El Gobierno acelera el auxilio financiero a provincias y municipios para paliar las consecuencias de la cuarentena

Chubut y Tucumán recibirán un crédito del Fondo Fiduciario creado para contener el impacto de la pandemia y el BICE lanza leasign para los intendentes por 400 millones de pesos

Mariano Arcioni junto al presidente Alberto Fernández

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y su ministro de Economía, Oscar Antonena, adelantaron su viaje a Buenos Aires para hoy. Un llamado que les aseguraba que estaba todo listo alcanzó para que se cambiara la agenda.

En la Casa Rosada los esperaba el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que ya les había adelantado que la provincia patagónica será la primera en recibir un crédito proveniente del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) creado hace unos quince días atrás.

La provincia, que muestra unas cuentas más que ajustadas y ya emitió bonos para pagar a proveedores, cerró un acuerdo para recibir un crédito $5.000 millones del FFDP, línea que cuenta con una estructura que establece que la amortización del capital, el cual será actualizado por CER desde el momento de su desembolso, se efectuará en 36 cuotas mensuales con un periodo de gracia que va hasta el 31 de diciembre próximo en tanto la TNA aplicada será del 0,1%.

Encuentro en la previa a la pandemia entre Wado de Pedro y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni

Las finanzas de la provincia patagónica están en rojo desde hace tiempo. Meses atrás había querido emitir una cuasimoneda pero frente a la negativo que le llegó desde la Casa Rosada, optaron por emitir los Ticadep, unos bonos con el que se le paga a los proveedores y que estos están buscando reperfilar por la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos del bono que emitieron para hacer frente al pago de proveedores.

El otro gobernador que recibió fondos fue Juan Manzur, de Tucumán. El ex ministro de Cristina Kirchner firmó un crédito por $ 6.000 millones que recibirá la provincia de Tucumán, son de gran importancia en conjunto con el Ingreso Familiar de Emergencia "que tuvo un impacto tremendo para todos los trabajadores, porque permitió dinamizar el consumo y generar movimiento en los comercios”.

Según la resolución firmada por el titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, la asignación de los recursos del Fondo estará sujeto a “las necesidades reales de financiamiento en el corto plazo (60%) y el nivel relativo de atraso en las condiciones de vida de la población medido por las Necesidades Básicas Insatisfechas (20%)”.

Municipios

En paralelo, De Pedro, y el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, firmaron un convenio para la puesta en marcha de una nueva línea de créditos por $400 millones destinada a municipios de todo el país para la compra, mediante leasing, de equipamiento médico, informático, ambulancias y vehículos utilitarios, en el marco de las acciones que lleva adelante el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia de Covid-19.

“Es una herramienta más de las que pusimos al servicio de los municipios con el objetivo de seguir reforzando el sistema de salud”, señaló el ministro De Pedro mediante un comunicado luego del convenio marco firmado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada.

El titular del BICE, Ignacio De Mendiguren

En tanto, De Mendiguren resaltó que “la pandemia es también una oportunidad para fortalecer de manera permanente las capacidades sanitarias” por lo que destacó que “esta línea va en esa dirección: invertir en bienes que sirvan para atender la urgencia y también para el día después”.

Además, participaron en el encuentro el secretario de Municipios de la Nación, Avelino Zurro; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles; y la subsecretaria de Asuntos Políticos, Victoria Tesoriero.

La línea de crédito tiene un plazo máximo de hasta 60 meses y un período de gracia de 3 meses. La tasa es del 24% fija en pesos para el primer año y tasa Badlar Privada más 600 puntos básicos para el plazo restante.

Se otorgarán hasta $15 millones por municipio y los bienes a adquirir deben ser de producción nacional, excepto en los casos donde no haya sustitutos o el mercado local no pueda cubrir la demanda.

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