Esta tarde el International Swaps and Derivatives Association (ISDA) decidirá si el país incurrió en un “evento de crédito” que habilita la activación de los CDS, es decir, los seguros contra default (credit default swaps, en inglés). El ISDA se reunió ayer y hoy volverá a hacerlo para definir si el país entró en default y habilitar el pago de los seguros por unos USD 1.500 millones.
Si bien el plazo con los acreedores se extendió, siguen las negociaciones y aún ninguno de los tenedores de deuda de la Argentina solicito la cesación de pagos, el Comité de Derivados tiene que tomar una decisión que no afecta directamente al país en términos de desembolsos pero puede causar ruido en el mercado.
Los 14 bancos y fondos que conforman el ISDA determinarán si el país está en default y entre ellos está Elliott Management, de Paul Singer, un histórico litigante contra la Argentina en incumplimientos anteriores.
“Los contratos son entre partes privadas, por lo que Argentina no está entre las cuerdas. No obstante, hay mucho en juego: Un posible pago de más de USD 1.000 millones a los operadores que tienen los swaps”, detalló la agencia Bloomberg, desde donde se detalla que Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Pacific Investment Management y Cyrus Capital Partners también están involucrados en la decisión.
“No está claro quién posee la mayoría de los swaps, ya que esa información rara vez es pública. Algunos inversionistas los compran para cubrir su exposición a bonos, mientras que otros los recogen como una apuesta contra la deuda de un país en particular. Elliott también formó parte del panel de swaps de default crediticio de Argentina en 2014. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien era ministro de Economía en ese momento, dijo en ese entonces que sospechaba que Elliott tenía los swaps y lo criticó por liderar “ el capitalismo especulativo más miserable“. La firma negó en un tribunal de Estados Unidos en 2013 que poseyera los contratos de derivados”, detalló Bloomberg.
Los CDS son contratos entre privados. Una vez que el ISDA define que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo. Esto no tiene nada que ver si en el lapso de esos 30 días que define la entidad, Argentina alcanza un acuerdo con sus acreedores que le permite levantar el default. Al declararse la cesación de pagos el que tiene el seguro va a cobrar y después volverá a cobrar lo que sea de los bonos. Así lo detalló un informe de hoy de Reserch for Traders.
Los CDS son contratos entre privados. Una vez que el ISDA define que un país está en default, hay un plazo de 10 días en el que se fija una fecha para realizar una subasta. A los 30 días, el tenedor del seguro cobra en efectivo (RFT)
“Lo que se vota es si Argentina entró en default. No le afecta nada en términos económicos al país. No tiene que pagar nada. En un problema entre privados”, agregó Sebastián Maril, de Fingurú.
La reunión del ISDA sólo puede ser solicitada por una o varias de las 14 entidades financieras que lo conforman y que son las que votan: Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho Securities, AllianceBernstein, Elliott Management, Citadel, PIMCO y Cyrus Capital.
“No se sabe quién es el que pide la reunión, sí que es uno de los catorce miembros y que no lo puede pedir un bonista argentina. En este caso, hay uno de los miembros que también es acreedor, pero no significa que sea el que lo haya pedido”, explicó Maril.
El presidente del ISDA es Eric Litvack, Managing Director del Société Générale. Su vicepresidente es Axel van Nederveen, del European Bank for Reconstruction and Development, y el secretario es Jack Hattem, managing director de Blackrock para el departamento de renta fija a nivel global. Blackrock uno de los fondos más grandes del mundo también es uno de lo mayores acreedores privados del país.
Luego de que el viernes pasado se cumpliera el plazo para pagar un vencimiento, y a pesar de que continúan las negociaciones entre los bonistas y el gobierno de Alberto Fernández, esta semana la calificadora Fitch Ratings puso la deuda soberana del país en default, utilizó el concepto “default restringido”, y Standard & Poors, a su vez, bajó a la categoría "D" a 4 títulos de la deuda.
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