupón ligado al PBI o a otro parámetro, como podrían ser las exportaciones, tal como se lo pidieron los bonistas del 2005, como forma de compensar esta segunda quita que sufrirán quince años después de la primera.
Federico Furiase, director de Eco Go, dijo a Infobae que “la propuesta mejorada de Guzmán incluye una suba del cupón, empiezan a pagar en 2022 en vez de 2023, hay una mejora de la estructura de amortización y baja la quita nominal de capital en los bonos a canjear por Globales”.
“Todo esto permite pasar de un valor presente neto promedio que pasó de 40 a 47 valuado a una exit yield de 10%, a lo cual podría montarse el cupón corrido y algún vehículo financiero que mejore el valor de recupero, como el cupón ligado al PBI. Es un acercamiento de las puntas, teniendo en cuenta que los acreedores se habrían bajado de 60 a la zona de 55 asumiendo un 10% de exit yield”, aclaró.
En la oferta presentada por Economía, hay tres bonos para los tenedores del 2016 que vencen en 2030, 2036 y 2046. Y otros dos para los tenedores de bonos 2005 (Exchange), que vencen en 2038 y 2042.
En la versión en dólares, la estructura es la siguiente:
El bono global 2030 tiene una quita de capital del 7% y empieza a pagar intereses en 2023 del 0,5%. Desde 2028 llega a pagar 1,75%; arranca pagando el capital en 2025.
El bono global 2035 tiene una quita de capital del 5% y empieza a pagar intereses en 2022 del 0,5%. Desde 2029 llega a pagar 4,8%; arranca pagando el capital en 2031.
El Global 2046 tiene una quita de capital del 5% y empieza a pagar intereses en 2022 del 0,5%. Desde 2029 llega a pagar 4,8%; arranca pagando el capital en 2025.
Luego están los 2 tipos de bonos para los bonos del 2005. Un bono 2038 (para los Discount del 2005) que paga capital desde 2028, no tiene quita de capital, y paga intereses del 1,25% desde 2022 y del 4,8% desde 2029. Y otro 2042 (para Discount y Pares) que paga capital desde 2027, tampoco tiene quita de capital y paga cupón del 1,5% desde 2022 y del 4,8% desde 2029.
Además, hay un bono para los intereses acumulados que vence en 2034, paga capital desde 2030 e intereses del 1% desde 2022. Además, los bonos en euros tienen sus propios plazos e intereses.
En Economía aclaraban anoche que esta es la oferta “enmendada” que prepararon luego de las reuniones con los bonistas. Sin embargo, no fueron tajantes cuando se les consultó si esta es la versión que se enviará a la comisión de valores de EEUU, dado que hay tiempo, al menos, hasta el 2 de junio para seguir dialogando.
Guzmán no quiere estirar mucho más estas conversaciones, pero deberá equilibrar su ansiedad con la necesidad de lograr una aceptación razonable. Un fracaso como el que se cristalizó el 8 de mayo puede pasar, pero seguramente dos no.
Si el Gobierno no quiere prolongar el default –y escuchó el pedido del sector privado en este sentido– se inclinará a que las puntas se acerquen para llegar a un acuerdo, aunque no sea con todos los bonistas.
Sabe que la recuperación del crédito para el sector privado es una condición necesaria para que la economía empiece a recuperarse en 2021 si el pico de la pandemia queda atrás y abre la economía en unos meses en forma completa. Y debería entender que, cuanto más rápido se recupere el sector privado, menor será el nivel de emisión futura y por lo tanto las posibilidades de que haya una aceleración de la inflación una vez que se reabra la economía.
Dado que 2021 es un año electoral, parecería ser un sendero en el que todos ganarían si hay un acuerdo razonable.
Claro está que, luego de este capítulo, se abrirá otro no menos denso para resolver, que es la deuda de USD 44 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Gobierno pretende pagar, en vez de 2021-2023 como está planteado hasta ahora, durante el próximo mandato presidencial.
Así, el futuro sigue siendo incierto, pero parece ser que, por ahora, todos los actores están convencidos de que hay que llegar a un final feliz. No es poco, frente al espíritu beligerante que predominó en otros episodios de la larga historia de la deuda argentina.
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